Desde hace nueve meses estudiantes y movimientos sociales han defendido la toma de la única universidad pública de Guatemala. El motivo: frenar el neoliberalismo y la privatización de la educación. La respuesta del gobierno ha sido la represión.

Texto y fotos: Gianpaolo Contestabile

GUATEMALA. – La Universidad San Carlos de Guatemala (USAC), la única universidad pública del país, está tomada desde hace más de 9 meses. Las paredes de la avenida que conducen a la Universidad están tapizadas de carteles y grafitis que denuncian el fraude del rector “usurpador” Walter Mazariegos. Llaman a liberar la escuela de las mafias que la han coptado. La entrada de las instalaciones de la USAC está rodeada por barricadas de tráfico, pancartas, barreras y una telaraña de alambre de púas. El ingreso al campus está tomado por estudiantes con el rostro cubierto con pasamontañas y las capuchas tradicionales de las organizaciones estudiantiles. Se hacen llamar “la Resistencia” y combaten la rigidez del clima invernal debatiendo frente a una fogata mientras un helicóptero sobrevuela las facultades desiertas.

La ocupación de la USAC empezó el 19 de mayo 2022, cuando la corrupción de las elites académicas llegó a su clímax con la elección fraudulenta del nuevo rector general. A través de artimañas formales se excluyeron a casi todos los representantes electorales que no pertenecían al grupo político de Walter Mazariegos, mientras otros fueron bloqueados por las fuerzas policiales y grupos de choque camuflados. Durante las movilizaciones antecedentes a la toma, un estudiante de la Facultad de Agronomía recibió una bala de goma y una bomba lacrimógena en la pierna que le impidieron caminar durante unos meses. Según él, las elecciones se veían como una forma de transformar la comunidad académica y ponerle un freno a la injusticia:

“El fraude fue una gota que derramó el vaso, porque el hecho que hubiera elecciones por primera vez limpias y que un personaje que no se había ensuciado pudiera ser el rector nos había dado una esperanza enorme, cuando nos arrebataron esta esperanza nosotros decidimos parar”.

Quien ganó las elecciones fraudulentas fue Walter Mazariegos, ex decano de la Facultad de Humanidades y personaje político con vínculos turbios con servicios secretos y grupos criminales. Su carrera como decano empezó cuando su predecesor fue asesinado por un comando profesional. Según el medio Prensa Comunitaria, la elección de Mazariegos la apoyaron personajes con conflictos de interés por colaborar con los órganos del gobierno, incluida Claudia Surama Ramos quien trabaja por la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado (SIE). Esta secretaría se encarga de aplicar tácticas de contrainsurgencia. Entre los asesores del actual rector figura Juan Carlos Godínez Rodríguez, señalado por ser el abogado del grupo criminal Cartel de los Huistas y aparecer en la Lista Engel de la embajada de Estados Unidos porque “actuó contra instituciones o procesos democráticos al abusar de su autoridad para influir de manera indebida y manipular la designación de jueces en los altos tribunales”.

Una Universidad estratégica

Para comprender la importancia estratégica de la USAC, y el interés que desencadena en las élites el poder controlarla, cabe mencionar que está conformada por centros educativos e institutos profesionales ubicados en todo el país, muchos de los cuales están tomados y en resistencia, y representa la única institución académica pública de Guatemala. Según la constitución, se le debe otorgar al menos el 5% del presupuesto nacional, así como le corresponde nominar un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y un integrante de la Junta Monetaria. También tiene iniciativa de ley ante el Congreso de la República. Según un docente de la facultad de ingeniería, e integrante del colectivo de profesores solidarios con la Resistencia, “la Universidad es el último baluarte que tenemos de una institución democrática en el país. El resto de las instituciones están cooptadas, están cundidas de agentes obscuros, de gente del crimen organizado, de las élites con agenda antidemocrática”.

La USAC ha sido históricamente una de las fuentes de disidencias más audaces en Guatemala. En el contexto de la revolución del 1944, la lucha del movimiento estudiantil impulsó la caída de la dictadura del general Jorge Ubico. Durante la guerra interna que empezó en los años sesenta, las organizaciones militantes de la USAC vivieron una represión brutal que llevó a la desaparición, tortura y homicidio de varios jóvenes. Sus nombres y rostros están representados en varios lugares del campus universitario y la Resistencia los llama “nuestros mártires”.

