Texto y fotos: Darwin Franco Migues / ZonaDocs / Cortesía

TECALITLÁN, JALISCO.- La Región Sur de Jalisco junto con la de Sierra de Amula conforman un corredor serrano que en los últimos años ha visto asentarse en sus 26 municipios a uno de los grupos criminales más fuertes del país: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Grandes decomisos de drogas, localización de plantíos y narco-laboratorios, enfrentamientos contra fuerzas armadas (incluido el derribo de un helicóptero de la Secretaría de la Marina en el 2015) y la detención de algunos de los principales operadores del CJNG se presumen como resultado de la Operación Jalisco, encabezada por fuerzas federales.

Paralelamente, ha resultado en detenciones arbitrarias, tortura y desaparición forzada. Sólo en lo que va de 2018, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) turnó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuatro quejas por desaparición forzada por fuerzas militares

Este texto presenta tres historias de la desaparición forzada de ocho personas ocurrida en los municipios de Tecalitlán y Autlán de Navarro en un lapso de 10 días.

El joven que soñaba con ser marino

Ulises Adair y Moisés, ambos de 17 años, estaban afuera del centro nocturno Galaxy, en Tecalitlán. Marinos a bordo de una patrulla se acercaron a ellos de una manera que les provocó miedo y corrieron en direcciones contrarias. Ambos fueron detenidos y torturados por los militares durante la madrugada del 22 de enero.

Cuando Moisés recuperó la razón, estaba tirado en un canal de aguas negras. Pidió ayuda a las personas que encontró a su pasó y logró llegar al departamento de Ulises, ubicado en la colonia La Floresta, en el municipio de Tuxpan, a 20 minutos de Tecalitlán. Ahí espero a que su amigo regresara; sin embargo, la primera en llamar a la puerta fue la madre de Ulises, Norma. Moisés tardó en abrir porque tenía miedo. Los marinos –asegura- lo golpearon hasta creerlo muerto porque querían que éste confesara dónde estaban las armas, la droga o las casas de seguridad en ese municipio.

“¿Ya lo encontraron?”, fueron las primeras palabras que Moisés le dijo a Norma cuando le abrió la puerta. “¿A quién?”, replicó ella. “A Ulises, señora… ayer nos agarraron los marinos, nos detuvieron y golpearon, primero me agarraron a mí y después a Ulises. Yo escuché por la radio de los militares que lo tenían, le exigían que hablara. Escuché que le habían cortado un dedo y habían herido las plantas de sus pies”, narró el joven.

Desde ese día, Ulises Adair está desaparecido y según las autoridades del recién inaugurado 79º Batallón de Infantería, con sede en Tecalitlán, no existe registro alguno de las labores de patrullaje de elementos de la Marina aquel 22 de enero de 2018 y mucho menos bitácoras donde se haya reportado la detención de dos jóvenes.

“Nosotros hemos acudido a las autoridades militares pero ellos niegan su participación, cuando sabemos que ellos fueron quienes tiraron en un canal de aguas negras a Moisés… hicimos el 28 de enero una manifestación frente al Batallón y ahí fue que me atendieron, hasta me subieron a un helicóptero de guerra para buscarlo pero no encontramos nada. Creo que sólo fue un numerito para decir que me ayudaron pero no quieren decirnos qué marinos se llevaron a mi hijo ni a dónde fue me lo dejaron”, señaló Norma.

Semanas antes de su desaparición forzada, Ulises Adair Cardona Flores quiso inscribirse a la Marina porque pensaba que sus habilidades en la mecánica de motocicletas le permitirían ganarse un lugar dentro de la institución.

“Él quiere ser marino. Le habíamos apoyado para que metiera sus trámites… y ahora siento un gran coraje porque él quiere ser uno de ellos y ellos (los marinos) se lo llevaron”, dijo la madre.

“Si mi hijo algo tiene que pagar que lo presenten ante un Ministerio Público y que lo pague con cárcel pero no con su desaparición; él es un joven tranquilo y trabajador, no tenían por qué desaparecerlo. A mí me hubiera gustado que así se hubieran movilizado por la desaparición de mi Ulises”, escribió en su cuenta de Facebook, sobre la atención que ha tenido la desaparición de tres italianos en el estado.

