En días pasados se publicó el Índice Global de Políticas sobre Drogas, que revisa políticas de narcóticos en 30 países. México está entre los 5 peores calificados, por debajo de Tailandia, Uganda y Nepal. El Índice expone la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, la reclusión forzada en centros de tratamiento, el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias y la falta de financiamiento en programas de reducción de daños

Por Monserrat Angulo y Adrián Jiménez*

La semana pasada se publicó el informe completo del Índice Global de Políticas sobre Drogas (GDPI por sus siglas en inglés). El Índice es la primera herramienta de análisis en su tipo que documenta, mide y evalúa la política de drogas en 30 países del mundo. Es un instrumento de rendición de cuentas, desarrollado por organizaciones civiles y comunitarias, en colaboración con instituciones académicas. 

El Índice cuestiona los parámetros vigentes utilizados para evaluar el éxito y la implementación de las políticas de drogas. Propone analizar su efectividad en función de los principios de derechos humanos, salud y desarrollo de las Naciones Unidas. Muestra tendencias, inequidades y problemáticas comunes, además de incorporar historias humanas que retratan la realidad de los países. 

Mediante 5 dimensiones generales, el Índice desglosa 75 indicadores que abarcan distintas áreas de la política señalada: a) ausencia de sentencias y respuestas extremas, b) proporcionalidad de la respuesta del sistema penal, c) salud y reducción de daños, d) acceso a medicamentos bajo fiscalización y) e) desarrollo. Los países evaluados recibieron una calificación del 0 al 100. 

El informe advierte que a nivel mundial se mantiene vigente un enfoque de represión y castigo. Países del norte global como Noruega y Portugal obtuvieron las puntuaciones más altas, mostrando avances importantes. Mientras que países del sur global, fueron calificados por debajo de la media, evidenciando las disparidades que existen debido al legado colonial y la desigualdad sistemática. 

En cuanto a la ausencia de respuestas y sentencias extremas, el Índice menciona que el uso desproporcionado de la fuerza estatal y las violaciones a derechos humanos constituyen una parte integral en la respuesta de muchos estados. La pena de muerte, los asesinatos extrajudiciales, la militarización de la seguridad pública y el tratamiento involuntario son algunas de sus expresiones. 

Respecto a la proporcionalidad de la respuesta del sistema penal, se evidencia que los abusos a derechos humanos cometidos por instituciones de justicia son extensivos a la mayoría de los países. El Índice revela que esta medida impacta directamente a poblaciones en situación de vulnerabilidad. De igual forma, apunta que pese a los esfuerzos por despenalizar e incorporar medidas alternativas, la aplicación de las leyes sigue siendo punitiva y rígida. 

En materia de reducción de daños, el Índice señala que sólo 5 de 30 países cuentan con financiamiento adecuado para implementar este tipo de servicios, pese a que la mayoría contempla el modelo en sus legislaciones locales. Los programas de intercambio de agujas y jeringas, las terapias de sustitución de opiáceos y el acceso a naloxona no tienen suficiente cobertura en al menos 25 países. 

En relación con el acceso de medicinas controladas, todos los países reconocen la obligación del Estado en la materia, con excepción de Kenia y Marruecos. Sin embargo, las dos terceras partes mostraron carencias para garantizar este derecho. El acceso a medicamentos controlados se concentra en los países del norte global y se ve obstaculizado principalmente por condiciones económicas. 

En el tema de desarrollo sólo 4 de 30 países fueron evaluados. Los resultados del Índice coinciden en que los modelos alternativos no han logrado sus objetivos debido al mantenimiento de un enfoque de seguridad pública y la continuidad de la estrategia de erradicación de cultivos, así como de un bajo nivel de involucramiento de las comunidades afectadas en su implementación.  

México se encuentra entre los 5 peores países calificados. Con una puntuación general de 35, se encuentra por debajo de Tailandia, Uganda y Nepal, así como de Colombia, Argentina y Costa Rica. El Índice expone la persistencia de ejecuciones extrajudiciales, la reclusión forzada en centros de tratamiento, el encarcelamiento de personas usuarias de sustancias y la falta de financiamiento en programas de reducción de daños. 

Las historias de Tonatiuh, Kenya, Arturo y Roberto describen los impactos del régimen prohibicionista en nuestro país. Los testimonios demuestran que la persecución policial, la exclusión social y la privación de la libertad son prácticas cotidianas que permean la vida de miles de personas. También demuestran la fuerza de resistencia y la organización de las comunidades más afectadas. 

Los resultados del Índice Global de Política sobre Drogas son reveladores y marcan una pauta para transformar el enfoque actual. El documento es un llamado para que los gobiernos y representantes locales volteen a mirar sus consecuencias y actúen con la intención de reformarlo, atendiendo las experiencias de otros países.  

Para profundizar y continuar con esta reflexión, te invitamos a participar en el Foro virtual “México: una política de drogas reprobada a nivel global”, a realizarse el 22 de noviembre a las 12:00 horas por medio de Facebook. En este espacio compartiremos micrófono con la Clínica Condesa, México Unido Contra la Delincuencia, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

*Integrantes de @ReverdeSerC.