Pese a firmar un acuerdo con los pobladores de Tlaltenango, Zacatecas, para cerrar el relleno sanitario por incumplir las medidas ambientales, el cabildo municipal no se desistió de un amparo contra Profepa que impide terminar con el basurero

Texto: Kau Sirenio

Fotos:  Rema

CIUDAD DE MÉXICO.- Activistas de la comunidad indígena de Cicacalco, municipio de Tlaltenango, Zacatecas, acusan a los gobiernos municipal y estatal de negligencia por no cumplir con el cierre definitivo del relleno sanitario.

De acuerdo con el acuerdo firmado el 14 de julio de 2022 por autoridades estatales y municipales con la comunidad, el cierre comenzaría el 1 de agosto y sería terminado el pasado 31. Sin embargo, ni siquiera han iniciado, explicó la activista comunitaria Clarisa Trejo.

En entrevista telefónica, Trejo señaló que el municipio de Tlaltenango, Zacatecas, solo cumplió con la sesión de cabildo para el cambio de uso del suelo del relleno sanitario, pero no le dio seguimiento al convenio que firmaron en julio.

El problema se alarga 

Sin proyecto de verificación, monitoreo y cumplimiento de la Resolución de Impacto Ambiental emitida en 2017, fue inaugurado el relleno municipal de Tlaltenango, Zacatecas, en junio de 2019. Dos meses después, la comunidad indígena de Cicacalco denunció daño ambiental y en su salud ante las autoridades competentes.

Luego de tres años de lucha, los pobladores lograron un acuerdo para el cierre definitivo del relleno sanitario que se había presumido como uno de los más avanzados del país, así como la reparación de los daños ambientales que ha provocado.

Para ello, el alcalde debía someter a sesión de cabildo para que se modifique el uso de suelo y desistirse de un amparo que él interpuso contra la Profepa. Sin embargo, el alcalde Salvador Arellano Anaya no lo hizo. 

“No les importa lo ambiental”

“En un conflicto largamente administrado por las autoridades y que partió de la mala ejecución y la peor operación del basurero municipal de Tlaltenango, hoy, como antes, nos topamos con la ineficiencia, la complicidad, la irresponsabilidad y la desfachatez de autoridades y dependencias de los tres niveles de gobierno, a quienes no les importa el tema ambiental, ni cumplir de forma decente y honesta con sus funciones como servidores públicos”, acusó Clarisa Trejo.

El convenio que firmaron el 14 de julio señala que el 28 de julio en sesión de cabildo abierto del ayuntamiento de Tlaltenango se aprobó el cambio del uso del suelo del basurero, pero el jurídico mantiene la demanda de amparo municipal en contra de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con el que se impide la clausura definitiva del relleno sanitario.

Clarisa Trejo Luna acusó al alcalde y regidores de Tlaltenango que se opusieron a que se sometiera a votación el desistimiento del amparo.

“El único tema que tenían para votación era el cambio del uso de suelo del relleno sanitario, a pesar de que  integramos una comisión para cabildear con los regidores para que se sometieran a votación el desistimiento de amparo, no lo conseguimos ni siquiera nos dejaron discutirlo en asuntos generales”, dijo Clarisa en entrevista con Pie de página.   

Para activista, el cambio de uso de suelo no resolvió el problema, porque no no le dieron continuidad a los acuerdos que firmaron en la capital zacatecana:

“Mientras el cabildo no se desista del amparo no ayuda en nada el cambio de uso de suelo del relleno sanitario porque Profepa no puede clausurar definitivamente el basurero. Además, el alcalde no cumplió con lo que acordamos, no acudieron a retirar los sellos de clausura y tampoco visitaron el basurero”. 

Para el cierre total del relleno sanitario en Cicacalco, al alcalde de Tlaltenango, Zacatecas, Salvador Arellano Anaya, tenía que someter en sesión de cabildo el cambio de uso del suelo, desistirse del amparo que interpuso el 5 de octubre de 2021, en contra de la Profepa, para que las autoridades federales, estatales, municipal y la comunidad inicien lo trabajos para clausurar el relleno, sin embargo esto no ocurrió.

Otra de las demandas que el ayuntamiento no atendió era la denuncia penal en contra de los activistas de la comunidad de Cicacalco:

“Si bien es cierto que no está dentro del convenio, pero se expresó en cada reunión, es la demanda que el ayuntamiento mantiene en contra de los compañeros que participamos en la movilización para el cierre definitivo del basurero, pero eso ni siquiera se habló en la sesión de cabildo”. 

El convenio lo firmaron las autoridades federales, estatales y municipal: el director de Contacto Ciudadano de SEMARNAT, Yves Eduardo Gonzáles Villa; subdelegado de programas para el desarrollo del gobierno federal en Zacatecas, José Luis González  Orozco; la encargada de despacho de Profepa Zacatecas, Lourdes Angélica Briones Flores;  la  secretaria General de Gobierno de Zacatecas, Gabriela Evangelina Pinedo Morales;  la Secretaria del Agua y Medio Ambiente (SAMA), Susana Rodríguez Márquez; el presidente municipal de Tlaltenango, Salvador Arellano Anaya; y representantes de la comunidad de Cicacalco. 

Clarisa Trejo cuestiona el convenio: “Desde su origen, dejó muchas complejidades: como los tiempos de respuesta de las dependencias, las omisiones por parte de las mismas, la revisión administrativa del caso, la transparencia y rendición de cuentas. Pero, sobre todo, la aplicación de medidas de urgente aplicación que en cuanto se firmó, dejaron de ser urgentes”. 

“Sin una argumentación clara, con muchos huecos y recovecos, pero mostrado como un paso decisivo para la resolución de la problemática, el convenio solo sirvió para justificarse, mostrarles avances a sus jefes y dejarlo en el olvido. Estamos estancados en los puntos que no se han realizado a más de un mes de la firma del convenio, el cual, denunciamos, se ha incumplido por parte de las autoridades, a quienes no les interesa solucionar de fondo la contaminación que se ha estado suscitando desde hace más de tres años. A la fecha, las autoridades no han explicado por qué no han dado seguimiento, dado que la información sigue sin fluir hacia nosotros, aun cuando hemos solicitado por medio de oficios al municipio, y a las autoridades tanto estatal como federal. Simplemente no dan respuesta a nuestras solicitudes”, denuncia.