Miles de haitianos salen a las calles en contra de una nueva presencia de militares de la ONU y la invasión de las principales potencias, mientras se profundizan la crisis económica y el régimen instaurado en el país tras el asesinato del presidente Jovenel Moise

Texto: Jackson Jean / El Grito del Sur

Fotos: Cortesía de El Grito del Sur

HAITÏ.- Con un tuit de la Oficina de las Naciones Unidas se informó al pueblo haitiano que Ariel Henry, acusado de ser cómplice en el asesinato del presidente Jovenel Moise, dirigirá el país como primer ministro de facto. Desde hace más de un año, está en el poder presidiendo sólo por decreto y por un lapso incierto. Todo esto en un país que no tiene Corte Suprema de Justicia y Poder Legislativo debido a sus caducidades. Sin embargo, las bandas armadas van conquistando cada vez más zonas estratégicas mientras aterrorizan a la gente.

Todas las zonas acaparadas contarían con reservas de petróleo o de otras minas. La inflación, por otro lado, sigue disminuyendo el poder adquisitivo de las personas. La gran mayoría de la población dependen de algún familiar en el extranjero y de la venta popular.

En ese marco el pueblo haitiano está hace casi un mes ocupando la calle. Denuncian la complicidad del gobierno con el sector privado, las bandas armadas y la llamada comunidad internacional. Los acusan de “provocar voluntariamente todos estos caos” a los fines de mantenerse en el poder. También leen intenciones de defender los intereses de la oligarquía y los intereses de las potencias. 

El gran bloque opositor

Tras el magnicidio ocurrido el 30 de agosto de 2021, varias organizaciones populares haitianas firmaron el Acuerdo de Montana. Este acuerdo tiene el objetivo de “romper con el régimen de extrema derecha (PHTK)” y salir de la crisis constitucional. Pretenden establecer un nuevo gobierno provisorio bicameral. A partir de este hecho, los protagonistas del acuerdo entraron en oposición con el gobierno de facto de Ariel Henry. 

“Esta deuda social encuentra su sentido en la ausencia de servicios básicos para toda la población haitiana sin distinción. Se refuerza con la exclusión, la miseria y el odio social de la mayoría de la población”, dijo Fritz Alphonse Jean, el presidente designado por la Transición. 

Por otro lado, la Plataforma Política “Pitit Desalin” (PPPD) también exige la partida del gobierno de Ariel Henry. Esto, pese a las divergencias que tiene con los líderes del acuerdo de Montana. Ambos coinciden en que Henry es incapaz de resolver los problemas de inflación, inseguridad y organizar las elecciones. 

“El pueblo haitiano ya no puede soportar más esta miseria y sufrimiento. Este gobierno no ha hecho ninguna mejora frente a esta situación. Como resultado, Ariel Henry y su equipo deben irse y dar paso a otros líderes”, dijo Moise Jean Charles, Leader de PPPD. 

En consecuencia, el gobierno criminaliza y reprime a los dirigentes populares y militantes políticos. Los mismos que desde hace casi un mes lanzaron una operación popular conocida como “Peyi Lok” (País Cerrado) y “Bwa Kale” (Desobediencia Civil) debido a las represiones policiales en las marchas pacíficas. También denunciaron el silencio gubernamental sobre las exigencias del sector popular. 

Estas operaciones populares se extendieron en todo el país cuando el gobierno decidió aumentar el nuevo precio del gas. Por lo tanto, ni siquiera puede distribuirlo con su precio duplicado. El motivo estriba en que las bandas armadas federadas denominadas “G9” están controlando las zonas donde se encuentra la central “Varreux”. Esto causa una escasez de petróleo en todo el país, afectando también la provisión de agua, la comida, el transporte y la electricidad. 

Los «amigos» de Haití

A través de un decreto el primer ministro autorizó a «solicitar y obtener de los amigos internacionales de Haití un apoyo efectivo a través del despliegue inmediato de una fuerza armada especializada, en cantidad suficiente para detener, en todo el territorio, la crisis humanitaria causada, entre otras cosas, por la inseguridad resultante de las acciones criminales de bandas armadas y sus patrocinadores».

Allí aparece el apoyo de la Oficina Integradora de las Naciones Unidas (BINUH) y el Core Group (Embajadas de Alemania, Brasil, Canadá, España, EE.UU., Francia, UE, OEA). 

Desde las organizaciones populares APDA, l’UNNOH, le MOLEGHAF, Konbit, Fanm Vanyan, la CNOHA y KASIL dijeron que “el actual representante de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) es el instigador de una federación de bandas armadas con prácticas terroristas en todo el país, donde el secuestro se ha vuelto cotidiano y refleja otra señal del fracaso de las misiones de la ONU (…) la tendencia observada entre los representantes de tres estados miembros permanentes del Consejo (Francia, Estados Unidos de América, Reino Unido) es el entusiasmo por renovar una nueva misión ilegal e inconstitucional de la ONU en Haití con miras supuestamente a estabilizar el país dominado por pandillas pero federado por ellas, para alimentar y reforzar la inseguridad hasta el caos».

Haití contra la militarización y el intervencionismo

Miles de haitianas y haitianos también salen a las calles en contra de una nueva presencia de militares de las Naciones Unidas, o de algunos países particulares. Sus razones están en que el país ya conoció más de 10 misiones de la ONU. Y la última no hace más que empeorar al país social, política y humanitariamente. La ONU reconoce su fracaso, pero nunca hubo reparación. 

Cabe mencionar que los contingentes de las fuerzas de las Naciones Unidas han cometido actos de abusos de autoridades. También han destruído bienes privados y cometido robos. A la vez, han infectado a más de 300 mil personas con el brote de cólera. Los abusos sexuales de mujeres, y su abandono, también ha sido recurrente.

Aunado a ello, también han participado en los fraudes electorales que facilitaron el establecimiento del nuevo régimen de extrema derecha PHTK. Asylos blanqueamientos de dinero bajo la bandera de asistencia humanitaria por las ONGs y organizaciones internacionales tras el terremoto. 

En estas manifestaciones contra la injerencia internacional y el rechazo del intervencionismo, impulsado principalmente por la embajadora de Estados Unidos, Pamela Ann White y el secretario de la ONU, Antonio Guterres, la policía utiliza gases lacrimógenos y dispara balas de plomo. Según reportan los medios locales, al menos un manifestante murió en la represión y hubo varios heridos esta semana.

El jueves 9 de octubre, Henry escribió una carta al secretario general de la ONU pidiéndole a la ONU que interviniera militarmente en el país. En oposición, los líderes populares independientes y los integrantes del Acuerdo Montana anunciaron movilizaciones generales en todo el país. La plataforma Pitit Desalin también anunció que se manifestará frente a la embajada de los Estados Unidos, ya que éste «es el país que lidera la invasión en Haití”. Esta mega manifestación será el 17 de octubre en el marco del día que asesinaron al libertador de Haití, Jean Jacques Dessalines. Esto causó que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cambiara la fecha de su resolución acerca de este tema, la cual era para esta misma fecha. Se pasó para el 21 de octubre. 

En definitiva, más allá de las diferencias, todos los actores políticos populares unieron sus fuerzas detrás de tres reivindicaciones: Ariel Henry debe abandonar el poder por su inconstitucionalidad e ilegitimidad o por incompetencia; No a la intervención/injerencia de las organizaciones internacionales o países extranjeros; Una solución por y para las y los haitianos para que el país retome el Estado de Derecho.

*Este texto se publicó originalmente en EL GRITO DEL SUR. Aquí puedes consultar la versión original.