Texto: Daniela Rea. Foto: Héctor Guerrero / Archivo

En los últimos meses, activistas, defensores de derechos humanos y gobierno de transición han planteado la idea de crear mecanismos para garantizar justicia y verdad a las víctimas y lograr la pacificación del país. ¿Cuáles son esas opciones y qué alcances y límites tienen para México?

Distintos países del mundo han utilizado mecanismos para enfrentar periodos de violaciones graves a derechos humanos e impunidad. Las experiencias van desde mecanismos internacionales, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en Guatemala; comisiones de verdad, como la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se tuvo en Perú hace casi dos décadas; y las posibilidades de juicio a los responsables de alto nivel que ofrece la Corte Penal Internacional creada por la ONU, que condenó por crímenes de guerra al comandante congolés Thomas Lubanga Dyilo.

Todos estos ejercicios ofrecen distintas posibilidades y también limitaciones: algunos dan verdad judicial, pero no logran la verdad histórica y social para las víctimas; otros dan esa verdad a las víctimas, pero no necesariamente con procesos penales; otros buscan castigar a los más altos mandos, pero no llega a toda la cadena de actores que violentaron la vida humana. Estos son algunos de esos mecanismos que han sido propuestos por organizaciones de derechos humanos para aplicar en México.

Mecanismo internacional

La referencia más conocida para México sobre lo que es un mecanismo internacional de justicia y verdad es el caso de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que fue creada por un acuerdo entre la ONU y el gobierno de ese país. Este organismo tenía como objetivo apoyar a las instituciones guatemaltecas de justicia y seguridad a investigar delitos cometidos por miembros del gobierno como ejecuciones extrajudiciales, corrupción. Durante su mandato (desde el 2007 a agosto del 2018 cuando el gobierno de Jimmy Morales lo expulsó del país) llevó a juicio a distintos funcionarios y ex funcionarios incluido el ex presidente Otto Pérez Molina, por corrupción.

Un mecanismo internacional ayuda a un país cuya justicia ha colapsado, a investigar de forma independiente los delitos que estén bajo su jurisdicción, además de fortalecer los organismos de procuración de justicia del país donde se instale.

La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción propuso, en el informe Corrupción que Mata, publicado por Open Society Foundations, la creación de un mecanismo de carácter nacional en México, en asociación con un organismo internacional como la ONU, que esté compuesto por personal nacional y extranjero; estos miembros tendrían participación temporal e independiente. Su jurisdicción serían crímenes atroces, violaciones masivas a los derechos humanos y aquellos actos de corrupción que permiten estas acciones (tales como, lavado de dinero, malversación de fondos, abuso de poder); esta jurisdicción sería concurrente con la de otras instituciones de justicia nacionales relevantes, y seguiría siendo complementaria a la de la Corte Penal Internacional.

Comisión de la verdad

Según el Centro Internacional para la Justicia Transicional, las comisiones de la verdad “son organismos oficiales, no judiciales y de vigilancia limitada que se crean para esclarecer hechos, causas y consecuencias relativos a pasadas violaciones de los derechos humanos”. Su foco está en escuchar el testimonio de las víctimas y pueden contribuir a los procesos judiciales y de reparación, a través de recomendaciones. El mismo Centro dice que estos mecanismos son más efectivos cuando forman parte de una estrategia de justicia transicional integral que incluye procesos judiciales, reparación y acciones para garantizar la no repetición. Entre sus objetivos está el esclarecimiento de los hechos, el reconocimiento de las víctimas y la emisión de recomendaciones encaminadas a dar justicia y a que los hechos no se repitan.

En el mundo, varias comisiones de la verdad se han creado para dar verdad histórica a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. En América Latina Chile, Perú, Colombia, El Salvador, son algunos de los países que las han conformado. La Comisión de Perú, por ejemplo, emitió un Informe final que logró recoger el testimonio de casi 17 mil víctimas y perpetradores para esclarecer los hechos del conflicto entre el grupo terrorista Sendero Luminoso y las fuerzas estatales. En Colombia la Comisión se instaló en este año y tendrá una vigencia de 3 años para esclarecer y reconocer a las víctimas del conflicto armado; fue resultado de los acuerdos de paz firmados a finales del 2016 entre el gobierno y las FARC.

El pasado mes de julio la Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción presentó en México su propuesta para crear una Comisión de la Verdad para atender la violencia generada en los últimos quince años de militarización. El objetivo de esa Comisión, según la propuesta, es visibilizar a las víctimas e identificar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos y, en su caso, de crímenes de lesa humanidad, así como identificar los patrones, los métodos y las causas de esa violencia.

Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, es un tribunal internacional creado por iniciativa de la ONU que inició funciones en el año 2002. Este tribunal juzga personas, no Estados, como lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica. Aquí se juzga el genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra o de agresión. La CPI tiene el principio de complementariedad, es decir que interviene en los casos que los gobiernos no tengan capacidad para enjuiciar o no la ejerzan. Para que un caso pueda llegar a ser juzgado aquí, se requiere que el Fiscal de la CPI abra una investigación preliminar para saber si aplica, que el Estado lo solicite o que el Consejo de Seguridad de la ONU le ordene a la CPI investigar un caso concreto.

Desde su fundación tiene investigaciones en Burundi, República Centroafricana, Costa de Marfil, Darfur, Kenya, Libia, Mali, Congo y ha emitido dos sentencias condenatorias.

