Familias de Cuba, Ecuador, Venezuela y Nicaragua que habían solicitado refugio en México fueron encerradas en Minatitlán, Veracruz, de manera ilegal. Algunas personas ya escaparon, otras cumplen 18 días privadas de su libertad

Texto: Eirinet Gómez / La Marea

Fotos: Especial

VERACRUZ.- Después de echar vistazo rápido a su alrededor, como cerciorándose de que nadie lo observa, el hombre de 40 años regresa la vista a la cámara del teléfono celular y luego de dar su nombre, denuncia la retención ilegal en la que se encuentran desde hace 15 días y pide ayuda a las autoridades para que le devuelvan su libertad a él y su familia.

“Me encuentro en un refugio a puerta cerrada. Decían que era un refugio a puertas abiertas, pero no, es a puerta cerrada. Estoy con mi familia –hijos y esposa– pidiendo a las autoridades de México que nos dejen salir”, dice el hombre.

Enseguida, agrega: “Me dirijo a la COMAR porque aquí dicen que ustedes debían darme una constancia, para que ellos vean que estoy haciendo el trámite de solicitud de refugio, y ahora prácticamente me tienen secuestrado. Necesito que la COMAR me mande ese documento porque no me dejan ir a ningún lado, yo tengo 15 días aquí”.

Es un migrante que, junto con su familia, solicitó refugio formalmente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) después de salir de su país y ahora está retenido ilegalmente en Veracruz.

No son los únicos. Se trata de un grupo de 51 migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos –19 de ellos menores de edad– que cumplió 15 días retenido en un salón de fiestas llamado «Chilapeño», en Minatitlán, Veracruz, que el Instituto Nacional de Migración (INM), así como autoridades estatales y municipales, improvisaron como albergue.

En una docena de videos y varias fotografías hechos llegar a La Marea –y que se mantienen bajo resguardo para proteger la identidad de los extranjeros–, hombres y mujeres denuncian que efectivos de la Guardia Nacional resguardan el inmueble las 24 horas y no les permiten salir.

Su retención en un inmueble improvisado, que no forma parte de la infraestructura del Instituto Nacional de Migración, y por períodos que superan los 15 días, violenta la ley migración en México, que obliga a las instituciones a resolver su situación jurídica de acuerdo son las vías que establece la ley de Migración.

Albergue improvisado en una ciudad violenta

El salón social Chilapeño que fue improvisado como albergue para migrantes se encuentra en la calle Salvador Díaz Mirón, en la colonia Obrera de Minatitlán, una ciudad con temperaturas que oscilan entre los 35 y 39 grados centígrados y que está marcada por la violencia.

En abril 2019, por ejemplo, fue escenario de una venganza entre grupos delictivos rivales, que dejó 13 muertos, entre ellos un menor de edad.

En aquella jornada de violencia, un grupo de civiles armados ingresó a la palapa “La Potra”, un salón social donde se realizaba una fiesta, y asesinó a 13 personas, entre ellas a un menor de dos años de edad.

Las autoridades señalaron que la masacre ocurrió en medio de una disputa entre células del cártel Jalisco Nueva generación y Los Zetas, que buscaban controlar las plazas de Coatzacoalcos, Minati­tlán, Cosoleacaque y Acayucan.

Aunque eventos como este no se han repetido, todavía en 2021, Minatitlán figuraba entre los diez municipios más inseguros del estado con un registro de mil 268 delitos, según información del Gobierno Federal.

Las condiciones de violencia e inseguridad en territorio veracruzano no son exclusivas para los nativos del país. Ser población migrante, con un ingreso irregular en el país, puede hacerlos todavía más vulnerables.

Un reporte proporcionado vía transparencia por la Coordinación Nacional de Secuestro (CONASE), informó que en Veracruz se incrementó el secuestro de migrantes en los últimos tres años.

En respuesta a la solicitud de información 331001322000052, se detalla que de los 68 secuestros de migrantes registrados a nivel nacional, hasta mayo del 2022, el 77 por ciento ocurrieron en Veracruz, con 53 casos.

La situación en la que se encuentran las 51 personas migrantes genera desconfianza entre organizaciones de la sociedad civil y activistas por los derechos humanos después de que el reciente el robo de datos confidenciales a la Secretaría de Defensa Nacional (Serena) reveló vínculo entre la Guardia Nacional y el Cártel de Jalisco Nueva General (CJNG) para el tráfico de migrantes en el sur de Veracruz.

Dentro de los datos obtenidos por Guacamaya Liks, existe un apartado en donde se explica que la Guardia Nacional proporciona el libre tránsito a los traficantes de indocumentados previo a una clave que estos mencionan, “como medidas de identificación para las autoridades”.

En los archivos se consigna que la Guardia Nacional se coordina con tres mandos del CJNG identificados como “Rubens”, “Hamburguesa” y “Doña Yadi”. Y los tres estarían a cargo de transporte de personas de manera clandestina a Estados Unidos.

