Texto: Daniela Rea. Fotos: Cortesia

San Pablo Atlazalpan es una pequeña comunidad en Chalco que vivía en paz hasta hace unos meses cuando una empresa minera comenzó a llevarse piedra del cerro. Sin permisos y con graves daños para la comunidad, góndolas salen cargadas de tezontle para rellenar el aeropuerto. Las autoridades lo saben y lo permiten

CHALCO, ESTADO DE MÉXICO.- Los vecinos de San Pablo Atlazalpan recuerdan que comenzó por ahí de noviembre del año 2017. Primero fue maquinaria de construcción que subía al cerro, luego góndolas cargadas de piedra volcánica que bajaban desde ahí y cruzaban el poblado hasta perderse en la carretera.

“La mina llegó en noviembre y no nos dimos cuenta hasta que escuchamos el taladro, nadie nos informó”, dice Sandra Martínez Romero, presidenta del Consejo Comunitario Atlazalpan.

Sandra y los vecinos reclaman el derecho de la comunidad a saber y a que se respete el bien común, pues, aunque la mina está en propiedad privada, su operación afecta a esta comunidad de 15 mil habitantes ubicada en el valle de Chalco.

En estos ocho meses de operación la mina ha dañado la barda de la escuela primaria “Tierra y Libertad”, por el polvo y el ruido se cancelaron las actividades al aire libre de los niños y niñas, además de los daños ambientales y de salud que esto provoca en el resto de los vecinos; la obra de la mina lastimó la ex hacienda de Axalco, protegida por el INAH; y quizá, el daño que más resiente la comunidad, es que la mina bloqueó el funcionamiento del depósito y filtro de agua, por lo que se abastecen de líquido que, según estudios químicos, está tan contaminada que no es recomendable para ningún tipo de consumo humano.

En febrero de este año, el día 5 para ser exactos, los vecinos organizaron una asamblea en la plaza pública para hacer frente a la empresa Creatividad e Inteligencia en Construcción, SA de CV, división maquila (Cicsa). A raíz del trabajo de organización, los vecinos han encontrado información pública que evidencia que la empresa trabaja sin permisos y que las autoridades lo saben y lo permiten.

La organización

La mañana del 5 de febrero medio centenar de vecinos respondieron al llamado de organización para saber qué sucedía con la mina. En la plaza del San Pablo comenzaron a dar su opinión:

“Había el polvo, el ruido, pero nadie se quejaba, en un principio se nos dijo que la calle se iba a arreglar y nos quedamos confiados… pero no hay permiso para sacar la piedra, no hay acuerdos”, dijo el delegado municipal.

“Dice el ayuntamiento que ya tienen sus permisos, pero mi pregunta es ¿a dónde queda la población? ¿por qué no nos toman en cuenta?”, intervino un vecino.

“Tenemos daños al depósito de agua, a la escuela, a la ex hacienda, los daños ambientales y todo eso a cambio de que nos pongan una callecita…”, reclamó otro de los vecinos con el micrófono en mano, “Dicen que es por el bien de la nación, el aeropuerto, uno de los mejores, pero no se vale que nosotros sacrifiquemos nuestro patrimonio”.

Al finalizar la asamblea los vecinos eligieron una “Comisión para investigar la problemática de la mina”. Sandra, Vicente García y Julio García forman parte de ella.

“La Asamblea le pidió a la gente del Consejo Comunitario y a la delegación municipal que hicieran algo. Nos dijeron que era legal por estar en un terreno particular y que tenía papeles en orden, que no es tema que incumba a la comunidad. Pero tenemos derecho a ser informados porque la mina nos está dañando”, dice Sandra Martínez.

Sandra señala que la información ha sido base en la pelea que dan a la mina. Una vez elegida la gente que representaría a San Pablo, buscaron el apoyo de la organización Controla tu Gobierno A.C. y ese mismo mes de febrero arrancaron con solicitudes de información para entender en dónde estaban parados.

Preguntaron a la Secretaría de Desarrollo Urbano Municipal, a la Secretaría de Medio Ambiente del estado, a la Procuraduría de Protección Ambiental también del estado, Al INAH, al Ayuntamiento de Chalco y hasta la Sedena.

Mientras las peticiones corrían en papel, acudieron en persona al Ayuntamiento de Chalco para saber si la empresa tenía permiso. Othón Guerrero Valderrama, director de Desarrollo Urbano de Chalco, les dijo que no podía mostrar la información de la mina porque era confidencial y aconsejó a los vecinos negociar con la empresa para pedirles beneficios, como parques o calles. Obra que, dicho sea, es responsabilidad de la autoridad municipal.

