El gobierno de Jalisco quemó los cuerpos de más de mil 500 personas no identificadas y con ello cerró la posibilidad de que sus familiares corroboren su identidad. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) informó este miércoles que llevarán la denuncia a la ONU

Texto: Daniela Pastrana

Fotos: Archivo Pie de Página / Arturo Contreras

La lista de agravios es larga: las autoridades de Jalisco violaron el derecho a la dignidad humana, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la identidad, a la integridad de la persona; a no ser sometida a tortura, tratos crueles o degradantes; el derecho al trato digno a los cadáveres, a la disposición del cuerpo, a la libertad de creencias, a la reparación integral, al acceso a la justicia, a la debida diligencia; el derecho a la verdad, a la seguridad jurídica, al acceso a la información y a la vida.

El ejecutor fue el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), pero la responsabilidad alcanza a la Fiscalía General del Estado de Jalisco; al Registro Civil; la secretaria de Salud; el Ayuntamiento de Guadalajara; la secretaria general de Gobierno y el gobernador del estado, además de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos.

El argumento fue que el Semefo estaba saturado. Pero lo que hicieron, según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), fue una “práctica generalizada y sistemática” de desaparición de personas.

Los calcinaron. Borraron los rastros de -por lo menos- mil 500 personas a las que les negaron para siempre la posibilidad de ser identificadas por sus familias.

El informe “Incineraciones de cuerpos no identificados en Jalisco. Crímenes sin justicia”, presentado este miércoles en la Ciudad de México, documenta que más de mil 500 cuerpos sin identificar fueron incinerados en Jalisco entre 2006 y 2018; sólo al 9 por ciento de ellos se les practicaron pruebas genéticas y científicas.

“Estamos frente a la peor crisis en materia de derechos humanos que se recuerde”, advierte el informe de Cepad. “Tenemos la certeza que lo ocurrido en Jalisco debe trascender a instancias internacionales de derechos humanos, pues posiblemente estamos ante hechos que pueden catalogarse de lesa humanidad”.

El director de la organización, Cesar Pérez, reitera convencido: “Esto (la investigación) no puede quedarse en Jalisco”.

En el estado no hay una carpeta de investigación abierta que permita establecer responsabilidades. “¿Quién dio la orden de que se les haya incinerado sin identificación?”, pregunta el activista, antes de advertir que llevarán el caso a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a los comités de tortura, desaparición forzada y derechos humanos de la ONU para que intervengan en el proceso.

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Durante los últimos 11 años desaparecieron en Jalisco 25 mil personas, sin que a la fecha se sepa el paradero de más de 7 mil; en ese mismo periodo, fueron localizadas en distintas partes del estado 198 fosas, aunque no se sabe cuántos cuerpos fueron encontrados en ellas.

Sólo en una fosa del municipio de La Barca se recuperaron 75 cuerpos en el 2013. Y, apenas hace unos días, la Fiscalía General de Jalisco informó que tres personas involucradas con esa fosa habían sido sentenciadas y condenadas por el delito de desaparición forzada.

Y en septiembre de 2018, fueron ubicados 444 cuerpos depositados en cajas de tráileres. Las imágenes de los cuerpos, cada uno dentro de una bolsa negra, apilados uno junto a otro, viajando sin rumbo por el estado, “rayan en actos de tortura” para los familiares de personas desaparecidas, dice el informe.

A eso se suma que la información proporcionada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, a través de diversas solicitudes de información, presenta importantes discrepancias e inconsistencias:

A la primera solicitud de información, realizada por Cepad en 2017, las autoridades respondieron que se incineraron mil 560 cuerpos de personas no identificadas, además de un osamenta y 32 restos óseos que no está claro a cuántas personas corresponden.

En una segunda solicitud de información de Cepad, en 2018, respondieron que se incineraron mil 571 cuerpos, de los cuales no se tomaron muestras de ADN ni se hicieron confrontas genéticas a mil 430 de ellos.

Una tercera solicitud realizada por el periodista Darwin Franco indica que se incineraron mil 581 cuerpos y que no se tomaron muestras de ADN a 778 cuerpos.

La información entregada a otros medios varía de 553 a 2 mil 755 cuerpos incinerados (entre 1997 a 2015)

El mosaico de cifras muestra la insensibilidad de los funcionarios, dice el informe. La única certeza es que más del 90 por ciento de los cuerpos cremados no tenía pruebas científicas y genéticas que garantizaran su correcta identificación, pues eso solo se hacía si “era necesario” o si “los datos orientativos -del cuerpo- no ayudaban con la identificación”.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por Cepad, los restos eran cremados 10 días después de no haber sido identificados y luego de que el IJCF tramitaba ante el Ministerio Público y la Secretaria de Salud la liberación del permiso que legalizaba esta práctica, así como la emisión de las actas de defunción.

“Se borraron las evidencias y las identidades de miles de personas, reduciéndolas a cenizas”, dice la activista Anna Chimiak.

Estas cenizas están resguardadas en las instalaciones del IJCF y en dos panteones municipales del estado; 140 cajas con polvo han sido entregadas a familiares.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió un acta de investigación (51/2015/I) para que la Fiscalía General del Estado de Jalisco explicara los protocolos de incineración de cuerpos, pero un año y medio después estableció que: “no se advertía la existencia de hechos que pudieran ser constitutivos de violaciones a derechos humanos en agravio de alguna víctima”.

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La hondureña Ana Enamorado llegó a México a finales de 2011 con la Caravana de Madres que cada año organiza el Movimiento Migrante Mesoamericano; buscaba a su hijo, Óscar Antonio, un joven que salió a los 17 años de Honduras huyendo de la violencia y con quien había desaparecido en Jalisco, en enero de 2010.

Se quedó a vivir en México para encontrarlo. En 2013, le dijeron que su hijo podía ser un joven que se encontró colgado en un puente de Zapopan, pero las pruebas de ADN salieron negativas. En octubre de 2015, le llamaron de nuevo para decirle que, ahora sí, habían encontrado a su hijo, pero las fotos que le mostraron eran las mismas de antes y no había más pruebas que un teléfono con números de Honduras. Aún así, el ministerio público que la atendía le dijo que lamentaba mucho la muerte de su hijo, porque “se suicidó”.

— Quiero ver el cuerpo — reclamó ella.

— No puede. Ya lo incineraron.

Ana recuerda ese momento como el peor de su vida. “Es tortura”, dice, sobre la forma en la que los funcionarios tratan a las familias.

Ana da su testimonio en la presentación del informe que dice que hay, al menos, mil 500 personas igual que ella. Como Rocío Cervantes Ávila, quien busca a su hijo Osvaldo desde 2014, y quien acusa la dehumanización de los funcionarios que al quemar los cuerpos y borrar las posibilidades de identificación le han negado la posibilidad de tener paz.

Después de una década de búsqueda, Ana solo tiene una certeza: “Yo no les voy a aceptar las cenizas”.

El informe completo de Cepad puede consultarse en este link.

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