La designación de cuatro consejeros del INE llega a su etapa final; la Cámara de Diputados puede construir un acuerdo que genere estabilidad para las elecciones 2021, pero también puede sembrarse desde hoy la semilla de la discordia

Twitter: @chamanesco

La estabilidad política de las elecciones de 2021 está en juego desde esta semana.

Al discutir y votar la propuesta de dos nuevas consejeras y dos consejeros del Instituto Nacional Electoral, la Cámara de Diputados habrá allanado el terreno para un proceso legal y reconocido por todas las fuerzas políticas, o habrá sembrado desde hoy la semilla de la discordia.

A pesar de la pausa obligada por la emergencia sanitaria, hasta la semana pasada había avanzado sobre ruedas el proceso de designación de los cuatro consejeros que cubrirán las vacantes dejadas el 3 de abril por Pamela San Martín, Marco Baños, Benito Nacif y Enrique Andrade.

La convocatoria a dicho proceso, publicada en febrero, fue aprobada por unanimidad en el pleno de la Cámara; la conformación del Comité Técnico de Evaluación, pese a la impugnación en contra de uno de sus integrantes, fue avalada por las instancias legales, y la examinación de perfiles y trayectorias de los casi 400 aspirantes que se inscribieron fue transcurriendo en los términos establecidos en la convocatoria hasta llegar a 60 finalistas.

Incluso, la suspensión del proceso ante la pandemia de covid-19 y la reactivación del procedimiento el pasado 6 de julio fueron aprobadas por unanimidad.

A pesar de contar con el número de legisladores suficientes para imponer una sola visión en San Lázaro, la fracción de Morena -encabezada por Mario Delgado- ha privilegiado el acuerdo y la negociación con las fuerzas minoritarias, sabedor de que la construcción de un árbitro reconocido por todas las partes resulta fundamental para la buena salud de futuros procesos electorales.

Al menos así había ocurrido hasta ahora.

En un procedimiento de estas características, llamó la atención que la semana pasada uno de los siete integrantes del Comité Técnico de Evaluación haya desconocido las quintetas confeccionadas por los otros seis evaluadores, y haya sembrado la duda sobre la objetividad y profesionalismo técnico de los examinadores.

Cuando John Ackerman afirma que hubo “irregularidades cometidas en la última fase de evaluación de aspirantes al INE” (explicadas detalladamente en su “voto disidente” que se publicó ayer en la Gaceta Parlamentaria), no sólo entra en contradicción con sus colegas académicas y académicos (todas y todos de gran nivel y prestigio), sino que abre una pequeña rendija para que un grupo de legisladores pueda romper el consenso que hasta ahora se había privilegiado.

Ya el Partido del Trabajo ha echado para atrás su respaldo y aval otorgado el pasado jueves a las quintetas y, este domingo, durante las entrevistas a los 20 finalistas, decidió no participar con preguntas, sino con breves discursos para desconocer lo que se había construido.

Según los diputados Reginaldo Sandoval y Gerardo Fernández Noroña, representantes del PT en la Junta de Coordinación Política, las quintetas deben ser rechazadas y el Comité Técnico debería presentar nuevas opciones.

Por su parte, un grupo de diputadas y diputados de Morena, entre ellos la vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, enviaron una carta a su coordinador, asegurando que en las quintetas aprobadas por el Comité Técnico “fueron insertadas personas mayoritariamente identificadas con grupos hostiles a la Cuarta Transformación”.

El grupo de morenistas pide a Mario Delgado agotar todas las instancias legales para que el pleno ordene la reposición del proceso de evaluación de los aspirantes.

Por si fuera poco, dos candidatas (Diana Talavera y Dora Rodríguez) y un candidato (Armando Hernández Cruz) impugnaron el proceso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ellos tres, destaca la ex presidenta del Instituto Electoral del DF, Diana Talavera, cercana a los grupos que mantienen en vilo todo el proceso.

Todo esto anuncia fuertes tensiones en la Junta de Coordinación Política, que tiene 48 horas para entregar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados su propuesta de dos consejeras y dos consejeros, eligiendo un nombre de cada quinteta.

Si los coordinadores del PT no acompañan el acuerdo que Mario Delgado pudiera alcanzar con los demás coordinadores parlamentarios, desde ahora podría preverse que los cuatro nuevos consejeros surgirán sin el voto de sus 41 legisladores.

Si el disenso es mayor y no se alcanzan las dos terceras partes de los votos de los legisladores, requeridas constitucionalmente para aprobar el nombramiento de los nuevos consejeros, la ley y la convocatoria prevén dos mecanismos para “salvar” el proceso.

Primero: la Mesa Directiva de la Cámara convocaría a una nueva sesión de pleno para realizar la elección de los cuatro consejeros mediante insaculación a partir de las quintetas enviadas por el Comité.

Segundo: si es imposible realizar la insaculación, la Mesa Directiva deberá emitir las quintetas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los ministros procedan a la designación mediante insaculación o sorteo.

El azar podría salvar las designaciones, pero no a la política.

El rompimiento del consenso y la incapacidad de llegar a un acuerdo en la última etapa del proceso sería una mala noticia para todos.

Ocurrió ya en el otoño de 2003, cuando la fracción del PRD, encabezada entonces por Pablo Gómez, se salió de las negociaciones para integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral que sustituiría al famoso “IFE de Woldenberg”, por diferencias en el número de consejeros que cada fuerza política podría proponer.

En aquella ocasión, la entonces coordinadora del PRI, Elba Esther Gordillo, pactó con el PAN, entonces coordinado por Germán Martínez, un IFE sin el aval del PRD, partido que tenía al precandidato presidencial mejor posicionado en las encuestas.

La integración de aquel IFE presidido por Luis Carlos Ugalde, sin el aval de una de las fuerzas políticas mayoritarias, sembró la semilla que envenenó el ambiente rumbo a las elecciones de 2006, que acabaron en un delicado conflicto postelectoral.   

Un nuevo choque de trenes en San Lázaro marcaría, para mal, el desarrollo de las elecciones de 2021, comicios enormes por la cantidad de cargos en disputa, importantísimos por lo que está en juego, y complejos por el ambiente de creciente polarización en el que se llevarán a cabo.

Sería un nuevo fracaso de la política de consecuencias insospechadas.

En cambio, cuatro nuevos consejeros aceptados por todos los partidos serían una buena señal de que la política aún puede rendir bienes públicos.