Texto y fotos: Ximena Natera

Un estudio revela inconsistencias en los datos oficiales en torno a la recuperación de restos y búsqueda de fosas clandestinas del país. “Se nos acaba el tiempo”, dicen los familiares de desaparecidos

Lety Hidalgo, mamá de Roy Rivera, universitario desaparecido en Nuevo Leon, recuerda las palabras exactas que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo pasado el 24 de marzo: “Es el compromiso, que no falten recursos, no hay límite presupuestal, no hay techo financiero”.

Se refería a los esfuerzos de su administración para atender la emergencia nacional de los desaparecidos en el país, sin embargo, explica Lety, la respuesta persistente de los funcionarios en esta primera mitad del año es que no hay presupuesto para buscar a su hijo.

María Herrera, madre de cuatro jóvenes desaparecidos, concuerda. “Estos meses han sido difíciles, ya son varios los funcionarios y peritos que han renunciado y nos dicen que es porque no tienen nada con qué trabajar”.

Ambas mujeres asistieron a la presentación del informe Violencia y terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México, una investigación  del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana  y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, que cruza los datos de hallazgos de fosas clandestinas reportadas por la prensa con los datos oficiales de las fiscalías locales de todos los estados entre los años 2006 y 2017.

El resultado es una cifra de por lo menos mil 606 fosas clandestinas en los últimos 12 años, de las cuales se han recuperados 2 mil 229 cuerpos y casi 100 mil restos humanos. El otro resultado es que se evidencia el descontrol en el registro de las autoridades sobre las fosas clandestinas y el número de víctimas e identificaciones que se han hecho hasta la fecha.

Jorge Ruiz Reyes, uno de los investigadores, explicó que la Fiscalía General de la República, antes PGR, ha sido inconsistente en la información que ha entregado a por lo menos cinco peticionarios que solicitaron datos sobre fosas.

En la presentación del informe, al que asistieron Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, los investigadores Jorge Ruiz Reyes, Denise González y Lucía G. Chávez, además de Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19, y Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Las entidades con mayor índice de fosas clandestinas reportadas por las autoridades son Tamaulipas, Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Zacatecas y Jalisco, que concentran casi la mitad de los hallazgos. Sin embargo, la magnitud real del problema es todavía indeterminable derivado de la inconsistencia en los registros y para este ejercicio 11 entidades no respondieron a las solicitudes de información.

Una de las innovaciones más importantes del informe es la inclusión de un capítulo sobre acceso a la información que califican como insuficiente. Ana Cristina Ruelas, representante de Artículo 19, dijo que “la información a cuentagotas y la falta de registros insuficientes, son elementos que impiden crear un diagnóstico preciso de la situación”.

El representante en México del Alto Comisionado de la ONU, Jan Jarab, declaró que es urgente contar con información “accesible, fiable y homologada que permita generar políticas públicas enfocadas al cambio y a la materialización de resultados”.

Reconoció también la voluntad de la administración de Andrés Manuel López Obrador para aceptar la existencia de una crisis de Derechos Humanos en el país.

“El gobierno anterior mantuvo una narrativa de que no hay desaparecidos, son personas no localizadas, una tendencia de ocultar”, dijo Jarab.

“Es un paso fundamental para tomar medidas desde el gobiernos”, dijo Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda desde hace cuatro meses, la única representante del gobierno federal que asistió a la presentación del Informe y recordó que a 10 años de que iniciara la crisis de violencia en el país, quienes han hecho el trabajo de localizar y contabilizar los sitios de inhumaciones clandestinas han sido las familias y dijo que “el gobierno tienen que comprometerse a sumarse y dar toda la institucionalidad al tema”.

Aunque el nombramiento de la doctora Osuna al frente a la Comisión de Búsqueda fue bien recibida por los familiares, Lety Hidalgo, María Herrera y otras madres de jóvenes desaparecidos consideran que no se ha visto cambios significativos en la nueva administración y que sigue habiendo demasiadas trabas.

En un intercambio tenso entre la comisionada Quintana y Lety Hidalgo, donde la última exigió que se cumpliera la promesa de López Obrador de no poner un límite en los recursos para las búsquedas, Quintana reconoció que por el momento no existe la infraestructura y el personal suficiente para cubrir todas las necesidades que exige la búsqueda.

“Hicimos un diagnóstico nacional forense de los 250 anfiteatros del país y el resultado es que hay una carencia enorme de antropólogos forenses y arqueólogos forenses y ellos son los que están mayormente capacitados para hacer los hallazgos”, explicó.

Informó que se está creando un plan a mediano y largo plazo para subsanar las deficiencias.

“No va a existir un techo financiero, eso dijo el presidente pero no lo estamos viendo, y a nosotros ya se nos está acabando el tiempo”, dijo Lety Hidalgo al final de la conferencia, antes de acercarse a María Herrera y a otras madres para darse un abrazo.

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