El gobierno guatemalteco decidió acotar el acceso a 80 millones de documentos policiacos que podrían dar luz a la resolución de cientos de desapariciones y otros posibles crímenes cometidos por elementos de seguridad del Estado durante el conflicto civil

Texto y fotos: Ximena Natera

El descubrimiento del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) en Guatemala bien podría haber salido de un guión de ficción. El 5 de julio de 2005, la Procuraduría de los Derechos Humanos realizó un operativo antiexplosivos en un predio que albergaba la carcasa de un hospital a medio construir y abandonado desde los años 80, que con el tiempo se había convertido en un tiradero de chatarra y cascajo.

La revisión fue en respuesta a las demandas de los vecinos de la zona. Corría el rumor de que en el lugar quedaban aparatos explosivos, herencia de los años del conflicto armado (1960-1996), cuando había sido usado como cuartel de operaciones de la Guardia de Hacienda y la Policía Militar Ambulante.

No habían bombas. Pero sepultado entre montañas de chatarra los funcionarios encontraron un tesoro: millones y millones de archivos con un registro minucioso de la actividad de la extinta Policía Nacional, un cuerpo de seguridad que había sido central en el control de la población durante el régimen militar. 

“No hay ninguno similar en ninguno de otros hallazgos que ha habido de estructuras de seguridad de estado en ningún país de Latinoamérica. Son alrededor de 80 millones de folios”, dijo a Pie de Página Alberto Fuentes, integrante de la Coordinación del Archivo Histórico, durante una entrevista en noviembre de 2017. 

“Era nuestra historia tratada como basura”, señaló esa vez Fuentes, quien además fue una de las primeras personas en llegar aquella noche y junto a una docena más de voluntarios mantuvieron una vigilia durante semanas para proteger el archivo. Desde entonces Fuentes y un equipo de hasta 200 archivistas y restauradores se han dedicado a restaurar y proteger los documentos. Su eje rector: hacer del archivo un acervo al alcance de cualquier ciudadano. 

Durante estos 14 años, sin embargo, el Archivo ha permanecido en un estado legal vulnerable, aunque técnicamente está bajo la autoridad federal por tratarse de los registros de una compañía de seguridad estatal, el gobierno se hizo a un lado. Su restauración y mantenimiento ha dependido financieramente de instituciones internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que sostuvo el proyecto desde 2009 hasta el 1 de julio pasado. Después de una tensa negociación con el gobierno guatemalteco decidieron no renovar el acuerdo. 

Un día después, la administración actual anunció que de ahora en adelante el acceso al público del archivo será restringido y regulado por el Ministerio de Cultura y Deportes quien asumió el control del archivo. A partir de julio, los datos del acervo tendrán que ser pedidos a través del sistema de información pública y el ministerio tendrá derecho a restringir la información si es considerada sensible. 

La amenaza contra la independencia del Archivo ha sido latente desde finales de 2018, cuando su director por 11 años, Gustavo Meoño Brenner, fue despedido y asediado con una campaña de desprestigio desde la administración de Jimmy Morales. Entre los ataques, se acusaba a los encargados del archivo de entregar información a instituciones extranjeras, como la universidad de Texas, que alberga la versión digitalizada de los 24 millones de archivos procesados hasta ahora. 

En un comunicado emitido en mayo pasado, la Asociación de Amigos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), denunció que desde el gobierno se “están realizando acciones concretas que podrían significar la destrucción del AHPN”, una acción que pone en riesgo los procesos de justicia destinados al esclarecimiento de la verdad sobre lo ocurrido durante la guerra civil que se extendió por más de 30 años.

Para entender la importancia del acervo hay que contar que en 1997, un año después de la firma de la paz que terminó con una guerra civil de 36 años, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico pidió a la presidencia de ese país el acceso al archivo de la policía, con el fin de determinar el grado de responsabilidad de la institución en los miles de crímenes de guerra cometidos por el Estado.

Álvaro Arzú, presidente en ese momento y posteriormente acusado corrupción, negó la existencia de cualquier tipo de registro. El hallazgo abrió un boquete en la verdad histórica y una pequeña ventana de esperanza de justicia para las víctimas y sobrevivientes.

El AHPN ha creado una comunidad cercana. Por años las personas han acudido al archivo a buscar información que les dé pistas sobre qué pasó con sus seres queridos, incluso algunos de sus trabajadores son sobrevivientes o familiares de víctimas de la guerra.

Alejandra Cabrera, periodista política, es una de ellas. Hija de padre y madre secuestrados y desaparecidos por el Ejército, visita con frecuencia el AHPN.

“Busco información acerca del seguimiento que sé que tuvieron ellos desde la contrarrevolución en 1954 y que termina con el secuestro del 1 de marzo de 1984”, cuenta.

Una de los revelaciones más importantes del archivo es que el Estado utilizaba los sistemas de inteligencia para controlar la vida de los ciudadanos.

“Encontramos que la policía tenía registros, algún control sobre más del 30 por ciento de los adultos del país. Éramos 8 millones de habitantes y hasta ahora hemos recuperado fichas de un millón 270 personas”, explica Alberto Fuentes.

Para personas como Alejandra Cabrera, encontrar información sobre sus padres es como buscar una aguja en un pajar, si ese pajar estuviera formado de 80 millones de otras agujas. El problema, explican los trabajadores, es que hasta ahora ninguno de los folios recuperados menciona abiertamente órdenes de ejecución, secuestro o desaparición. 

En su lugar la policía usaba códigos llenos de eufemismos, descifrarlos ha llevado tiempo. Sin embargo, hasta ahora se ha podido probar que entre 1975 y 1985, los años más violentos de la guerra, la Policía Nacional detuvo de manera ilegal a cualquier ciudadano que era considerado subversivo y luego los entregaba al Ejército. Para organizaciones de derechos humanos y colectivos de víctimas, el archivo significa una oportunidad de construir casos judiciales contra los criminales del conflicto, algunos de los cuales siguen en el gobierno.

En un informe publicado por Amnistía Internacional en los primeros días de este mes, la organización advirtió que «en los últimos dos años, las más altas autoridades de Guatemala han emprendido una serie de acciones para frenar los avances de la última década en materia de acceso a la justicia. Esto pone en jaque los derechos humanos y el estado de derecho». En este contexto, las nuevas medidas tomadas para restringir el acceso ciudadano al archivos se suman a las trabas que los guatemaltecos tendrán que sortear en la búsqueda de verdad y justicia.

“Lo que yo busco es justicia, dignificación, memoria, visibilizar los hechos, obviamente lo primero que busco son los restos de mi papá, sé que va a ser muy difícil, pero sí que quede un registro, pelear contra del olvido”, dice Alejandra.

*Con información extra de Lorena Vega

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