En el legislativo, la discusión en torno a la cannabis parece haber quedado en el olvido, sin embargo, a nivel local, se dieron los primeros pasos para descriminalizar el consumo de la planta en espacios públicos, como sucede en otros países y en un sentido similar a la Ley General para el Control de Tabaco

Por Adrián Jiménez y Monserrat Angulo* / ReverdeSer Colectivo

En décadas recientes, hemos experimentado un cambio significativo en el abordaje y el diseño de políticas públicas en materia de cannabis a nivel mundial. En esta nota presentamos un resumen de los últimos avances que están teniendo lugar en México en lo que va del presente año. En el legislativo, la discusión parece haber quedado en el olvido, sin embargo, a nivel local, se dieron los primeros pasos para descriminalizar el consumo de la planta en espacios públicos, como sucede en otros países y en un sentido similar a la Ley General para el Control de Tabaco.  

A nivel federal, el segundo periodo de sesiones de la Legislatura LXV concluye el próximo 30 de abril y con él las posibilidades de que el Poder Legislativo apruebe las reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, y expida la Ley Federal de Regulación del cannabis. Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobará la Declaratoria General de Inconstitucionalidad (DGI), que terminó con la prohibición administrativa en 2021, este poder ya no tiene ninguna presión externa que le exhorte a modificar estas leyes. 

A pesar de la falta de voluntad política para que el tema sea retomado en la agenda legislativa, distintas senadoras y senadores se han pronunciado a favor de aprobar una ley integral con perspectiva de derechos humanos. Además, se han organizado cuatro eventos que pueden configurar un escenario positivo para que al menos en esta Cámara se discuta y apruebe un nuevo dictamen antes de finalizar el periodo de sesiones.  

En este contexto, se han presentado dos iniciativas más, una a finales del año pasado, por parte del grupo parlamentario conformado por todos los partidos políticos, la cual retoma elementos del dictamen que aprobaron en esa misma Cámara en noviembre de 2020. La otra, por parte del senador César Cravioto, del partido de Morena, quien entregó una versión en enero de este año. A raíz de esta última, se han llevado a cabo reuniones con colectivos de personas usuarias y organizaciones de la sociedad civil para modificar la propuesta inicial. 

Por otra parte, a mediados de febrero, la Comisión de Justicia -que ha coordinado la elaboración del proyecto de dictamen desde 2019- circuló una supuesta nueva versión del dictamen con las demás Comisiones dictaminadoras, de Salud y Estudios Legislativos Segunda. Sin embargo, el tardío nombramiento del nuevo presidente de la Comisión de Justicia, después de que el senador Menchaca se fuera a competir por la gubernatura de Hidalgo, retrasó el proceso de discusión, por lo que el proyecto no fue reconocido y terminó siendo una salida en falso. 

Asimismo, aunque han disminuido  en cantidad y frecuencia, los foros que mantienen viva la discusión interna, a finales de marzo, la senadora Cora Cecilia Alonso, del PT, organizó un espacio de diálogo titulado: La regulación del cannabis y las oportunidades para el desarrollo de una industria del Cáñamo en México. En este evento participaron representantes de la industria del cáñamo; integrantes de Tetecala, agrupación que busca ser la primera comunidad indígena de personas cultivadoras de cannabis; y organizaciones pertenecientes a la coalición #RegulaciónPorLaPaz, como ReverdeSer Colectivo y el Instituto RIA, quienes reiteramos la urgencia de regular el mercado incorporando principios de justicia social y medidas de reparación del daño. 

Por otra parte, a nivel municipal, se dio un avance histórico en la descriminalización de las personas usuarias de cannabis. Las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez reconocieron que el consumo de la planta en vía pública no está “prohibido”, en conformidad con las reglamentaciones locales y el piso mínimo planteado por la Suprema Corte en la DGI. El documento público señala que el consumo no podrá ser sancionado siempre y cuando no se realice en espacios libres de humo, frente a menores de edad y de personas mayores de edad que no hayan dado su consentimiento explícito. De cualquier forma, la policía no podrá detener a las personas usuarias sino solo pedirles que se retiren.

Este reconocimiento por parte de las autoridades estatales tiene como antecedente las detenciones arbitrarias de personas activistas de la comunidad cannábica, quienes después de una marcha pacífica fueron retenidas en las instalaciones de la policía municipal alegando alteración al orden público. Si bien la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un principio señaló que solo detendrían a aquellas personas en posesión de cannabis para fines de venta, esto no se comprobó en ninguna de las detenciones mencionadas, por lo que fueron liberadas y además, se instalaron mesas de trabajo con autoridades locales, las cuales tuvieron como resultado esta medida afirmativa.

Por último, y en el marco del “4-20”, desde la Coalición #RegulaciónPorLaPaz presentamos, ante un amplio grupo de senadoras y senadores, nuestra propuesta: Hacia una regulación por la paz. Este documento se compone de tres partes, donde señalamos el recorrido histórico para llegar al momento actual; los principios que deben regir el modelo de regulación, y finalmente una serie de recomendaciones basadas en argumentos con mínimos indispensables para la construcción de paz en México.

Durante la conferencia de prensa, realizada en el patio central del Senado de la República, las senadoras, Cora Pinedo y Patricia Mercado, junto al senador oaxaqueño, Adolfo Gómez, coincidieron en que la regulación de la planta no puede esperar más, y que  si bien han existido esfuerzos para generar un consenso interno entre las Comisiones dictaminadoras, es fundamental reactivar la discusión para que por fin se vote y apruebe una iniciativa integral en beneficio de la población. 

Esperamos que estos insumos nos lleven, al término del periodo legislativo o en el periodo extraordinario de sesiones, a un dictamen que pueda ser turnado nuevamente a la Cámara de Diputados. 

*Integrantes de ReverdeSer Colectivo y la Coalición #RegulaciónPorLaPaz