Los policías los entregaron al narco

Raffaele Russo, Antonio Russo y Vicenzo Cimmino desaparecieron tras ser detenidos por policías municipales de Tecalitlán, el 31 de enero. Estaban en el sur de Jalisco en actividades comerciales. El primero en ser desaparecido fue Raffaele con quien sus familiares dejaron de tener contacto alrededor de las 15 horas del 31 de enero; tras no tener información sobre su paradero, Antonio y Vicenzo fueron a buscarlo. Sabían, por el GPS del automóvil rentado, un Honda CRV, color blanco, que estaba en la carretera que va de Tecalitlán a Jilotlán de los Dolores.

En el camino, pararon en una gasolinera y fueron interceptados por policías municipales de Tecalitlán. Esto es posible saberlo porque antes de ser detenidos enviaron un mensaje de voz a las 18:40 horas indicando lo que les estaba pasando. No se volvió a saber de ellos. Cuando la familia Russo pidió acceso a las cámaras de seguridad de la gasolinera, les informaron que éstas no estaban funcionando ese día. El mensaje de voz explicaba que habían sido rodeados por una patrulla y una motocicleta de la Policía Municipal de Tecalitlán.

Mario de Vita, primo de Antonio y Vincenzo, fue quien recibió el mensaje de voz, así que éste quien comenzó a buscarlos en distintas áreas del gobierno municipal de Tecalitlán; primero, le dijeron que sí había un reporte sobre la detención de dos muchachos italianos; después, le dijeron que se habían confundido porque no existía registro alguno sobre la detención de algún extranjero.

La denuncia por la desaparición de los tres italianos se interpuso en la Fiscalía Especializada en Desapariciones, dependiente de la Fiscalía General de Jalisco, el 2 de febrero. Sin embargo, hasta el 22 de febrero realizaron las primeras investigaciones y detenciones de los presuntos funcionarios públicos responsables.

Francesco Russo, hijo de Raffaele y hermano de Antonio, asegura que: «en la Fiscalía de Jalisco no quisieron mover un dedo para localizar a mis familiares ¿por qué? No lo sé pero si ellos hubiesen tenido la intención de resolver este caso desde el primer día hubieran ido a la policía municipal de Tecalitlán a detener a los cuatro policías implicados. Mi pregunta es ¿por qué los detuvieron hasta después de 20 días?”

Los policías detenidos -a decir del Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez- confesaron que ese mismo 31 de enero entregaron a los italianos a integrantes del crimen organizado que operan en la región, lo que no se ha informado es el por qué lo hicieron y en qué lugar ocurrió el intercambio entre los hoy desaparecidos y la suma ínfima de dinero que recibieron por ellos. Nada de esto se sabe y mucho menos la familia Russo que, a la fecha, no ha tenido acceso a la información que contiene su expediente ni ha recibido comunicación alguna de la Fiscalía.

“A nosotros nunca nos han llamado. Ellos tienen todos nuestros números para llamarnos o para comunicarse con nosotros por WhatsApp pero nunca hemos recibido ni un solo mensaje ni una sola llamada. No han tenido la dignidad de llamarnos para comunicarnos cómo va la investigación. La única señal de vida que ha tenido la Fiscalía para nosotros fue cuando todo mundo se enteró de lo que había pasado y fue ahí que comenzaron a moverse cuando eso lo pudieron haber hecho desde el primer día… si ellos hubieran hecho lo que ahora hicieron y hacen, mi familia –quizá- estaría con nosotros ahora”, señaló Francesco Russo.

Las primeras declaraciones públicas de la Fiscalía sobre la desaparición de los tres ciudadanos italianos fue que existía una alta posibilidad de que su desaparición estuviese vinculada con “las actividades a las que dedicaban” y a las presuntas denuncias “por fraude” cometidas por ellos con anterioridad. Esta criminalización fue rápidamente zanjada por sus familiares: «El Fiscal General ha inventado diversas excusas porque ante la fuerza de los hechos no tienen cómo defenderse”.

