La incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa equivale a renunciar que los civiles se encarguen de la seguridad pública. Camino peligroso en un país con una larga historia de abusos por parte de militares.

@anajarnajar

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para incorporar a la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Se trata de un decreto y no una propuesta de reforma constitucional, como originalmente era el proyecto.

En el primer caso se requiere de la mayoría simple en la Cámara baja que Morena tiene sin problemas.

El otro camino necesita de la mayoría calificada que en las condiciones actuales del país es casi imposible de conseguir. Al menos, no sin un elevado costo político para el partido en el gobierno.

La iniciativa podría debatirse este fin de semana en la Cámara de Diputados, según adelantaron algunos medios.

Por lo pronto, es claro que López Obrador eligió la vía segura para su iniciativa. El decreto presentado por la Secretaría de Gobernación pretende modificar artículos de cuatro normas ya vigentes:

Las leyes Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y diversos artículos de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.

Son leyes reglamentarias o de carácter administrativo que de acuerdo con el Gobierno Federal no contravienen la Constitución, aunque los críticos de la 4T piensan lo contrario.

Uno de los argumentos es que la propuesta presidencial contraviene las mismas reformas constitucionales que promovió el actual gobierno en 2019.

Una de estas modificaciones obliga a que la GN sea una corporación civil, como indica el artículo 21 de la Constitución en el párrafo 10:

“Las instituciones de seguridad pública, incluyendo a la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.

Además, en el tercer párrafo del inciso E se ratifica esta disposición: “La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”.

Es decir, al transferir el control administrativo y de operación a la Sedena se puede violar el texto de la Constitución, algo que rechaza el Gobierno Federal.

Se afirma en la exposición de motivos de la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados.

La GN, señala el documento, “continuará su consolidación como una institución civil adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuya función primaria es contribuir a la seguridad pública”.

El mismo presidente López Obrador reforzó la tesis en su Cuarto Informe de Gobierno.

El propósito de transferir el mando de la GN al Ejército es para evitar que se corrompa “y cuidar, con la vigilancia de la Defensa, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública del país”, dijo.

En todo caso, la iniciativa presidencial sólo pretende regularizar lo que ya ocurre de facto: la GN siempre ha sido una corporación militar.

Queda claro en la iniciativa que los diputados federales pretenden debatir en corto plazo:

Según el documento “la importancia específica de la Sedena en la integración de la Guardia Nacional se refleja en el número total de elementos que conforman a esta última”.

“Del total de 113 mil 833 efectivos desplegados en las 266 coordinaciones regionales en el país, 73 mil 805 (64.83%) provienen de la Sedena; 16 mil 792 (14.75%), de la Secretaría de Marina; mientras que 23 mil 236 (20.41%) fueron asignados desde la extinta Policía Federal”.

Así, el debate no debería concentrarse en el carácter militarizado de la Guardia Nacional o una eventual violación a la Constitución, sino en las consecuencias de la iniciativa presidencial.

En los hechos, transferir al Ejército el control del mayor cuerpo de policía implica renunciar a que la seguridad pública en México sea una tarea civil.

Es la respuesta oficial a la realidad del país: la violencia por el crimen organizado no cesa. Y las policías locales han sido incapaces de superar el desafío.

Transferir la GN a la Secretaría de Defensa responde “al fracaso de todos los esquemas institucionales previos en materia de seguridad y modelos de policía, resultado de su descomposición y corrupción crónicas”.

No es algo nuevo, pero el texto de la iniciativa presidencial equivale a reconocer que no habrá más esfuerzos del Gobierno Federal para fortalecer a las policías locales.

También es un reconocimiento de que la participación de militares en la GN será permanente, y no una medida provisional mientras se capacitaban elementos civiles como se afirmó al crearse la corporación.

Dejar en manos de militares la seguridad pública es un camino peligroso. El Gobierno Federal insiste en que los elementos de la Guardia serán capacitados en el respeto a los derechos humanos, pero eso no elimina el cariz central de su formación:

Serán militares entrenados por soldados expertos en el cumplimiento de las tareas de todos los ejércitos del mundo, es decir, combatir a muerte al enemigo y defender la soberanía de sus países al costo necesario.

La formación inicial de la GN es la misma de las Fuerzas Armadas, como reconoce la iniciativa enviada a la Cámara de Diputados.

El documento propone reformar el artículo 13 Bis de la Ley de la Guardia Nacional para que el secretario de la Defensa “tenga a su cargo la expedición de los manuales de organización, de procedimientos y de servicio al público de la GN”.

También se responsabilizaría de “los programas operativos y estrategias, así como autorizar los planes y programas para el ingreso, formación y capacitación del personal”, así como “la capacitación permanente en el uso de la fuerza, cadena de custodia y respeto a los derechos humanos”.

Es decir, con base en la iniciativa presidencial los elementos de la Guardia Nacional serán policías formados como militares, con el espíritu de cuerpo del Ejército Mexicano y bajo las órdenes del secretario de la Defensa.

La historia de los militares habilitados como policías no es buena para México. Hay ejemplos de soldados cooptados por la delincuencia organizada, y muchos más de violaciones graves a derechos humanos.

La oferta de una formación distinta de la GN resulta insuficiente ante una realidad ineludible: los encargados de su entrenamiento forman parte de la misma cultura responsable de abusos a la población.

Las Fuerzas Armadas del país son una institución poco transparente, renuente a los cambios y mucho más a la vigilancia ciudadana.

En un país atrapado por una brutal espiral de violencia, con amplios grupos sociales que exigen seguridad al costo que sea, inclusive si ello implica sacrificar vidas humanas, la formación de esta fuerza policíaca es un asunto fundamental.

Y los militares no son, ciertamente, los mejores maestros para los alumnos que el país necesita.