El despojo

Mientras los vecinos de San Pablo Atlazalpan andaban en su lucha y organización, la Propaem clausuró temporalmente seis minas porque no contaban con la Manifestación de Impacto Ambiental en los municipios vecinos de Acolman, Texcoco, Ixtapaluca y Ayapango. En total, en esa región, unos 30 cerros son explotados, pese al rechazo de las comunidades y la falta de permisos.

En febrero, la Cámara de Diputados, en el contexto por la disputa de la construcción del nuevo aeropuerto, solicitó información a las procuradurías ambientales federal y estatal para conocer los daños provocados por las empresas explotadoras de mina de tezontle y basalto que se destinan a rellenar el lago de Texcoco, así como la explotación de fuentes de agua.

Los habitantes de San Pablo Atlazalpan, encabezados por Vicente García y Sandra Martínez, obtuvieron un documento de la Secretaría del Medio Ambiente del Edomex, fechado el 4 de julio del 2017. Se trata de un permiso temporal con vigencia de un año para que la mina opere en 29 mil 685 metros cuadrados.

Pero ese permiso se condicionaba a que la empresa obtuviera autorización y licencias de distintas instancias federales, estatales y municipales, como el Dictamen Único de Factibilidad (emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano estatal), la autorización del INAH y autorización de Sedena para el uso de explosivos.

Además de las licencias, la secretaría ambiental estatal condicionaba el permiso a otras acciones que debía cumplir la empresa: plantar 388 árboles en la franja de amortiguamiento y zonas afectadas al mismo tiempo en que se iniciara la explotación de la mina; guardar el suelo fértil del espacio a explotar para rehabilitar el terreno; construir un canal perimetral para desvío de aguas pluviales; irrigar constantemente con agua tratada y cubrir las góndolas que sacan el material para evitar que el polvo contamine y dañe la salud de los habitantes.

Por cierto, ninguna de estas condiciones en “beneficio” de la comunidad fue consultada con la propia comunidad.

Los funcionarios estatales de Medio Ambiente escribieron en ese documento que “no se consideró pertinente realizar la visita técnica que exige el reglamento interior de la Comisión Estatal de Factibilidad, debido a que el sitio se había visitado anteriormente (no dice cuándo)”. En el documento se señala que el terreno no colinda con espacios habitados.

Si las autoridades hubieran hecho la visita habrían comprobado que la explotación no se da en los predios 199 y 200, los cuales son los autorizados, sino en el predio 202, que colinda con la escuela primaria “Tierra y Libertad”, con la ex hacienda de Axalco, protegida por el INAH, que en sus límites hay viviendas y que la explotación daña el depósito y el filtro de agua que abastece a 15 mil personas.

La Norma Técnica estatal ambiental NTEA-017-SeMAGEM-DS-2016, que regula la exploración, explotación y transporte de minerales no concesionables en el Edomex, establece que si las minas exceden la superficie de explotación autorizada y afectan o ponen en riesgo asentamientos humanos, el titular deberá garantizar a través de obras de ingeniería, la estabilidad de los taludes existentes y la no afectación de las construcciones vecinas, así como contar con el dictamen técnico definitivo en materia de protección civil, emitido por la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México. Cosas con lo cual, no cuenta la empresa.

https://youtu.be/H-I2aVZP0iM

Con esa información en mano los vecinos y Controla Tu Gobierno realizaron un recorrido por la zona y comprobaron que las condiciones que exigía la secretaría ambiental a la empresa no se habían cumplido, pero que igual la mina estaba funcionando.

Agua contaminada

Aquí vale hablar del depósito y el filtro del agua. Vicente García, integrante del Consejo de Vigilancia del Sistema de Agua Potable de San Pablo Atlazalpan, explica que desde la década de los 70 el filtro y depósito que abastece a los 15 mil habitantes se encuentra ubicado –con autorización- en la zona donde actualmente está operando la mina. La empresa acordonó el terreno para los trabajos de la mina y así impidió el acceso al sistema de agua, por lo que la comunidad se ha tenido que abastecer de agua sin filtrar.

Los habitantes y Controla tu Gobierno mandaron a hacer análisis químicos para saber la calidad del agua que está consumiendo la comunidad y que no se filtra. Los resultados se contrastaron con la NOM-127-SSA1-1994 que marca las condiciones del agua para consumo humano. En los resultados se encontraron organismos coliformes fecales.