Según el profesor de ingeniería:

“Lo que están haciendo ahora mismo es continuar este ataque a la Universidad que, en su momento, en los ochenta, hicieron con balas, eliminando a las mejores mentes de la universidad. Ahora lo están haciendo con mecanismos más sutiles. Empezaron a meter a sus profesores en las facultades más importantes; empezaron a tomar los puestos de dirección; y lo que están haciendo ahorita es neutralizar a la Universidad de San Carlos como institución democrática. Lo que están haciendo aquí los jóvenes es uno de los pocos atisbos de esperanza que tenemos para nuestro país. Si perdemos la Universidad de San Carlos estamos un paso más cerca del abismo”.

Desde hace más de una década no se está otorgando la mitad del 5% presupuestal a la USAC. Se cierran carreras. Se recorta el dinero para el plan de financiamiento de los trabajadores de la Universidad. También se está perdiendo la proyección social del trabajo comunitario para dar más espacio a la colaboración con las empresas privadas. Según un joven militante de la Facultad de Derecho:“hay algo más allá del fraude, y eso es la privatización de la única universidad pública del país. Desde 1992 la Universidad ha estado sufriendo una serie de cambios internos orientados a la aplicación de políticas neoliberales en la educación superior”.

La defensa de la Universidad frente a la avalancha neoliberal

El presidente de la república conservador y derechista, Alejandro Giammattei contrató deudas con bancos extranjeros que imponen a Guatemala una reforma universitaria para aprovechar los jugosos dividendos que podría producir la USAC en manos privadas. “Ahora la universidad está privatizada, pero por medio de tercerizaciones. Lo que buscan es darle un dictamen, como han hecho con las demás empresas que le pertenecían al Estado y que se privatizaron” explica el estudiante de Derecho. Y añade:

“Los bancos no endeudan a un país si no es a cambio de algo. Precisamente lo quieren hacer a cambio de que el conocimiento que se produzca en la Universidad pueda ser útil para la forma extractivista de la educación que quieren impulsar. A final de cuentas, lo que está atrás de la cooptación de Mazariegos es la privatización de la Universidad”.

Si la toma de la USAC incomoda a la clase política y empresarial a nivel nacional, la solidaridad que recibió la juventud en resistencia se extiende a todo el territorio de Iximulew, la Tierra del Maíz en idioma maya, que desborda las fronteras del Estado guatemalteco. Una tierra defendida por muchas de las comunidades y pueblos originarios que se han movilizado para apoyar a la juventud insurgente. Las mujeres maya Q´eqchi´, del Movimiento de las Comunidades en Defensa del Agua, el pueblo Ixil, que sobrevivió al genocidio bajo el gobierno de Ríos Montt, y las comunidades del lago de Izabal, que están sufriendo violentos desalojos por luchar contra la minería, han ayudado a construir la cocina popular que alimenta a la comunidad en resistencia.

En apoyo al paro estudiantil se han solidarizado también la Asamblea Social y Popular, el Comité de Unidad Campesina (CUC), el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), la comunidad en resistencia contra la extracción minera La Puya, y el sindicato de la embotelladora general (STECSA).

Los pueblos en defensa de la Universidad

En los vídeos de las marchas estudiantiles, las primeras líneas del movimiento estudiantil están acompañadas por las mujeres de la Alcaldía Indígena de Palín que empuñan las varas de las autoridades tradicionales. En Palín, las comunidades del pueblo Poqoman han visto sus tierras ancestrales expropiadas por el Estado para donarse a la USAC, quien acumula predios para la especulación financiera. Gracias a años de lucha y organización autónoma, las comunidades poqomanas han logrado recuperar más de mil hectáreas de tierras comunales en los cerros de Palín.

“Nosotras como autoridades hemos tenido como objetivo la lucha para los derechos colectivos de los pueblos y todo aquello que tenga a que ver con una causa justa a favor del bien común” comenta Alida, abogada y autoridad tradicional poqomana.

La Alcaldía Indígena de Palín está conformada en su mayoría por mujeres: “son ellas las que están tomando la palabra, las que están liderando este demandar al Estado por el reconocimiento de nuestros derechos colectivos. Hemos también observado con admiración el rol de los hermanos hombres para acuerpar el liderazgo de las abuelas”.

Las mujeres de Palín llevan muchos años en resistencia frente a la violencia y a la represión judicial. Su experiencia las ha llevado a apoyar la lucha de las y los “patojos”, como ellas llaman de forma cariñosa a la juventud, y durante las movilizaciones estudiantiles se enfrentan a la policía antimotines con autoridad y firmeza:

“Hemos acuerpado la lucha de la Universidad San Carlos de Guatemala porqué tenemos la firme convicción de que la universidad debe ser pública, autónoma, y que tenemos que acuerpar las luchas para una educación superior laica, gratuita y universal para las jóvenes”.

