En 15 años, ocho bancos de Europa, Estados Unidos y Brasil han otorgado cerca de 20 mil millones de dólares en financiamiento a compañías dedicadas a la extracción d gas y petróleo en la Amazonía, actividades que impulsan la destrucción climática y de la biodiversidad

Texto: IPS

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BELÉM, BRASIL. – Ocho importantes bancos estadounidenses, europeos y brasileños encabezan las entidades que al financiar negocios de petróleo y gas impulsan la destrucción climática y de la biodiversidad en la Amazonia, de acuerdo con una investigación que ha visto la luz este martes 25.

“Los bancos y otras compañías que invierten en la región, y cuyas ganancias se derivan de la explotación petrolera, son cómplices de la muerte de nuestros líderes, culturas y formas de vida”, deploró Fany Kuiru Castro, coordinadora general de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica).

Coica y la organización ambientalista Stand.earth, basada en Canadá, adelantaron la investigación “Capitalizing on Collapse (Aprovechando el colapso)”, en la que muestran cómo la banca ha financiado proyectos de hidrocarburos que han contribuido a la destrucción de la naturaleza en la Amazonia.

Esos financiamientos alcanzan a 20 mil millones de dólares en 15 años (2009-2023), de los cuales 11 mil millones fueron proveídos por ocho grandes bancos, y los restantes 9 mil millones por otras 152 entidades.

“La degradación combinada y la deforestación nos enfrenta a un inminente punto de no retorno que, para nuestros pueblos, se traduce en enfermedades crónicas como consecuencia de la contaminación de nuestros alimentos debido a los metales pesados que se encuentran en los peces y el agua que bebemos, la pérdida de soberanía, y la violencia sistemática contra los que defienden nuestro hogar”.

Fany Kuiru Castro.

Encabezan la lista los estadounidenses JP Morgan Chase y Citibank, con mil 913 y mil 850 millones de dólares, respectivamente, seguidos del banco brasileño Itaú, con mil 743 millones, y el británico HSBC, con mil 300 millones de dólares.

Le siguen el español Santander, con mil 271 millones de dólares, el estadounidense Bank of America con mil 188 millones, el brasileño Bradesco con mil 015 millones de dólares, y Goldman Sachs, de Estados Unidos, con 742 millones de dólares.

Los financiamientos se han relacionados principalmente con actividades de petróleo y gas áreas amazónicas de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde durante décadas las quemas y derrames de petróleo han contaminado suelos y vías fluviales.

La producción de hidrocarburos favorecida por el financiamiento bancario ha conllevado un incremento en las emisiones de carbono a la atmósfera, con costo y daño seguro para el clima, de acuerdo con el análisis de los investigadores.

El estudio, divulgado por la red latinoamericana Periodistas por el Planeta, destacó como “la mayor bomba de carbono de la Amazonia”, al brasileño Complejo Gasífero de Paraíba (en el nororiental estado de Maranhão) que es capaz de liberar dos gigatoneladas de carbono durante su vida útil.

También se muestra cómo la opacidad en los datos financieros, y la debilidad en las políticas de riesgo social y en el ambiente bancario pueden crear condiciones para que el financiamiento fluya hacia los combustibles fósiles, incluso cuando los bancos hacen compromisos explícitos sobre clima, derechos humanos y biodiversidad.

La investigación se divulga mientras se aceleran los preparativos para la cumbre de mandatarios de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca), los días 8 y 9 de agosto, en esta ciudad norteña en la desembocadura del río Amazonas, y con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como anfitrión.

El documento reconoce que algunos bancos han dado un paso al frente para abordar su complicidad en la destrucción de la Amazonia.

En mayo de 2022, el mayor banco francés, BNP Paribas, se comprometió a dejar de financiar o invertir en empresas que en la cuenca amazónica produzcan a partir de reservas de petróleo y gas, o desarrollen infraestructura relacionada.

El pasado diciembre HSBC modificó sus políticas para excluir todos los nuevos servicios financieros y de asesoría para cualquier cliente de petróleo y exploración, evaluación, desarrollo y producción de proyectos de gas en el bioma amazónico.

Esos dos grandes bancos, y otros más pequeños “están enviando señales importantes de que los bancos deberían estar dispuestos a revisar su relación con la destrucción del Amazonas y tomar medidas para gestionar ese riesgo”.

Angeline Robertson, investigadora principal en el grupo Stans.earth, destacó que “los bancos tienen un papel fundamental que desempeñar para cambiar la economía energética detrás de la crisis climática”.

La Amazonia “es una región clave para que los bancos introduzcan políticas globales audaces que puedan cumplir con la intención de defender los derechos humanos, proteger la biodiversidad, y mantener el calentamiento global a 1,5 grados centígrados”, agregó Robertson.

En el Acuerdo de París de 2015, la inmensa mayoría de los países fijó como meta que la temperatura del planeta no aumente más de 1.5 grados centígrados sobre los niveles de la era preindustrial (1850-1900) hacia el año 2050, lo que requiere una drástica reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases.

Metástasis o destrucción irreversible

El estudio recoge información según la cual la Amazonia se encuentra en medio de una crisis con punto de inflexión hacia lo irreversible, ya que la deforestación y la alta degradación combinadas ya han alcanzado a 26 % de la región.

El punto de inflexión “debe entenderse como el comienzo de una metástasis o la destrucción irreversible del ecosistema. Como resultado, allí ya se está produciendo una sabanización”, dice el informe.

“Sin embargo, aún es posible preservar 80% de la Amazonía para 2025. Esa meta requiere medidas urgentes para salvaguardar el 74 % restante (629 millones de hectáreas) de la Amazonia que son Áreas Prioritarias Clave Intactas (33 % del espacio amazónico) y con Baja Degradación (41 %).

La preocupación se dirige en primer lugar a Bolivia y Brasil, países que concentran 90 % de toda la deforestación y degradación combinadas de la región, aunque la actividad hidrocarburífera también ha afectado a otras naciones y amenaza los ecosistemas y hábitats de la Amazonia.

En la región hay más de 500 pueblos indígenas, con decenas de ellos que reivindican el aislamiento voluntario, que hablan más de 200 idiomas y suman más de tres millones de habitantes.

Kuiru Castro sostuvo “la expansión petrolera en la Amazonia no solo es una amenaza latente para los territorios indígenas y ecosistemas vitales en Perú, Ecuador, Brasil y Colombia, sino que también pone en riesgo a decenas de indígenas no contactados, pueblos cuya existencia depende de la intangibilidad de sus territorios”.

“La degradación combinada y la deforestación nos enfrenta a un inminente punto de no retorno que, para nuestros pueblos, se traduce en enfermedades crónicas como consecuencia de la contaminación de nuestros alimentos debido a los metales pesados que se encuentran en los peces y el agua que bebemos”, expresó.

También se traduce en “la pérdida de soberanía, y la violencia sistemática contra los que defienden nuestro hogar”, dijo Kuiru Castro, del pueblo uitoto que habita entre Colombia y Perú.

“Hay una correlación directa entre la destrucción de nuestro hogar y los asesinatos de líderes indígenas, defensores de nuestros territorios”, dijo por su parte el ex coordinador de Coica, José Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo curripaco en el sur de Venezuela.

“Hemos constatado que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de la Amazonia es una solución urgente para salvaguardarla. Todos debemos actuar en unidad, y debemos hacerlo antes de 2025”, concluyó Díaz Mirabal.

Este trabajo fue publicado inicialmente en IPS. Aquí puedes consultar la versión original.