Guanajuato es uno de los sitios más prósperos del país, con crecimiento económico muy arriba del promedio nacional. Pero en los últimos años la violencia se enquistó en el estado, con cifras inéditas de homicidios, y un creciente número de desapariciones. Detrás de este nuevo escenario están la invasión de carteles de narcotráfico, el floreciente negocio del huachicol, y la diversificación de los negocios criminales derivados de la industrialización

Texto y fotos: José Ignacio De Alba

LEÓN, GUANAJUATO.- En la central de autobuses no hay suficiente espacio en la pizarra de anuncios para todas las personas desaparecidas. La gente optó por pegar las fichas de búsqueda en la pared. La mayoría son fotos de personas jóvenes, casi todas desaparecidos en los años recientes. Pero casi nadie se detiene a verlas. Los pasajeros de camiones pasan de largo cargando bultos y zapatos.

Nadie, en realidad, habla aquí de los desaparecidos que están en las fotos de las centrales de camiones y en los puentes de casi todas las ciudades. Pareciera que nadie los quiere ver. Lo que sí se comenta, con espanto y extrañeza, son las balaceras y ejecuciones que todos los días ocupan las primeras planas de los periódicos.

Guanajuato se había mantenido a salvo de la guerra contra el narcotráfico. Pero en los últimos dos años la violencia creció tanto que hoy es el estado con más homicidios del país. En lo que va de este año, más de 2 mil personas han sido asesinadas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

El crimen trazó una frontera nueva, que cruza todos los espacios de la vida pública de los guanajuatenses, pero aquí nadie parece haberse enterado.

En una primera lectura, la violencia gira en torno a una actividad, que no es nueva en el estado: el robo de combustible. En la ciudad de Salamanca donde se encuentra la refinería Juan N. Amor se producen gasolinas, diésel y turbosina para abastecer los estados de Jalisco, Zacatecas, Michoacán, Colima, San Luis Potosí, Aguascalientes, Durango, Nayarit y Guanajuato.

Pero ahora, la ordeña en el enramado de ductos es motivo de conflicto entre el poderoso Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y un grupo local que se hace llamar Cártel de Santa Rosa de Lima. Su nombre proviene de un pequeño poblado en el municipio de Villagrán, a unos 20 kilómetros de Celaya, y a donde se puede llegar en transporte público.

Es extraño que este pueblo rural sea la base del Cártel de Santa Rosa de Lima. De por sí es extraño pensar que entre estas calles sin pavimentar, donde viven casi 3 mil habitantes haya algo así como un cártel.

El lugar está rodeado de sembradíos de hortalizas. A menos de cinco minutos se encuentra el campus del Instituto Tecnológico de Monterrey y un aeropuerto privado custodiado por militares.

Los pobladores trabajan en el campo de haciendas agrícolas, o se dedican al servicio doméstico en casas de un club de golf, y otros se dedican al huachicol es decir, el robo de combustible.

La casa de Juan Antonio Yepéz, conocido como “el Marro”, es un rancho que puede ser visto en Google Maps. Es la única que tiene alberca, asegura una persona que pide no ser nombrada en este texto.

“El Marro” es, según las autoridades, el jefe de la banda de Santa Rosa de Lima. Aunque existe el rumor extendido de que la entrada del pueblo es resguardada por gente armada, Pie de Página constató que cualquier persona puede entrar al pueblo sin ningún problema. La única gente a la vista en un día hábil de septiembre son los trabajadores que construyen una gran base para el arcángel San Gabriel que está en la entrada del pueblo y una veintena de señoras rezando por sus hijos en la iglesia.

Pero debajo de la aparente prosperidad de la zona, la tensión se siente en las calles de los pueblos del sur del estado. Guanajuato, ubicado en el centro del país es un lugar donde abundan las compañías transportistas, esas empresas son justamente las principales sospechosas de comprar el combustible robado.

El viernes 28, el supuesto intento de detención del Marro provocó una balacera en plena autopista de Celaya a Querétaro que terminó con ocho personas muertas y varios vehículos incendiados. El jefe mafioso escapó.

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En la cabecera municipal de Villagrán no hay vigilancia de la policía ni del Ejército. Este poblado se hizo famoso en la prensa nacional hace unas semanas, cuando se supo que a pocos kilómetros del poblado fueron localizadas tres fosas clandestinas, las primeras de las que se tenga registro en Guanajuato.

