Este domingo 25 de junio hay elecciones presidenciales en Guatemala. Pero el escenario es pesimista: los candidatos favoritos forman parte de la élite que ensangrentó al país durante décadas

Tw: @anajarnajar

Efraín Ríos Montt nunca esperó vivir ese momento.

Sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Primero de Mayor Riesgo de Guatemala, el exmilitar escuchó a la jueza Carol Patricia Flores la decisión de someterlo a juicio por crímenes de lesa humanidad.

Era el 26 de enero de 2012, un día histórico para ese país, azotado por un largo y oscuro período de represión, masacres, desapariciones e intentos de genocidio por las dictaduras militares que le gobernaron por décadas.

La más sangrienta fue la de Ríos Montt. En su período como dictador (1982-1983) más de diez mil personas fueron asesinadas.

Todo el pueblo maya Ixil tuvo que exiliarse en México ante el intento de exterminio ordenado por el dictador, convencido de que los indígenas colaboraban con la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG).

El juicio contra el genocida fue la primera de una serie de victorias de la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig), creada por naciones unidas para restablecer la paz y democracia en la nación, una de las más pobres de Latinoamérica.

En 2015 se presentó el caso La Línea, una red de corrupción entre empresarios y funcionarios que llegó al más alto nivel.

De hecho, el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti fueron encarcelados.

La Guatemala de esos años era un faro de esperanza en el páramo de injusticia que existe en América Latina.

Pero la luz guía se apagó ese mismo año cuando fue elegido como presidente Jimmy Morales, quien durante se gobierno se encargó de revertir todos los avances que se habían conseguido desde el fin de la Guerra Civil, en 1996.

El comediante –conocido como El Chespirito guatemalteco- expulsó del país a la Cicig y ordenó una investigación judicial contra la exfiscal General Thelma Aldana, una de las piezas centrales en la cruzada anticorrupción de la Cicig.

El retroceso se profundizó durante el siguiente gobierno encabezado por el actual presidente Alejandro Giammattei, apoyado por exmilitares, políticos y empresarios vinculados con las dictaduras y genocidios.

Este domingo 25 junio es la primera vuelta para elegir al nuevo presidente de Guatemala, pero no hay esperanzas de cambio.

Los tres candidatos con más posibilidades forman parte de la élite conservadora que desató la Guerra Civil y era perseguida por la Comisión Internacional de la ONU.

Quienes encabezan las encuestas tienen una larga historia de corrupción y violencia.

La favorita es la exprimera dama Sandra Torres quien en 2011 se divorció de su esposo, el entonces presidente Álvaro Colom, para tratar de quedarse con el cargo.

Las leyes de Guatemala prohíben que familiares directos del mandatario en turno busquen la presidencia, y por eso la separación de Torres.

La Corte de Constitucionalidad invalidó su candidatura al considerar que la exprimera dama cometió fraude a la ley.

Sandra Torres fue acusada de asociación delictuosa y financiamiento electoral ilícito. De hecho, estuvo encarcelada durante varios meses y después sometida a arresto domiciliario hasta que el caso fue cancelado por los tribunales.

La candidata, postulada por Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) es partidaria de la mano dura:

Prometió repetir en Guatemala la polémica estrategia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra las pandillas de maras.

Su primera acción de gobierno, jura, será construir cuatro nuevas cárceles.

El segundo candidato con más respaldo en las encuestas es el abogado, diplomático y periodista Edmond Mulet, de 72 años.

Para participar en la contienda electoral fundó su propio partido Cabal, una expresión coloquial guatemalteca para decir “exacto” o “correcto”.

El personaje encabezó 22 misiones de alto nivel en la Organización de Naciones Unidas, y suele repetir que gobernar Guatemala será su “misión 23”.

Quién sabe si pueda hacerlo, porque al adulto mayor le persigue su pasado. En la década de los 80 Mulet fue encarcelado bajo sospechas de pertenecer a una red de adopciones ilegales para parejas de Canadá.

El abogado salió libre en poco tiempo. Desde entonces repite que se limitó a enviar a menores guatemaltecos a Canadá con visa de turista, “un procedimiento legal y común”.

Lo que oculta el ahora candidato presidencial, es que en la época del escándalo más de 35 mil niños y niñas de Guatemala –muchos de ellos indígenas- fueron entregados irregularmente en adopción.

La tercera favorita es Zury Ríos, hija del dictador genocida y quien no se cansa de repetir su hartazgo por la reiterada vinculación de su imagen con las atrocidades de su padre.

Ríos es una entusiasta promotora de la represión y mano dura contra los movimientos sociales, a los que considera parte de la delincuencia organizada en su país.

Al igual que el actual presidente Giammattei, la candidata tiene el respaldo de militares acusados de masacres y violaciones de derechos humanos, especialmente contra pueblos originarios.

El movimiento que la postula es la coalición de extrema derecha Valor-Unionista.

Zury Ríos es la principal promotora para Guatemala del modelo represivo de Bukele, y en múltiples ocasiones ha repetido que de ser elegida presidenta aplicará la misma estrategia que siguió su padre, de quien dice “es mi principal fuente de inspiración”.

En la contienda participan otros 20 candidatos, pero el perfil de la mayoría es similar al de los favoritos según las encuestas.

Así, el escenario es nada positivo para Guatemala, el país que hace unos años era modelo en la lucha contra la impunidad, y que ahora es un espejo de la involución que acecha a Latinoamérica.