Bajo engaños

En los vídeos en manos de La Marea destacan las imágenes en las que se puede ver a 12 núcleos familiares –madre, padre e hijos- instalados en el interior del inmueble. En el suelo hay colchonetas donde los migrantes pasan la noche y en el techo están algunos ventiladores que no alcanzan para apaciguar el calor de las personas, que se ven sudorosas y se abanican con las manos o se limpia en sudor de la frente.

“Esto no es un refugio es un salón alquilado por migración a donde nos vinieron a lanzar como unos perros, en el fondo están los policías que custodian la puerta, porque no nos dejan salir (…) Ahorita hace un calor horrible, aunque tiene ventilación es insuficiente, esto es un infierno, hay niños con varicela, fiebre, en la mañana vino un médico por 15 minutos y se fue”, señala una mujer, que muestra las condiciones del albergue, mientras habla tras de cámara.

Entre los testimonios denuncian que hay menores de edad con varicela, fiebre, tos y asma, y no reciben la atención médica adecuada. También sobresalen otros donde se advierte que en los últimos días se han presentado algunos conatos de enfrentamiento entre los migrantes y personal de la Guardia Nacional que resguarda el inmueble.

“Hace unos días, una mujer de origen cubano trató de salir, ya desesperada de estar encerrada. A la policía no le importó que tuviera una niña en brazos, y la empujó”, dijo otra mujer que ofreció su testimonio a la cámara del celular.

En los videos también se observa que los migrantes argumentan que de acuerdo con la ley las autoridades mexicanas no pueden retenerlos más de 15 días, y por el contrario deberían resolver su situación jurídica de acuerdo son las vías establecidas legalmente.

Los testimonios sugieren que los migrantes fueron llevados con engaños hasta el inmueble, ya que les prometieron un albergue de puertas abiertas, aunque es de puertas cerradas.

“Nosotros tenemos 30 días para transitar libremente por el país. Nos dijeron que este era un albergue de puertas abiertas, pero es mentira que es de puertas cerradas. Ya tenemos aquí 15 días”, señala uno de los migrantes en el video.

“Ustedes no pueden tenernos retenidos aquí porque esto no es una instalación del Instituto Nacional de Migración (INM)”, señala otra persona migrante

Enfrentamientos con el Instituto de Migración

En otro material videográfico se observa a una persona con playera del Instituto Nacional de Migración advertir que tiene órdenes de su jefe de no permitir la salida de migrantes.

“Ya le preguntamos a nuestro jefe, y si da una orden nosotros tenemos que seguirla. Yo respeto las órdenes que me dan mis jefes, y nada más les digo lo que me dicen”, dice el funcionario mexicano a un puñado de migrantes que lo rodea y cuestiona sus dichos.

El albergue improvisado en un salón de fiestas en Minatitlán  fue instalado por el INM en coordinación entre autoridades municipales y Lutgarda Madrigal Valdez, Procuradora Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. En el sitio están albergando a familias con nacionalidades de no retorno, como Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.

De acuerdo con los datos oficiales, Veracruz es la tercera entidad con el mayor número de detenciones de migrantes en lo que va del 2022, sólo después de Baja California y Chiapas, de acuerdo con el boletín mensual de Estadísticas Migratorias que publica el Gobierno federal.

Según los datos oficiales, de enero a mayo del 2022, Veracruz acumuló 13 mil 385 migrantes detenidos, lo que lo ubica en la tercera posición nacional, después de Baja California, con 17 mil 425, y Chiapas con 39 mil 839.

Las otras entidades que integran el top cinco de las entidades con mayor número de migrantes detenidos en lo que va del año, son: Tabasco, con 11 mil 99 detenciones, y Coahuila, con 10 mil 919.

Y más atrás se encuentra Nuevo León con 8 mil 496, Tamaulipas con 7 mil 153, y Sonora con 6 mil 879 detenciones.

El tráfico de personas migrantes en Veracruz y en el corredor migratorio que atraviesa el país ha revelado su rostro más cruel en meses recientes, no sólo con la revelación de la colusión entre las autoridades con el crimen organizado, sino con acontecimientos como el hallazgo del tráiler de Texas donde 53 personas murieron asfixiadas después de que fueron abandonadas en un paraje.

11 de las victimas eran Veracruzanas y algunas de ellas, antes de morir, dejaron pruebas que dan algunos detalles de cómo funciona el tráfico de personas en la región. También fueron hallados documentos de personas que no estaban en el tráiler pero que también son migrantes y están en calidad de desaparecidos, como el caso de César García.

Según las últimas comunicaciones que las víctimas de la retención ilegal en Minatitlán tuvieron con La Marea, un grupo de personas logró librarse de la vigilancia de la Guardia Nacional y escapar. Sin embargo, otro grupo permanece en el encierro.

*Este trabajo fue publicado en LA MAREA, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leerla.