La información la dio a conocer la procuraduría estatal en mayo de este año, a cargo de Carlos Zamarripa. Pero el procurador ha retenido información sobre el caso después de que se diera a conocer que son 37 los cuerpos localizados en el lugar (las autoridades aclaran que no son fosas porque los cuerpos no estaba enterrados). La Procuraduría General de la República (PGR) no ha intervenido en el caso.

Y en el pueblo nadie quiere saber nada del tema. “Yo solo vengo aquí a vender” dice un hombre afuera de la escuela pública. “Yo tengo poco tiempo aquí”, dice otra mujer que barre afuera de su casa. Mientras la banda acompaña por las calles a una quinceañera, varios jóvenes con con bicicletas y teléfonos celulares toman fotos a cualquier extraño.

Pie de Página entrevistó al presidente municipal electo de Villagrán. Juan Lara usa sombrero y tiene el bigote cano. Fue postulado por el Partido Nueva Alianza, y en todo Villagrán solo se encuentra publicidad de ese partido. Los zapatos y su pantalón de vestir del próximo alcalde están salpicados de lodo. Aunque parece hombre de campo, él cuenta que fue chofer de tráiler.

-¿Cree que la violencia es el problema más grave que tiene el municipio de Villagrán?

-No, pues hay muchos, hay problemas de recolección de basura, tenemos problemas con el tiradero municipal, con el acceso a agua potable.

-¿Usted cree que la violencia es grave en el municipio?

-No, yo creo que hay muchos municipios donde hay violencia. Pues ahora se le dio auge a lo de la fosa pero la verdad yo tengo dudas sobre ese tema, yo tengo dudas de que haya existido. No la vimos, conozco el Cerrito de Hierro (donde se encontraron los cuerpos). Para mi punto de vista eso no es veraz, e incluso hubo detenciones de unos muchachos que andaban robando automóviles, eso es lo que sí nos constan. De lo de la fosa que se habló yo tengo mis dudas.

-¿No tiene indicios de que así pudiera ser?

-No, porque no fueron claros, fue un rumor.

-¿Aquí hay desaparición de personas?

-Sí, yo creo que sí.

–¿Qué tipo de delitos se cometen en Villagrán?

-Del fuero común.

-¿Usted pediría ayuda para que se refuerce la seguridad en el municipio de Villagrán?

-El gobierno estatal y federal se han desplegado. El ejército, la policía federal, las fuerzas del estado y coadyuva la policía municipal. Hay excesos en contra de la ciudadanía que se dedica a trabajar bien, golpean a los jóvenes, les quitan sus cosas, les ponchan las bicicletas y se meten a catear algunos domicilios y se roban las cosas, eso es de lo que se ha quejado la ciudanía. Eso motiva a que alguna gente esté inconforme con el mando único en el municipio de Villagrán, es lo que vivimos.

–¿Entonces no ha funcionado el mando único?

-No.

El alcalde electo dijo que cancelará el mando único de la seguridad para la policía municipal, bajo su mando, se encargue de la vigilancia.

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El robo de combustible es una explicación para el inédito aumento de la violencia en Guanajuato, pero no es la única.

En los últimos años el CJNG extendió su presencia y desplazó a los grupos locales de los estados vecinos de Michoacán y Jalisco. Uno de ellos fueron los restos del cartel de Los Caballeros Templarios que fueron prácticamente exterminados.

La base del grupo jalisciense en el estado está en los municipios de Apaseo el Grande y Apaseo el Alto. Según las autoridades el jefe de la plaza es Francisco Cerda Guillén, conocido como “El Señor de la Silla”.

El grupo suele difundir videos donde aparecen sus gatilleros armados y encapuchados, quienes repiten frases como “respetamos a la gente trabajadora”, “venimos a poner orden”, “venimos a hacer una limpia”. En el estado de Guanajuato llegaron al extremo de repartir tarjetas de presentación entre comerciantes.

A ese grupo, que se extendió por todo el país en la administración de Enrique Peña Nieto, es al que supuestamente enfrenta el cartel del Santa Rosa de Lima, en el sur del estado, donde la violencia se ha cebado en los municipios de Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.

Por todo el estado hay espectaculares de la policía del estado ofreciendo trabajo por 15 mil pesos. En cambio, los municipios que pagan a sus policías menos de 5 mil pesos al mes.

