El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández es juzgado por narcotráfico en Estados Unidos y probablemente será sentenciado. Pero del mayor daño que causó en su país quedará impune

Por Alberto Nájar / X: @anajarnajar

Desde 2004 cambió la vida de los pueblos Garífuna que habitan la región costera al Atlántico en Honduras.

En sus comunidades empezaron a construirse grandes ranchos con murallas que impedían conocer de la vida de sus habitantes.

Luego aparecieron camionetas con personas armadas, y después a las propiedades de sus nuevos vecinos empezaron a aterrizar avionetas, que permanecían en tierra algunas horas y luego se marchaban.

Hasta allí todo parecía más o menos normal. La zona donde se asientan los pueblos Garífuna es de las más bellas de Honduras, con costas de aguas tranquilas, exuberante vegetación y pesca en abundancia.

Era común la llegada de personas adineradas que construían sus casas de descanso, o inclusive de desarrollos turísticos que abrieron la puerta a miles de vacacionistas.

Inclusive la presencia de personas armadas se veía con cierta tolerancia:

Honduras era uno de los países más violentos de Centroamérica, que en ese 2004 empezaba a sufrir la invasión de pandillas de maras que huían de la persecución y mano dura de El Salvador.

Pero las alarmas se encendieron en pocos años, cuando desaparecieron algunos campesinos que protestaban por la invasión a sus tierras.

Luego se perdieron algunas adolescentes, y casi enseguida aparecieron los cuerpos asesinados de jóvenes estudiantes.

La situación empeoró a partir de 2014, cuando una veintena de vecinos del poblado Vallecito fueron secuestrados.

Entre las víctimas se encontraban algunos activistas por los derechos de los Garífuna, un pueblo afrodescendiente que desde hace más de 200 años vive el acoso de los mestizos hondureños.

Desde entonces Vallecito vive bajo custodia militar, en acatamiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

En Vallecito ya parecen acostumbrados a vivir entre tres filos de una peligrosa navaja:

Por un lado, en su territorio se encuentran los cultivos de palma africana propiedad del Grupo Dinant, fundada por Miguel Facussé, quien fue una de las personas más ricas de Honduras y señalado de promover masacres de campesinos para despojarlos de sus tierras.

La familia del empresario fue acusada de contaminar las fuentes de agua de Tegucigalpa y la región Garífuna. Las denuncias fueron archivadas y los fiscales que las promovieron fueron destituidos.

En el otro lado de sus tierras, los vecinos de Vallecito conviven con los ranchos de los Montes Bobadilla, la familia de narcotraficantes más peligrosa de Honduras por quienes el gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares por su captura.

Al mismo tiempo existe la certeza de que todos los movimientos de los Garífuna, especialmente sus líderes y activistas pro derechos humanos, son espiados por los militares que los cuidan.

La vida de esta comunidad cobra relevancia en estos días, cuando empezó en Estados Unidos el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Y es que la historia política del personaje es paralela al camino de violencia que han seguido Vallecito y miles de comunidades y barrios hondureños.

En 2004 JOH, como se conoce al expresidente en su país, fue reelegido como diputado en el Congreso. El mismo año que llegaron los primeros narcos al territorio Garífuna.

Una década después, en 2014, empezó su primer período como presidente tras unas cuestionadas elecciones, con acusaciones de fraude y ataques a sus opositores.

La historia se repitió tres años después, cuando se reeligió en el cargo a pesar de que lo prohíbe la Constitución hondureña.

En el proceso que se sigue en Nueva York contra el exmandatario se ha señalado que JOH utilizó sus ganancias en el narcotráfico para ganar los comicios de 2017.

La fiscalía lo acusa de ordenar a militares y policías custodiar cargamentos de cocaína para el Cartel de Sinaloa, así como recibir al menos un millón de dólares de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo.

El expresidente también es señalado de proteger, junto con su hermano Tony, el cultivo de hoja de coca y laboratorios para transformarla en cocaína.

Algunas de estas plantaciones son vecinas de Vallecito.

Ciertamente no hay evidencias de que JOH tuvo relación directa con los ataques a la población garífuna.

Pero tiene responsabilidad en la involución social que padecen: la red criminal que tejió desde la presidencia de Honduras atrapó a los afrodescendientes.

En el epílogo de esta historia hay una cruda realidad: Juan Orlando Hernández es juzgado por supuestos daños a los estadounidenses.

Pero de la violencia y muerte a la que condenó a una de las poblaciones más vulnerables de Centroamérica, quedará impune.