Una combinación de varios instrumentos.-

Ina Zoon, coordinadora de proyectos de justicia penal para América Latina de la Open Society Justice Initiative; José Guevara, director de la CMDPDH; y Jacobo Dayán, especialista en derecho internacional, señalaron a Pie de Página que una combinación de varios instrumentos de justicia y verdad serían la opción para que México pueda transitar de este periodo de violencia e impunidad a uno de pacificación y justicia. Estos instrumentos serían el Mecanismo Internacional, la Comisión de la Verdad, la presentación de casos ante la CPI y el fortalecimiento de la Fiscalía nacional.

Ina Zoon señaló que México tiene una acumulación de víctimas de desaparición, tortura, homicidios y ejecuciones extrajudiciales, desde la Guerra Sucia hasta el periodo actual de la militarización. Al mismo tiempo, las autoridades no sólo no han investigado, sino que han perdido evidencia.

“Cuando ves el hecho que las autoridades durante 5, 10, 40 años no han hecho nada, que se perdió la evidencia, vas a tener millones de víctimas directas e indirectas de esta actitud que jamás, jamás van a poder tener todas acceso a la justicia. Tenemos que hacer paz con esto. Tenemos que estar muy conscientes y atentos de cuáles son las posibilidades para ofrecer al mayor número de víctimas este acceso”.

Por ello, la propuesta es “maximizar los instrumentos que tenemos para poder responder y reparar el daño que tantos años de inactividad y de negación de las autoridades han hecho todos estos años. Porque han hecho daños. Su inactividad y la negación es un daño en sí, de una forma casi irremediable el acceso a la justicia de un sector de víctimas. Por la atrocidad, por el gran número de víctimas, por la fuerza con la cual han defendido sus propias impunidades, han dañado el acceso a la justicia: desapareciendo pruebas, testigos, alterando evidencia”.

Zoon se refirió a la necesidad de poner en marcha de manera simultánea distintos instrumentos en México: el Mecanismo Internacional, la Comisión de la Verdad, la presentación de casos ante la CPI y el fortalecimiento y autonomía de la Fiscalía nacional.

“El nuevo gobierno tiene un deber de utilizar todos los instrumentos que están a su alcance, no solo unos, no solo los que les conviene o están en su zona de confort”, dijo en entrevista.

En México, Oaxaca y Guerrero tuvieron sus propias comisiones de verdad. Zoon rechazó las críticas que dicen que estos mecanismos no funcionaron. “Hay que tener claridad: la comisión de Guerrero, la comisión de Oaxaca, no fracasaron. Tal vez que no han sido lo más exitosas y han tenido problemas, pero ellas se hicieron su trabajo, ellas trajeron información sobre lo que pasó, lo que fracasó de nuevo fue la procuración de justicia. Si este gobierno hará de nuevo comisiones de verdad, pero no hace mecanismo, sí, esto será un intento fracasado”.

Jacobo Dayán explicó, por su parte, que el Mecanismo Internacional blindaría y ayudaría a la Fiscalía a crear capacidades de investigación y se haría cargo de los casos que pudieran tener mayor presión política para ser procesados por la Fiscalía. Sobre las comisiones de verdad, explicó que una Comisión de la Verdad nacional analizaría los fenómenos, causas y patrones de la violencia; mientras que las distintas Comisiones de investigación que pudieran crearse, se enfocarían a casos concretos o regiones específicas, por ejemplo, las desapariciones en el noreste del país.

Además de los mecanismos ya dichos (el Internacional, la Comisión de la Verdad y casos ante la CPI), la propuesta incluye fortalecer al Sistema nacional de Búsqueda de desaparecidos, la creación de un Sistema de Reparaciones y de un Mecanismo de protección para las personas que den su testimonio.

“La apuesta es el fortalecimiento de la fiscalía con mecanismo internacional que blinde a la fiscalía, más una comisión de la verdad que genere insumos sobre hechos concretos. También daría información a la Comisión de Búsqueda, con el soporte un Sistema de protección a víctimas testigos y comisionados”, explicó Dayán.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, agregó que “no hemos sido capaces de entender la realidad, la dimensión de los crímenes cometidos por delincuencia y Estado porque lo que hemos logrado documentar como organizaciones, periodistas, es muy limitado para la cantidad de los crímenes. Y por eso hemos propuesto una Comisión de la Verdad que recupere las historias de las víctimas en distintas regiones del país”.

Guevara, además, hizo énfasis en la propuesta de la CPI. La CMDPDH, con el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, han entregado a la CPI comunicaciones sobre el Operativo Conjunto Chihuahua y los casos Coahuila: Allende y Piedras Negras, con la intención de que se inicie una investigación judicial contra los responsables.

“En la CMDHPDH decíamos que hay casos tan fuertes, con personajes de mucho poder y rango involucrados, donde la Fiscalía no va a resistir la presión y el Mecanismo Internacional estará en riesgo como en Guatemala, que fue expulsado. Entonces pensamos que ahí la CPI puede tener un papel importante porque su mismo mandato establece ir por los más altos responsables de los crímenes. Esa fue la apuesta”.

Entre las ventajas de la Corte Penal, además de esquivar la presión política dentro del país, Dayán, especialista en derechos humanos y analista internacional, consideró que la CPI puede meter presión política al gobierno mexicano desde el exterior.

“La CPI sirve para desarrollar presión política, para analizar los casos más graves y los responsables más altos. Funciona cuando están colapsadas las autoridades locales”, dijo Dayán.

“Creemos que todo esto es una justicia de transición: elementos, mecanismos, políticas encaminadas a hacer frente a pasados dolorosos de graves violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades, por agentes no estatales en conflictos armados o no. Estamos convencidos que la única forma es que usemos todas las medidas que nos ofrece el modelo internacional”, dijo Guevara.

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