Las élites de Guatemala fracasaron, por ahora, en su intento de sacar de la contienda presidencial a un candidato peligroso para sus intereses. Una lección que deberían aprender, pero no es seguro que entiendan el mensaje

Tw: @anajarnajar

Guatemala. En las elecciones para elegir al nuevo presidente un candidato poco conocido se ubica en el segundo lugar de las votaciones.

Se trata de Bernardo Arévalo, postulado por el naciente partido Movimiento Semilla, que tiene a la lucha contra la corrupción como su bandera central.

Los perdedores reclaman un presunto fraude en el conteo de los votos. La queja no prospera: el Tribunal Supremo Electoral declara como legales los resultados:

La exprimera dama Sandra Torres, candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) obtuvo el 15 por ciento de los votos.

Arévalo, hijo del expresidente Juan José Arévalo, alcanzó el 12 por ciento de la votación.

Ninguno obtuvo el respaldo suficiente para ser declarado presidente, por lo que deberán contender en una segunda vuelta electoral el próximo 20 de agosto.

Sin embargo, el mismo día que el TSE anunció la validez de la votación, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) solicitó la cancelación del registro legal de Movimiento Semilla, lo que implicaría sacar de la contienda a su candidato presidencial.

La Feci es parte del Ministerio Público de Guatemala que en el último año ha sido objeto de fuertes críticas por la comunidad internacional.

El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones civiles señalan falta de independencia y le acusan de archivar las denuncias de corrupción que se han presentado contra el presidente Alejandro Giammattei.

También advierten que el MP mantiene campañas de acoso y persecución contra jueces, fiscales, abogados y periodistas que llevan a cabo investigaciones contra el presidente.

El Ministerio Público está encabezado por la controvertida fiscal Consuelo Porras y su mano derecha es Rafael Curruchiche.

Ambos son acusados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de ser dos de los máximos responsables de la corrupción institucional en Guatemala.

El candidato Arévalo advirtió a medios internacionales que se trataba de “un golpe de estado técnico”.

Sandra Torres fue más allá. Suspendió su campaña y acusó al presidente Giammattei de poner en riesgo la estabilidad democrática de Guatemala.

“Vemos con mucha preocupación un presidente que está escondido. Que salga a dar la cara por lo que está sucediendo en nuestro país”.

Al final del día la intentona del MP fracasó.

La Corte de Constitucionalidad concedió un amparo al Movimiento Semilla con lo que se garantiza –por ahora- que el candidato Arévalo reinicie su campaña, y su nombre aparezca en la boleta de la segunda vuelta electoral.

La decisión ocurrió el mismo día en que miles de guatemaltecos protestaron en las calles de varias ciudades, una movilización que no se había visto desde ña crisis política de 2015.

Ese año la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig) acusó penalmente al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti de encabezar una red de corrupción y tráfico de influencias.

Los funcionarios fueron sentenciados a 16 años de prisión, algo inédito en la historia de Guatemala. Pero la esperanza de un cambio duró poco.

El sucesor de Pérez Molina, el comediante Jimmy Morales, virtualmente expulsó a la Cicig del país e impulsó una serie de reformas legales para revertir los avances del sistema de justicia.

Alejandro Giammattei, encarcelado hace varios años por proteger a un grupo armado que asesinó a decenas de presos en la cárcel que dirigía, siguió por la misma ruta que Morales.

Un ejemplo es el intento de sabotear las elecciones presidenciales. Algunos creen que su objetivo era crear condiciones para mantenerse en el poder durante más tiempo. No lo ha conseguido.

En el fondo lo que sucede en ese país es una muestra de la profunda resistencia al cambio de las elites políticas, económicas y militares que controlan al país.

Grupos que ven a Bernardo Arévalo como un peligro para Guatemala. Para ellos la bandera del candidato de combatir a fondo la corrupción es un riesgo.

Tampoco les gusta la condena internacional que hubo ante el golpe de estado técnico que pretendía aplicarse.

Pero lo que más les inquieta es la creciente popularidad del candidato. Antes de la primera vuelta electoral las encuestas pronosticaron que no podría conseguir más del 5 por ciento de los votos.

Obtuvo más del doble, y tras la maniobra para sacarlo de la contienda es previsible que aumente su respaldo.

¿Realmente el hijo de un expresidente puede cambiar el corrompido sistema político de Guatemala?

Es complicado, pero más allá de sus intenciones o capacidades la mirada debería concentrarse en lo que ocurrió a su alrededor:

La mayoría de quienes votaron por Arévalo estaban hartos del sistema que les gobierna.

Y la reacción internacional, especialmente de Estados Unidos y Europa es un mensaje de que los tiempos en que se toleró abusos y violencia de las élites guatemaltecas ya terminaron.

Hoy el costo de volver a ese pasado de dictaduras y represión será muy alto.

Los todavía poderosos de Guatemala deben mirarse en el espejo de su vecino, Honduras, donde el expresidente Juan Orlando Hernández está encarcelado en Estados Unidos acusado de narcotráfico.

Hernández formaba parte de la élite de su país. Igualito a los poderosos de Guatemala que, por ahora, fracasaron en su intento de perpetuar su gobierno.