“Los organismos coliformes fecales son un subgrupo de bacterias coliformes totales que se encuentran en grandes cantidades en los intestinos y excremento de los humanos y animales. Su presencia indica que el agua de su pozo está contaminada con excremento o desechos de alcantarillas, y tiene el potencial de causar enfermedades de ser así estas bacterias no deben ser detectables en ninguna muestra ni en la menor cantidad”, señala el estudio realizado por “Laboratorios suelos y aguas”.

También se encontraron metales pesados que rebasan los límites de permisibilidad como el plomo, níquel.

“De acuerdo a los resultados arrojados el agua no es apta para consumo humano de ninguna índole, es necesario hacerle saber a la comunidad cercana que este recurso no es conveniente usarlo para actividades humanas”, concluye.

La información

A partir de ese documento de la secretaría de Medio Ambiente estatal los vecinos, con ayuda de la organización Controla tu Gobierno, comenzaron a rascar información.

Una de las principales peticiones que hicieron fue a la Procuraduría de Protección Ambiental del Estado de México, le preguntaron sobre el seguimiento al permiso condicionado que emitió en julio del 2017 la Secretaría de Medio Ambiente del estado. Esto obligó a la autoridad a apersonarse en la mina el 4 de abril del 2018 y confirmar que no había cumplido ni con las condiciones ni con los permisos, por lo que un mes después, el 3 de mayo, la Propaem clausuró las actividades de extracción.

Sin embargo, no se informó a los vecinos las condiciones ni las razones de la clausura, por lo que debieron obligar a la autoridad a explicar, a través de peticiones de información.

El 16 de mayo el Ayuntamiento de Chalco también colocó sellos de suspensión porque el trámite para obtener la Licencia de Funcionamiento no había sido concluido.

El 17 de mayo la mina volvió a funcionar.

Paralelamente, los vecinos y la organización solicitaron por transparencia el Dictamen Único de Factibilidad y el gobierno estatal lo reservó durante tres años, argumentando que estaba en trámite.

“Eso nos parece una incongruencia, pues si está en trámite significa que no se ha otorgado el permiso y si no está el permiso, entonces ¿cómo es que está operando la mina?”, se cuestiona Vicente García.

Los vecinos organizados también acudieron al INAH, pues la mina está operando en la zona de la ex hacienda de Axalco. Así supieron que el INAH, a través de Luis Antonio Huitrón, encargado del despacho en el Edomex, había informado al municipio que la ex hacienda forma parte del catálogo de monumentos históricos, del periodo virreinal, y que la operación estaba dañándola. Por eso pidió que se suspendieran las excavaciones en tanto no obtuvieran licencias. Sin embargo, el INAH no ha dado seguimiento a sus propias órdenes, según constataron los vecinos a través de peticiones de información.

Es decir, gracias a peticiones de información los vecinos supieron que el INAH y el Ayuntamiento de Chalco, además de la Propaem, habían emitido la suspensión de la mina, pero no se ha cumplido.

De esta misma forma los vecinos evidenciaron que la promesa de obra pública hecha por la empresa, colocar un arco-techo en la escuela “Tierra y libertad”, se trataba en realidad de una obra pagada con dinero federal del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura y tenía etiquetado en el 2017 un millón 100 mil pesos. A la fecha, dicen los vecinos, el arco-techo no se ha realizado por el ayuntamiento de Chalco ni por la empresa.

Además, la empresa prometió construir un comedor comunitario y un centro de salud.

«Prometió el arco-techo, la pavimentación de la calle Pino, se comprometió a reparar todas las casas que se vieran afectadas por el paso de las enormes y pesadas góndolas que transportan el material, con los vecinos de la calle Pino les ofreció depositares 10,000 mensuales, cosa que nunca ocurrió. También hacer un nuevo depósito de agua como tanque elevado con toda su infraestructura, darle agua por medio de pipas a las colonias de la periferia. También dijo que había dado 30 mil pesos para que pintarán las iglesias, así como 20 mil para el baile de la feria del tamal para que trajeran a la Sonora Dinamita”, recuerda Vicente.

Esas promesas las incumplieron. Al menos está la duda de que se haya entregado el dinero para la iglesia y la Feria del Tamal. Eso, explica Controla tu Gobierno, no se ha comprobado.

Es decir, la mina opera a pesar de no contar con el Dictamen Único de Factibilidad, los permisos del INAH, del ayuntamiento y de Sedena. Y la batalla de la comunidad suma un nuevo frente, el Instituto de Información del Estado, que ratificó la negativa de transparentar a los habitantes el Dictamen Único de Factibilidad.

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