La Semarnat tiene dos meses para definir si avala o no la propuesta de mina a cielo abierto para extraer oro y plata en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, realizada por la canadiense Almaden Minerals. Durante el proceso, la empresa ejerce presión en el pueblo

Texto: Ana Cristina Ramos

Fotos: Archivo/ Marlene Martínez y María Ruiz

En las playeras amarillas leían “Sí al proyecto Ixtaca”. Era una sesión informativa y pública realizada por la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Ixtacamaxtitlán. Una minera canadiense, Almaden Minerals, pretende pasar de fase de exploración a la más destructiva: explotación del oro de este pueblo; quienes portaban la playera con esta frase no eran pobladores de la comunidad, si no acarreados llevados por la empresa canadiense desde Veracruz.

El foro público de la Semarnat del 25 de junio se enmarca en el proceso de evaluación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que entregó la empresa canadiense para poder modificar el permiso que tiene y pasar a la fase de explotación.

La empresa canadiense entró al municipio el 24 de enero de 2019 con una filial mexicana, Minera Gorrión, directamente a la comunidad más afectada: Santa María Zotoltepec. En febrero entregaron la MIA a la institución federal. Sin embargo, desde 2001 cuenta con oficinas en la zona.

En el documento la empresa anuncia su interés de ocupar 1,044.02 hectáreas de territorio en Ixtacamaxtitlán, donde hay yacimientos de oro y plata en la cuenca alta del río Apulco, y solicita el cambio de uso de suelo de terrenos forestales para extraer mediante una mina a cielo abierto.

Entraron al evento público realizado por Semarnat favoreciendo la opción de la mina y la población se enfureció y lo denunció mediáticamente y a través de organizaciones sociales como Poder Project. La práctica fue evidente, pues contrasta con las asambleas regionales que organizan comunidades Masehual-Totonaku en defensa del Territorio en las que participan.

Semarnat tiene 60 días para devolver la MIA con su decisión, pero en algunos medios de comunicación se ha manejado el dato de 30, y el antecedente que en abril el Juzgado Segundo de Distrito de Puebla emitió una resolución que obliga a la canadiense a realizar una consulta con comunidades. Pobladores, sin embargo denuncian desconocer si  esta infiltración es parte de ese requisito.

En la Sierra Norte de Puebla existen 105 concesiones mineras, 72 por ciento son de Almaden Minerals; Ixtacamaxtitlán, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya son los municipios más afectados. Desde el 2011 que fue realizado el primer conteo, el número de concesiones mineras se ha triplicado.

Los pobladores de la comunidad más cercana a la mina se han opuesto a su operación en distintas ocasiones, han protestado ante Semarnat, en Palacio Nacional, incluso desde el periodo donde sólo estaba explorando. Ahora que la minera tiene intenciones de operar, recabaron información sobre una serie de puntos que esperan les dé la razón para que la Semarnat no les avale la manifestación.

El primer argumento que están planteando es que el proyecto está basado en una serie de concesiones que no existen porque se encuentran en litigio.

El amparo es el mismo que interpuso la comunidad de Tecoltémic desde el 9 de abril del 2015, en el Juzgado Segundo en Materia Civil Distrito de Puebla, el cual les otorgó la suspensión provisional y por ello la Secretaría de Economía suscribió en los títulos de concesión minera que éstos no podían revocarse, transferirse o hacerse ningún acto sobre ellos hasta que no concluyera el juicio.

Diana Pérez, abogada de la organización Tiyat Tlalli, que lleva el caso de la comunidad, explicó cuál es la estrategia de la minera: “quieren intentar reducir el número de concesiones; reducir las concesiones es algo así como partir el pastel en varios pedazos  pequeños para después desistirse, decir, ‘bueno, yo no quiero estos pedazos’, pedazos que afectaban a Tecoltémic, ésa fue su estrategia para dejar sin estrategia el juicio”.

En marzo de 2018, un Tribunal Colegiado le volvió a dar la razón a Tecoltémic y le dijo a la Secretaría de Economía que no puede modificar los títulos de concesión que abarcan casi 14 mil hectáreas en el municipio –el 80 por ciento del municipio de Ixtacamaxtitlán– porque eso iría en contra de la sentencia que se dictó en el 2015.

Otro de los argumentos de los pobladores es que se omiten los impactos ambientales que el proyecto minero en la región. A lo que la  empresa ha prometido en reiteradas ocasiones que la mina funcionará con agua de lluvia y que no hará uso del agua subterránea.

Alejandro Marreros, de la Unión de Ejidos y Comunidades por la Defensa de la Vida y el Territorio Atcolhua, denuncia que el uso de agua que prevé la mina es desproporcionado con lo que los pobldores utilizan.“Con datos de los ponentes, la conclusión es que no es suficiente llevar a cabo el proyecto minero en tanto que están previendo utilizar cinco millones cuatrocientos mil litros de agua diarios, esta cantidad de agua es el doble de la cantidad de agua que utilizan las 120 comunidades de Ixtacamaxtitlan en su conjunto”, argumenta.

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