En el tercer informe de su misión el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) denunció que la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fuerzas Armadas son obstáculos centrales para resolver la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa

Texto: Alberto Nájar

Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro Archivo

CIUDAD DE MÉXICO.- Un día antes de concluir su mandato el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó el último informe de su misión en México.

Las revelaciones apuntan a un nuevo intento de impunidad para quienes, desde hace varios años, protegen a los responsables de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Los señalamientos incluyen al Ejército y la Marina, pero también, de forma contundente, a la Fiscalía General de la República (FGR) que ha obstaculizado las investigaciones reiniciadas después que legalmente se desechó la llamada Verdad Histórica.

Hay “intromisiones inexplicables” de la Fiscalía que pueden retrasar “hasta por cinco años” las investigaciones del caso.

Entre los obstáculos se encuentra la decisión de promover la revocación de órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del crimen, y que ya habían sido autorizadas por un juez.

También se añade la debilidad de las acusaciones presentadas -de forma apresurada- en contra del exprocurador General Jesús Murillo Karam, quien con ello tiene posibilidades de no recibir una sentencia condenatoria a pesar de que existen evidencias de su papel en la desaparición de los estudiantes.

“Se dejaron de incluir evidencias y elementos probatorios que hubiesen fortalecido aún más la responsabilidad del exprocurador”, apuntó Francisco Cox, integrante del Grupo Interdisciplinario.

El informe Ayotzinapa IV. Situación actual del caso a los 8 años de los hechos establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) supo en tiempo real lo que sucedía en Iguala con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014.

De hecho, desde mayo de ese año existía monitoreo permanente de la zona tras la captura de líderes de la banda de narcotráfico conocida como Guerreros Unidos.

La vigilancia incluyó intercepciones telefónicas, infiltraciones en la Normal Rural Isidro Burgos y el uso de sistemas de espionaje como el software Pegasus.

La información se envió, entre otros lugares, al Centro Regional de Inteligencia Militar que tenía una sede en operación dentro de las instalaciones de la Sedena en Iguala.

En esta unidad militar se encuentran los archivos de la participación de los batallones 27, 41 y 50 de Infantería durante los hechos del 26 y 27 de septiembre.

Con las intercepciones telefónicas los mandos militares supieron minuto a minuto de los ataques, secuestro y desaparición de los estudiantes.

Pero nada de esa información “llevó a tomar decisiones para la protección de los jóvenes y para las investigaciones del caso. Nos enteramos de esas intercepciones el año pasado”, señaló Carlos Beristáin, integrante del GIEI.

El monitoreo de los militares se mantuvo desde el 26 de septiembre y hasta el 4 de octubre lo que significa, señalan los expertos del GIEI, que varios de los estudiantes permanecieron con vida por lo menos hasta esa fecha.

Esta información se encuentra en los archivos del Centro de inteligencia, pero no se ha entregado al GIEI ni a la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso Ayotzinapa (UEILCA), que depende de la FGR.

El argumento es que el Centro Regional de Iguala empezó a operar en 2015, pero los expertos independientes determinaron que no es verdad, pues funciona desde mediados de 2014.

La negativa de los mandos militares contraviene las indicaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ordenó a la Sedena entregar todos los archivos vinculados al caso.

“El Ejército niega haber hecho las intercepciones, pero los documentos existen”.

Ángela Buitrago, del GIEI.

“La respuesta de la Sedena ha sido la negación, pero hay elementos de que esos centros de inteligencia existían, existen y siguen dentro del batallón 27”.

“Cuando tengamos el texto completo de esas comunicaciones sabremos más, el paradero de los estudiantes y la forma como fueron trasladados”.

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Los expertos del GIEI fueron severos con el papel del fiscal Alejandro Gertz Manero, en esta nueva etapa del caso Ayotzinapa.

De hecho, según Ángela Buitrago, la relación del funcionario con los expertos es “inexistente”.

Entre las intromisiones documentadas en el informe existe la decisión de incluir a elementos de la FGR que habían participado en la construcción de la llamada Verdad Histórica.

Algunos de ellos son, inclusive, investigados por la presunta tortura a detenidos. El nombramiento dentro de la UEILCA contraviene el decreto por el que fue creada, que establece la prohibición de incluir personal que hubiera participado en la primera etapa del caso.

“Desde un inicio observamos y documentamos que hubo obstáculos a la ejecución del cumplimiento de esta unidad especializada”.

Francisco Cox, integrante del GIEI.

Otro elemento fue la decisión de hacer auditorías al trabajo de la UEILCA, que coincidentemente iniciaron después que se solicitaron 83 órdenes de aprehensión, entre ellas varios contra militares.

El problema escaló cuando fiscales ajenos a la unidad solicitaron la cancelación de estas órdenes de captura. 

No es todo. Uno de los momentos más graves fue la determinación de capturar al exprocurador Murillo Karam, a partir de un expediente que no estaba debidamente integrado.

A esto se suma el hecho de que la FGR envió a la primera audiencia judicial a un equipo que no conocía la investigación, lo cual motivó una reprimenda del juez encargado del caso.

Es parte de un problema estructural, apuntó Francisco Cox. En el sistema penal mexicano “se tiene una atención mayor a la detención que a la condena. Lo que parece importar es la oportunidad fotográfica de una detención que el resultado”.

Por estos hechos el responsable de la unidad, Omar Gómez Trejo, y su equipo presentaron su renuncia, algo que el GIEI califica como grave.

“No solo su renuncia sino por qué renuncia y es por las indebidas intromisiones en su trabajo. En esas condiciones no se puede esclarecer ni investigar un hecho”.

Claudia Paz, integrante del Grupo.

“El actuar de las máximas autoridades de la Fiscalía General es inexplicable, no se ajusta a los mínimos estándares internacionales ni al estado de derecho”.

Peor aún, añadió Cox: por la forma como se han presentado los hechos pareciera que en el caso Ayotzinapa hay “un intento de sincronía de los tiempos judiciales con los tiempos políticos”.

Al final, el caso Ayotzinapa “demuestra el funcionamiento de la macro criminalidad en México y su poder de cooptación de los distintos niveles de la autoridad”.

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Oficialmente el mandato del GIEI termina este viernes 30 de septiembre, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario Alejandro Encinas solicitaron que se ampliara su misión.

De hecho, comentó Buitrago, “el presidente quiere que sigamos hasta 2024”.

Por lo pronto los expertos aceptaron permanecer por lo menos un mes adicional, sobre todo para esperar el resultado del análisis de las nuevas evidencias que les entregaron apenas el pasado 23 de septiembre.

Entre las pruebas adicionales se encuentran las capturas de pantalla de los teléfonos celulares de miembros de Guerreros Unidos, que entregó la Fiscalía de Estados Unidos al gobierno mexicano.

Es un paquete extenso de pruebas que serán analizadas de forma independiente, dijo Ángela Buitrago.

Mientras el GIEI recomendó la creación de un grupo especial de seguimiento al caso, así como garantizar que no haya represalias en contra del exfiscal Gómez Trejo y su equipo.

Una parte fundamental es erradicar las intromisiones indebidas de la FGR y el fiscal Gertz, quien aceptó reunirse con los expertos en octubre.

Atentar contra la independencia de las investigaciones, señaló Buitrago, causa un daño importante para el país. “La justicia no se toca”.