La solidaridad ha transbordado las fronteras nacionales, y algunos institutos académicos latinoamericanos, como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se han pronunciado en contra del fraude.

“Los apoyos nos vienen no solo de las organizaciones, a veces una persona viene a dejar un sobrecito de café, una sopa, unas toallas femeninas, y nos dicen ‘para ustedes compañeros’, y esas son las pequeñas acciones que nos hacen sentir apoyadas” puntualiza una militante de la Facultad de Derecho.

Ella también cuenta sobre la visita de un grupo religioso de frailes franciscanos que “vinieron a compartir un poco de comida y a hablar con nosotros, a preguntar cómo estábamos. A veces dentro de la resistencia hace mucha falta el tema sentimental psicológico, no solo lo físico, también lo de adentro, cómo nos sentimos”.

La persecución al movimiento

Los ataques al movimiento estudiantil son múltiples. Por ejemplo, las y los estudiantes comprometidos en la lucha son sacados de las reuniones, chantajeados por los profesores, calumniados en las redes sociales. También reciben amenazas de muerte por teléfono de forma directa o dirigidas a sus familiares.  El estudiante de 22 años, Camilo García, quien ocupa el cargo de representante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, enfrenta un proceso disciplinario por haber llamado a Mazariegos “usurpador”. Las organizaciones estudiantiles denuncian que hay 4 estudiantes criminalizados y que la persecución judicial está generando cuadros de ansiedad, depresión y estrés postraumático.

Las y los estudiantes se cubren la cara porque hay continuos intentos de identificarlos y vigilarlos por parte de la Dirección de Investigación Especial Criminal (DIEC). Una referente estudiantil de la Facultad de Humanidades explica que durante las tomas “se han parado diversas patrullas, una vez llegaron muchos policías antimotines. Además, pasan carros, sujetos que vinieron a tirar botellas y motos sin placas tomando fotos a los compas que están consumiendo alimentos sin pasamontañas”.

Los estudiantes han avistado drones y han calculado un promedio de cuántas veces los helicópteros y las avionetas sobrevuelan la Universidad: “En el día más movido hasta 22-25 veces, y en el día menos movido entre 12 y 15”, dicen.

La persecución no se ha desplegado solo en la capital, También ha estado en los centros de estudio del resto del país:

“Las otras tomas han tenido una gran cantidad de amenazas, varias veces han llegado a tirar disparos en el aire. Un guardia ha llegado a amenazarlos dentro de las instalaciones con una escopeta.”

La violencia no se ha desplegado solo desde afuera, los históricos Comités de Huelga, símbolo de las primeras luchas estudiantiles, han sido atacados e infiltrados a partir de la guerra interna de los años sesenta y quedaron cooptados cuando, con los acuerdos de paz, los grupos revolucionarios se desmovilizaron para sumarse a la burocracia partidaria.

Hoy en día, muchos de los Comités se han transformado en grupos de choque armados con intereses criminales que se usan para provocar y fraccionar el movimiento: “ha sido un trabajo sistémico de parte de ellos para romper la resistencia desde adentro y desde afuera”, cuentan las estudiantes.

El 4 de agosto de 2022, un grupo de choque afín a Mazariegos irrumpió en la Universidad quemando un vehículo sin placa y favoreciendo el ingreso de otros empleados del rector que aprovecharon la entrada de los bomberos para romper el presidio de los estudiantes. Las organizaciones estudiantiles denuncian que también la Procuraduría de Derechos Humanos se encuentra cooptada: “es el único ente donde ellos nos dirigen, pero a nosotras no nos convenie porque son serviles de estas estructuras criminales”.

Como en las letras del histórico himno estudiantil de La Chalana, escrito en el siglo XX por militantes e intelectuales del calibre del premio nobel Miguel Ángel Asturias, la juventud tiene que enfrentarse a “los militares que en la paz carrera hicieron” y a “vuestros jueces a millares que la justicia vendieron”. Pero, a pesar de la persecución política, la Coordinadora General de Estudiantes, que aglutina a las diferentes organizaciones en resistencia, no ha cedido a los intentos de corrupción y a las amenazas:

“Dentro de la universidad hay una grande cantidad de mártires y nosotros no tenemos este objetivo, volvernos mártires, queremos que nuestra lucha trascienda las generaciones y se multiplique logrando que la universidad se vuelva más grande y fructífera para tener una cultura contrahegemónica que vaya provocando una transformación social en todo el País”, concluyen.