El 24 de febrero, el Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez informó que a los policías municipales detenidos (Emilio N, Salomón N, Fernando N, y Lidia N.) se les dictó una medida cautelar de prisión preventiva de un año por el delito de desaparición forzada; sin embargo, en la audiencia de vinculación a proceso realizada el 2 de marzo, el juez no encontró elementos para determinar la participación de los tres policías en la desaparición de Raffaele, sólo de Vincenzo y Antonio. A Lidia N. se le reclasificó el delito, la pena podría ser solo de 2 a 7 años y no de 40 a 60 años como al resto de sus compañeros.

Actualmente las labores de seguridad pública de Tecalitlán están bajo el resguardo de la Fuerza Única, dependiente de la Fiscalía General; sus policías municipales han sido desarmados y están bajo vigilancia; quien fungiera como director de Seguridad Pública Municipal en Tecalitlán, Hugo Martínez Muñiz, así como el comandante en turno el día de la desaparición de los italianos, Hilario Farías Mejía, están prófugos.

Desde Italia, Francesco mencionó que: “van a mover el mundo hasta que se sepa qué pasó con nuestra familia; vamos a pelear por la verdad porque no es justo vivir con esta duda durante toda la vida porque lo repito: vivos o muertos, los vamos a encontrar, nuestra esperanza es tenerlos con vida pero si no hay más esa esperanza también con muerte los queremos porque nuestra familia tiene derecho a llorar a sus parientes en sus propios cementerios y no en una fosa común”.

Los policías no quieren decir a dónde se los llevaron

En el último mensaje que Juan Meléndrez Luna envió a su novia por WhatsApp, le dijo que estaban siendo detenidos por elementos de la Policía Municipal de Autlán de Navarro, el 1 de febrero de 2018. Los policías que descendieron de las patrullas con número oficial SP46 y A48, lo hicieron bajar del Tsuru (tipo taxi) en el que viajaba junto con José Meléndrez Pineda, José Juan Santos Meléndrez y José Ángel Meléndrez Luna. Los cuatro, desde ese día, están desaparecidos.

Juan y José Ángel Meléndrez Luna son originarios de Minatitlán, Veracruz, y José Meléndrez Pineda y José Juan Santos son residentes de Guadalajara. Los cuatro se encontraban en Autlán realizando labores de comercio. Ese 1 de febrero estaban a punto de regresar cuando fueron interceptados por los policías municipales; sin embargo, en los informes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Autlán de Navarro no existe registro alguno de que se ese día se les haya detenido y/o presentado en algún juzgado municipal.

Doreen Meléndrez Luna -hija de José Meléndrez Pineda, hermana de Juan y José Ángel Meléndrez y prima, de José Juan Santos- lamenta la inacción de la Fiscalía General de Jalisco.

“Hasta ahora no hemos tenido noticias de la autoridad… nosotros lo queremos es que los policías confiesen a dónde se llevaron a nuestros familiares y que nos digan dónde los tienen ahora; sin embargo, nada nos han dicho…”.

La familia Meléndrez ha realizado diversas protestas afuera de la Fiscalía, en las instalaciones de Televisa Guadalajara y en el Congreso del Estado de Jalisco.

“Señora mire bien estos retratos y cuide bien a sus hijos porque aquí los policías los están levantando”, eran las palabras que compartían a los transeúntes el 26 de febrero, día de una de las protestas.

La Fiscalía General informó que sobre el caso ha retenido a cuatro policías y al sub director de la Policía Municipal de Autlán de Navarro, Francisco Javier Medina Cuevas; sin embargo, el Fiscal General de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, ha aclarado que estos elementos no están detenidos sino en una capacitación. Familiares de estos policías han denunciado que desde su retención, el 23 de febrero, no han logrado comunicarse con ellos y temen que los incriminen.

“Mi corazón aún está destrozado porque son dos de mis hermanos, mi padre y mi primo quienes están desaparecidos. Le pedimos a quienes se llevaron y a la autoridad es que se pongan una mano en el corazón y nos digan dónde los tienen o qué hicieron con ellos…”, señaló Dareen.

En los últimos tres años de la Operación Jalisco, la CNDH investiga nueve casos de desaparición forzada en Jalisco por soldados; mientras que la CEDH tiene abiertos 49 expedientes por desaparición forzada a cargo de policías estatales y municipales, siendo la zona sur del estado donde mayor cantidad de denuncias existen.

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