El aumento al salario mínimo es una buena noticia, siempre y cuando sea acompañado de mecanismos que disminuyan la incertidumbre del empleo en los ciclos agrícolas y formalicen al 97% de trabajadores/as agrícolas. México ha disminuido la desigualdad entre la población, pero las personas jornaleras aún están en condiciones de mayor disparidad y desventaja social

Por Eduardo Calvario Parra*

En 2025, para beneplácito de muchos/as, inició en México el sexenio de la primera mujer presidenta, así como la inédita elección por voto popular del poder judicial y, a la vez, la agudización de la violencia social en algunas zonas del país. Aunque el crecimiento económico se estancó en .3% del PIB, el salarió proyectado para el 2026 tendrá un crecimiento del 13%. En este mar de situaciones variopintas, se encuentran realidades sociales con deuda histórica a cuestas, principalmente por el rezago social.

El caso de la población jornalera agrícola del país sigue padeciendo las múltiples crisis que socaban la ya mermada calidad de vida. Jornadas extenuantes, derechos laborales violados, localidades agrícolas con servicios públicos deficientes, servicios de salud fragmentados y con carencias, violencia social del narcotráfico, sistemas de contratación no regulados, y un largo etcétera. Al cierre del 2025, se anunció por parte del director del IMSS, Zoé Robledo, la creación de 150 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI’s) en distintas zonas agroexportadoras para madres trabajadoras agrícolas. Según la nota publicada en diario La Jornada el 14 de diciembre, 16 mil 500 pequeños serían atendidos en dichos centros. Pero, además, la población infantil de familias jornaleras es claramente superior a dicha cifra, pues existen fuentes que refieren la existencia de 10 millones de personas jornaleras y sus familias. Como se dice popularmente, del dicho al hecho suele haber un buen trecho, pero si realmente se pretende responder a la problemática de las mujeres jornaleras es necesario aumentar cada año el número de CECI’S.

Si consideramos el aumento al salario mínimo como buena noticia, tendría que estar acompañado de mecanismos que disminuyan la incertidumbre del empleo en los ciclos agrícolas y formalicen al 97% de trabajadores/as agrícolas. Si bien, como país, México ha mejorado el indicador Gini, es decir, aquel que mide la desigualdad entre la población, las personas jornaleras representan un grupo sociolaboral que aún se encuentra en condiciones de mayor disparidad y desventaja social.

En dicho sentido, las expectativas para el 2026 no son muy halagüeñas pues siguen existiendo condiciones estructurales que promueven la exclusión social. El nuevo régimen político no ha logrado desmontar en su totalidad las barreras que obstaculizan la generación de un ambiente de bienestar social. El desarrollo socioeconómico desbalanceado en las diferentes zonas del país, y a la vez, la paradójica situación agrocapitalista que mientras genera riqueza para unas cuantas familias, la fuerza de trabajo se pauperiza cada vez más. La alianza política entre grupos empresariales y sectores del estado mexicano, ha permitido la prosperidad del modelo económico agroexportador pero no así la mejoría en la calidad de vida de las personas jornaleras. Incluso hoy, se puede afirmar que ha surgido un tercer actor social que tiene una fuerza inusitada y siniestra, se trata del crimen llamado organizado que ha hecho presencia en amplias zonas agrícolas tanto extorsionando como infiltrándose en las empresas agrícolas.

Por otro lado, las organizaciones agrícolas empresariales son, por mucho, más influyentes que aquellas integradas por la clase trabajadora agrícola. Esperemos que con la reforma a la ley del Seguro Social apartado X se pueda sancionar a las empresas agrícolas que no afilien a sus trabajadores/as al IMSS. Así también, ojalá y se refleje plenamente este 2026 el tan mencionado divorcio entre el poder político y el poder económico, y que se concretice una política social focalizada en zonas rurales expulsoras de migrantes, así como las regiones agrícolas receptoras. El segundo año de la primera presidenta de México, y el séptimo de un régimen político identificado con ideología de izquierda, no puede ser menos, sería lo mínimamente esperable. Lo veremos.

*Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas