Graco Ramírez: reprobado entre los reprobados

4 octubre, 2018

Texto y Foto: Estrella Pedroza.

El exfutbolista Cuauhtémoc Blanco ya gobierna en Morelos, un estado que dejó en ruinas su antecesor, el controvertido Graco Ramírez. Blanco jura que lo va a encarcelar. Pero mientras lo consigue los detalles de su herencia de violencia, corrupción, y abandono empiezan a conocerse. Aquí unos ejemplos

Un mensaje en Twitter con la fotografía de Graco Ramírez fue elocuente: “Se va el peor gobernador en la historia de Morelos”, decía.

La frase se publicó un día antes de que terminara la administración del político, militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Pocos prestaron atención al tuit. Pero entre los morelenses tiene mucho sentido.

Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, hijo de un héroe de la Segunda Guerra Mundial (su padre formó parte del icónico Escuadrón 201) deja el estado convertido “en un basurero”, coinciden activistas y políticos locales.

Y es que en los seis años de su gobierno no dio una. Dejó a su suerte a los damnificados por el sismo de magnitud 7.1 que devastó parte de la entidad el 19 de septiembre de 2017.

En su campaña prometió resolver el añejo problema de inseguridad, pero en su gestión los índices de criminalidad se duplicaron. Las fosas clandestinas con cientos de cadáveres en lugares como Jojutla son una muestra.

La economía local está en crisis. La deuda del gobierno aumentó 500 por ciento, de mil 425 millones -la deuda con la que inició la administración- pasó a 6 mil 634 millones de pesos pero la administración entrante habla que se elevó a 11 mil millones de pesos.

Por si fuera poco, en las recientes elecciones presidenciales el ahora exgobernador apostó por el candidato del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, e hizo campaña contra su excompañero Andrés Manuel López Obrador.

Perdió. Y lo peor, en los comicios locales su candidato (quien también es su hijastro) fue derrotado por el peor enemigo de Graco, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco quien prometió encarcelar al exgobernador.

El poeta Javier Sicilia define la herencia de Ramírez: “Recibió un estado en ruinas, se encargó de destrozar e incendiar las praderas sanas que subsistían”.

Lo peor, añade, es que no hay esperanza de una mejoría. El equipo del nuevo gobernador “es improvisado, sin ninguna experiencia en la política, pero dispuesto a repartirse el botín y hacer preponderar sus intereses”.

Botones de muestra. Gilberto Alcalá, ex árbitro, será el titular de la Secretaria de Desarrollo Social. Germán Villa es el nuevo director del Instituto del Deporte, e Isaac Terrazas se encarga del fideicomiso del estadio Agustín “Coruco” Díaz.

Los dos últimos eran futbolistas. Y jugaban en el Club América.


La crítica más reciente al gobierno de Graco es el proceso de reconstrucción por el sismo de 2017.

Cientos de casas colapsaron o resultaron dañadas. Oficialmente murieron 79 personas y decenas más fueron heridas.

En los primeros días de la tragedia el entonces gobernador se comprometió a “levantar el estado”, y para eso creó el organismo descentralizado Unidos por Morelos. Y luego se dedicó a otras cosas.

Los damnificados, entonces, se organizaron para superar el abandono oficial. “Nos dejaron a nuestra suerte y solo recibimos irresponsabilidad y mal trato”, cuenta María Teresa Vázquez, de la Unidad Habitacional de Tetelcingo.

El gobierno de Graco Luis presumió un avance superior al 80 por ciento en la reconstrucción de viviendas. Según la Comisión de Damnificados del Estado de Morelos la cifra real apenas alcanza el 20 por ciento.

Cientos de familias no recibieron un centavo del gobierno estatal, como había prometido. A las constructoras no se les pagó. Y nadie sabe dónde quedaron cientos de millones de pesos para la reconstrucción.


Año y medio. El plazo que fijó en su campaña el ahora exgobernador para erradicar violencia e inseguridad de Morelos.

Seis años después “no solo no cumplió, sino que empeoró”, dice Gerardo Becerra Chávez Hita, integrante de la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos y actual comisionado contra la corrupción.

De acuerdo con la organización Semáforo Delictivo, Morelos es el quinto estado donde más se cometen secuestros, después de entidades como Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas o el Estado de México.

El número de homicidios se mantuvo casi igual que al inicio del gobierno anterior, incluso se registra una ligera disminución. En 2012 la tasa de asesinatos por cada 100,000 habitantes fue de 36. En 2017 fue de 32. Pero en el resto de los delitos el panorama es muy distinto.

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Justicia y Legalidad en Morelos, que realiza un reporte de incidencia de delitos de alto impacto basado en datos oficiales, “hasta el primer trimestre del 2018 se incrementó el robo con violencia, robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo en trasporte público, secuestro y extorsión” señala Cristina Rombo Bonfil, presidenta del organismo.

Un de las fallas más graves fue el combate a los feminicidios. El gobierno de Graco Ramírez no solo no atendió las medidas que establece la Alerta de Violencia de Género (AVG), implementada el 10 de agosto del 2015 cuando se contabilizaban 649 feminicidios, sino que se sumaron 241 agresiones más.

Al 31 de julio pasado se habían cometido 890 feminicidios, según información de organizaciones civiles.

María Trinidad Gutiérrez, del Frente Feminista Morelense (FEM), define como un fracaso la estrategia para erradicar la violencia contra las mujeres.

“No impulsó acciones elementales como poner en marcha el banco de datos que se necesita para tener claro el vínculo entre el feminicida y la víctima, entre otros elementos, para conocer de manera adecuada la problemática del feminicidio”, puntualiza.

Tampoco se implementó el protocolo de atención a feminicidios y nunca se capacitó con perspectiva de género a policías, agentes del Ministerio Público o jueces.


En 2011 nació el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, después que el poeta Javier Sicilia encabezó una marcha para protestar contra la creciente violencia en Morelos.

El entonces precandidato Graco Ramírez fue uno de sus promotores más entusiastas. Años después quedó claro que lo hizo para ganar votos.

“Sólo fue una simulación”, dice Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez, desaparecida en 2012, e integrante de la asociación Búsqueda de Familiares “Regresado a Casa Morelos”.

El gobierno de Graco “nos ha revictimizado una y otra vez”. Un ejemplo es la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, hoy a cargo de Nadxieelli Carranco Lechuga.

El organismo se creó para aparentar que se da atención a las familias, pero en realidad “es un elefante blanco”, dice.

De los 32 millones de pesos de presupuesto para 2018, sólo dos millones se han ejercido para apoyar a 16 víctimas, a pesar de que existen muchas más y sus familiares sin tienen dinero ni para costear los viajes en los trámites que requiere una búsqueda.

“Queremos saber dónde está ese dinero” dice Tranquilina Hernández, madre de Mireya Montiel desaparecida en septiembre del 2014.

“Sabemos que lo usaron para la campaña de Rodrigo Gayosso, el hijastro de Graco Ramírez” y candidato perdedor al gobierno estatal.

Pero donde más se evidencia el fracaso en la atención a víctimas de la violencia son las fosas clandestinas localizadas en los municipios de Tetelcingo y Jojutla, recuerda Javier Sicilia.

Allí la Fiscalía General de Estado (FGE) “escondió de manera clandestina” 119 cuerpos, en la primera, y 84 cuerpos encontrados hasta el momento en la segunda pues el proceso de inhumación quedó inconcluso.

Las fosas se convirtieron en un resumen del desprecio oficial hacia uno de los problemas más graves de la historia: la desaparición de miles de personas.

Incluso en ese estándar el exgobernador no dio una.

Graco, dice Amalia Alejandra Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete comerciante secuestrado, asesinado y luego inhumado ilegalmente en las fosas de Tetetelcingo, “quedó reprobado” entre los reprobados.


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