El artículo 21 de la Constitución no resolvió el dilema: donde la oposición lee “mando civil”, López Obrador lee “militar en activo”. Lo cierto es que la militarización, en marcha desde 2006, no ha traído la paz anhelada

@chamanesco

Civil o militar. Vaya dilema ése, en el que todos dicen tener la razón.

Acierta el presidente cuando afirma que sólo las Fuerzas Armadas pueden atender la emergencia: el país en llamas que le fue entregado en diciembre. Pero también tienen la razón los activistas ciudadanos y los especialistas que advierten que el fuego no se apaga con más fuego.

No miente el gobierno cuando afirma que las policías civiles no están preparadas para hacer frente a un país con 2 mil 800 homicidios dolosos por mes. Pero tampoco fallan quienes advierten que continuar con la militarización sepultará la posibilidad de contar, algún día, con una policía civil eficaz, profesional y sometida a controles de confianza.

No hay razones para dudar de la palabra de López Obrador, cuando jura que jamás ordenará al Ejército reprimir a la sociedad civil. Pero nada garantiza que, aún sin esa orden, puedan evitarse nuevos abusos de las Fuerzas Armadas como los registrados en los últimos años.

En febrero, se dijo que la Guardia Civil estará bajo el mando del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; pero, en marzo, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, presenta los uniformes que usará la corporación.

Un día, el ombudsman Luis Raúl González Pérez acude a Palacio Nacional para decirle al presidente que un mando con perfil civil sería “la cereza” en la nueva Guardia Nacional. Pero al día siguiente, cuando le preguntan a AMLO si será civil, militar retirado o militar en activo, éste responde sin titubeos: “activo”.

Justifica Ricardo Monreal que la reforma al artículo 21 de la Constitución otorga al presidente la facultad dedesignar al mando de la Guardia Nacional, incluso siendo un militar. Pero los senadores del PAN, PRI y MCaseguran que el mismo artículo ordena que, al estar adscrito a la Secretaría de Seguridad, el mando debe ser civil.

La misma reforma constitucional celebrada en febrero es hoy la manzana de la discordia.

Los senadores de oposición, que tan orondos festejaban haber cambiado el proyecto legislativo de López Obrador y haber “desmilitarizado” la Guardia Nacional, hoy se dicen timados. Mientras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declara que no hay burla alguna en la intención de nombrar a un general en activo.

¿Quién tiene la razón?

Textualmente, el artículo 21 recientemente reformado dice: “La Federación contará con una institución policial de carácter civil denominada Guardia Nacional, cuyos fines son los señalados en el párrafo noveno de este artículo: la coordinación y colaboración con las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación. La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.

Y, en el segundo transitorio, especifica: “El Ejecutivo federal dispondrá lo necesario para la incorporación de los elementos de las policías Militar y Naval a la Guardia Nacional y designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional formada por representantes de las secretarías del ramo de seguridad, de la Defensa Nacional y de Marina”.

La ley es tan ambigua, que en los mismos párrafos cada quien interpreta lo que a su razón convenga. López Obrador lee “militar en activo” donde la oposición lee “mando civil”.

Y, mientras tanto, la situación se sigue pudriendo.

Civil o militar, la Guardia Nacional deberá enfrentar la peor crisis de violencia que haya vivido México. De no frenarse las tendencias actuales, al año con más homicidios de la historia (30 mil en 2018) le seguirá otra vez “el año con más homicidios de la historia” (2019).

Tiene razón López Obrador cuando asegura que la solución de fondo al problema de la inseguridad y la violencia es abatir la pobreza y la desigualdad. Pero también tienen razón aquellos que advierten –aquellos que advertimos– que la estrategia de la militarización como solución emergente ya la hemos probado. Y ha fallado.

La militarización del país está en marcha desde diciembre de 2006, y no ha arrojado hasta el momento, la paz que todos anhelamos.

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