En tres penales de la entidad, indígenas organizados protestan por su libertad. Algunos suman más de 15 años presos sin ser juzgados y con su expediente extraviado. El nuevo gobierno estatal, con el morenista Rutilio Escandón al frente, aún no envía a ningún operador para conocer las demandas de los activistas

Texto e imágenes: Al-Dabi Olvera

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.- Presos indígenas organizados por sus derechos en diversas cárceles de Chiapas comenzaron una serie de huelgas de hambre para presionar al nuevo gobierno estatal y lograr su liberación, además de cambiar las condiciones de presidio y la forma de impartir justicia en la entidad.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y con el Grupo de Trabajo No Estamos Todxs, desde el viernes 15 de marzo se encuentran en huelga de hambre Adrian Gómez Jiménez y Juan de la Cruz Ruiz, en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas; Abraham López y Germán López, en el penal de El Amate en Cintalapa, y Marcelino Ruiz y Baldemar Gómez, en el penal de Comitán.

Todos son indígenas tsotsiles y tseltales pertenecientes a organizaciones políticas surgidas en presidio.

Este lunes 18 de marzo, familiares, activistas y algunos exreclusos se manifestaron con pancartas y dieron una conferencia de prensa en el centro de esta ciudad para declarar que otros tantos más se sumarían a las huelgas y manifestaciones en otros centros penitenciarios.

«Pedimos al gobernador de Chiapas de la cuarta transformación Dr. Rutilio Escandón Cadenas dejé en libertad inmediata a todos los compañeros inocentes», dice un comunicado leído en la conferencia por Alberto Patishtan, profesor tsotsil que en 2014 se volvió famoso por ser liberado tras una lucha en diversas cárceles, en las que pasó casi una década.

El comunicado explica:

«Las cárceles se encuentran saturadas de indígenas pobres, humildes y de escasos recursos, como también personas que lucharon por defender sus tierras y comunidades».

El comunicado detalla que los tsotsiles Mariano Pérez Velazco, Martín Gómez Pérez y Marcos Gómez López, integrantes del colectivo Solidarios de la voz del Amate, permanecerán a partir de este 18 de marzo sin ingerir alimentos y en un plantón indefinido dentro del CERSS 5 de San Cristóbal de las Casas.

Solidarios de la voz del Amate es un colectivo fundado por Alberto Patishtán hace casi una década dentro del CERSS 5. Es heredero de toda una tradición de resistencia en las prisiones que, en los años posteriores al alzamiento del EZLN, quedaron repletas con zapatistas y activistas.

Desde el 2011, Patishtán enseñó a hablar, leer y escribir a varios presos para poder denunciar su situación. Ahí instalaron un espacio autónomo, realizaron marchas y emprendieron huelgas de hambre.

Como parte de la serie ‘El color de la pobreza’, Pié de página visitó a los Solidarios de la Voz del Amate en la cárcel y entrevistó a Alejandro Díaz Sántiz, Diego López Méndez y Mariano Pérez Velasco, tres indígenas que continuaron con la lucha de Patishtán.

Ahí contaron las injusticias estructurales por las que los pueblos originarios de Chiapas se enfrentan en el sistema penal del estado.

Dos semanas después de la publicación del reportaje, Díaz Sántiz, quien durante 20 años ha pisado diversas cárceles, fue trasladado a un penal federal en la frontera con Guatemala sin aviso ni motivo explícito.

Ya durante la nueva administración, emanada del partido Morena, algunos internos desmantelaron el campamento que los activistas tenían desde hace septiembre del 2011.

Patishtán denuncia que el nuevo director del penal, José Teujillo, hostiliza a los presos organizados: «ya los está intimidando, el director Trujillo ya los empieza a hostigar, quiere que se levanten, provocando a los internos al interior para que los garroteen.»

Sobre si el nuevo gobierno estatal de Morena ha tenido una actitud diferente con los presos indígenas de Chiapas, Patishtan es todavía escéptico:

«Sería como aplaudirle. Yo diría algo si salen todos los presos por los cuales estamos exigiendo.»

Gilberto Hernández, abogado del Frayba, explica a Pie de Página que a pesar de que el discurso del gobierno federal sobre la prisión política en México es de apertura, en Chiapas el gobierno morenista no ha enviado a ningún operador político a las prisiones donde hay huelgas para conocer las demandas de los detenidos. Agrega que es preocupante que hay presos que llevan cuatro días sin ingerir alimento sin respuesta gubernamental.

«Se debe a la desesperación de los presos. Se toma un sistema de justicia que no es pronta. No se les da sentencia. Algunos llevan 15 años con el expediente extraviado. Se ven casi obligados, exponen su vida y su integridad y es responsabilidad del estado por no atender los procesos», cuenta el abogado.

Hernández explica que si bien el Frayba ya solicitó la agilizacion de los procesos, no ha recibido respuesta.

«Cuando veamos que los procesos sean rápidos veremos un cambio en impartición de justicia.»

Por su parte, Diego López Méndez, preso que obtuvo su libertad el lunes 11 de abril, relata que luchó por su liberación desde hace siete años, cuando cayó preso en el penal de El Amate:

«Está lleno de injusticias este mundo. Me acusaron de homicidio. Decidí luchar y aquí estoy libre.»

López Méndez cuenta que su vida cambio cuando fue trasladado en 2017 al CERSS 5. Ahí conoció a Alejandro Díaz Sántiz, quién había quedado a cargo de la organización tras la salida de Patishtán. Alejandro le enseñó a leer, a escribir y a realizar comunicados.

«Como denunciaba los malos tratos adentro de la cárcel y exigía su libertad y las malas condiciones volvieron a trasladar. Yo me quedé en la lucha en nuestro campamento, pero algunos intentos nos atacaron. Decían: ‘no queremos ver más zapatistas’».

Y culmina: «ahora me toca luchar para que salgan todos los demás».

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