Pie de Página acompañó a una reportera de Salamanca a cubrir una de las tres ejecuciones que hubo una tarde en la ciudad. Fue el ataque a un automóvil Jetta que quedó detenido a mitad de una avenida, con las puertas perforadas por las balas. En la escena del crimen los policías pidieron no acercarnos más al coche y, a modo de broma, uno de ellos confesó: “ya ni para cinta nos dan”, en referencia a la banda amarilla de plástico para resguardar escenas. A unos 50 metros se alcanzaba a ver decenas de casquillos de alto calibre sobre el pavimento.

Los policías pidieron no salir en las tomas de las cámaras. El asesinato fue en una colonia de clase media, los niños y sus padres miraban desde la entrada de sus casas la escena.

El ánimo se tensó al pasar un auto sospechoso frente a las patrullas. Los policías, con la cara desencajada, apuntaron sus fusiles a los pasajeros, que al final nomás eran sospechosos.

Hay razones para el miedo. En lo que va del año la inseguridad ha cobrado la vida de al menos 39 policías locales, según los reportes de la prensa. Uno de los casos más dramáticos ocurrió el pasado 1 de junio, cuando seis policías viales de Salamanca fueron acribillados a plena luz del día. Según varios medios, al momento del ataque los oficiales no portaban armas para defenderse.

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El huachicol es uno de los negocios que mejor demuestra el fracaso de la guerra contra el narcotráfico según señalan expertos. En el caso de Pemex muchos de sus empleados son acusados de colaborar con grupos de dedicados al huachicol. Los municipios colindantes a Salamanca concentran la mayoría de los homicidios. Además, Guanajuato es donde más se han encontrado tomas clandestinas en el país.

Pero no es el único ilegal que vive momentos boyantes en el estado. Al contrario, los grupos criminales diversificaron sus negocios. Y eso es, en parte, lo que explica la violencia que también se ceba sobre León y Silao, la zona que ha detonado la industrialización del estado.

Las plantas armadoras de autos son también la zona donde más casos de explotación sexual hay en el estado. Es otro negocio que se diputan los criminales.

La violencia ha golpeado al corredor industrial que atraviesa el estado, y donde se han instalado empresas automotrices. La economía local es una de las más sobresalientes del país, e incluso al exgobernador Miguel Márquez le gusta presumir: “Somos líder en crecimiento económico”.

Quizá en ese tema puede haber buenas notas. Pero en el respeto a las víctimas la historia es otra. Según el activista en derechos humanos Raymundo Sandoval el gobierno estatal se ha dedicado a “desactivar” las protestas por la violencia.

Aquí, a diferencia de estados vecinos como Michoacán o Jalisco, no existen organizaciones civiles que aborden el tema. La estrategia, aparentemente exitosa, ha sido el control de medios y la desmovilización.

Organismos no gubernamentales y académicos han protestado porque el gobierno estatal suele maquillar cifras sobre la violencia. En el caso de los desaparecidos, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos asegura que la procuraduría no consideró 800 casos en sus informes, y acusó además que “la información se entregó de manera parcial”.

De acuerdo con el SNSP el año pasado en Guanajuato desaparecieron 188 personas. Los especialistas creen que no incluye todos los casos, pero incluso con este sub registro creen que 2018 la cifra será todavía más alta.

Y lo que viene será peor. El gobernador Diego Sinhué ratificó al procurador Carlos Zamarripa y al secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca.

Los funcionarios tienen nueve años al mando de la seguridad en el estado, y han sido señalados de tolerar la inédita ola de violencia. Incluso el Consejo Coordinador Empresarial de León pidió revisar la estrategia de seguridad.

Un ejemplo: hace cuatro años se quiso atajar la criminalidad con dos mil 700 cámaras de video en casi todo el estado. Pero el llamado “Programa Escudo” fracasó. No se sabe cuánto costaron pues la información fue reservada por el Instituto de Transparencia local. Las cámaras pretendían impedir que aparecieran mensajes amenazantes de bandas rivales.

Pero las “narcomantas” no dejan de colgarse en puentes y muros.

Luis Miguel Rionda, consejero electoral advierte: “Si estos dos (el procurador y el secretario de seguridad) siguen en sus cargos, no va a cambiar nada porque nunca van a reconocer que se equivocaron durante nueve años”.

Consulta también:

El imparable boom huachicolero

Puebla bajo amenaza, ladoB

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“Este trabajo forma parte del proyecto Pie de Página, realizado por la Red de Periodistas de a Pie. Conoce más del proyecto aquí: https://piedepagina.mx«.