El gobierno federal a través de Sedatu retrasó la ejecución parcial de la Resolución Presidencial del Ejido San Isidro. Le concedió 72 horas a la empresa Nutrilite para que acredite la propiedad de las 280 hectáreas que le pertenecen al ejido. “Es una pérdida de justicia para la comunidad y vale oro para la empresa”, señala la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales

Texto: Carmen Aggi Cabrera y Jade Ramírez / Letra Fría

Foto: Vianney Martínez Pérez

SAN ISIDRO, JALISCO.- El gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) acordó el viernes 1 de julio con el ejido de San Isidro notificar de inmediato y darle 24 horas a la empresa Amway-Nutrilite S.R.L. de C.V., para que demuestre si tiene la propiedad legal o no de las 280 hectáreas en San Gabriel, Jalisco.

La Sedatu, sin embargo, falló al primer acuerdo, pues extendió el plazo a 72 horas y les dio a ganar tiempo.

El acuerdo con la comunidad que tiene 83 años sin poder ocupar sus tierras se pactó mediante una llamada telefónica en altavoz el viernes 1 de julio.

La noche del viernes el funcionario de más alto nivel, así se comprometió:  “Lo que nosotros les proponemos es que nos de permiso o que nos dé el chance de notificar a estas personas (Nutrilite) en un término de 24 horas, para notificarles, y si en 24 horas ellos no acreditan, los ponemos en posesión”, fue lo que escucharon de Sergio Rosey Cedillo los ejidatarios.

“El día lunes, a primera hora, empieza a correr el término de 24 horas y el día martes sería cuando, si no acredita, les damos posesión a ustedes”, fue el acuerdo del titular de la Sedatu que ya no se cumplió.

El ejido ha informado a Letra Fría, que el gobierno federal sí notificó a la empresa Nutrilite el sábado, pero le concedió 72 horas, no solo un día como habían quedado.

Esta situación está generando inconformidad y confrontación en la comunidad.

Quienes han acompañado más de una década la exigencia de justicia en San Isidro, como la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y abogados, comentan que “han puesto en una situación de estrés y confrontación a la asamblea ejidal, a los vecinos de la comunidad, a los empleados de la empresa y a toda la región, generando tensión social y poniendo en alto riesgo a las abogadas, a los representantes legales del ejido y algunos ejidatarios”.

¿Por qué pesan tres días?

El presidente del comisariado en San Isidro, Raúl de la Cruz, argumentó en la reunión que se tomó el acuerdo, que ellos ya habían sido muy pacientes muchos años y que por el incumplimiento de una sentencia a su favor, por 29 años, les concedía que solo se dieran 24 horas y no 72. No lo vieron como un privilegio, sino una forma de equilibrarse frente a los abusos.

Por eso en la comunidad se siente como una traición del gobierno federal hacia San Isidro, que les otorguen más días para reaccionar, pues como quedó asentado en el fallo judicial hace 29 años, ese polígono le pertenece al ejido.

Para miembros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales que han venido siguiendo este caso desde que se realizó la audiencia “Territorialidad, Subsistencia y Vida Digna”, del Tribunal Permanente de los Pueblos en México, “Los responsables de estos actos son la Sedatu y el Registro Agrario Nacional, y nosotros esperamos que el gobierno federal haga las acciones legales correspondientes para concluir esta entrega de posesión de tierras ejidales correspondientes al rezago agrario y garantizando la seguridad y los derechos humanos de los afectados”, contaron vía telefónica a Letra Fría.

El término legal para la empresa vence este miércoles a las 11:59 de la noche.

El único beneficiario de esta tardanza en el procedimiento de ejecución, que debió haber concluido a más tardar el viernes pasado, es la transnacional Amway-Nutrilite. En estas 72 horas la defensa legal de la empresa podría interponer amparos, que alarguen el proceso final de la posesión de las tierras.

“El tiempo que la Sedatu le ha dado a la trasnacional para demostrar la legítima propiedad es un tiempo que es una pérdida de justicia para la comunidad y vale oro para la empresa, porque eso le permite a la empresa reorganizarse y buscar artilugios jurídicos para entorpecer la ejecución de esta acción legal a pesar de no tener la razón jurídica”, explica uno de los miembros de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales.

Los ejidatarios de San Isidro han demostrado en diversas dependencias a través de tribunales agrarios, juzgados de distrito e instancias internacionales de derechos humanos, ser los legítimos propietarios de esas tierras.

En cambio, la empresa transnacional Amway-Nutrilite no ha podido demostrar la legítima propiedad y posesión de esos terrenos, y por lo tanto se han invalidado en diversas instancias, todos y cada uno de los documentos que han presentado.

Para la comunidad y acompañantes legales, en estos momentos está en manos del gobierno federal, materializar o no el acceso a la justicia de una lucha de 83 años. “Ya es el momento de entregarles ‘la tierra prometida’”, cómo así lo conciben las y los dueños legítimos.

También es su responsabilidad salvaguardar las vidas y la seguridad de mujeres, hombres, activistas, acompañantes y familias, quienes nunca habían vivido la tensión que han sentido en los últimos cinco días: “Estamos resistiendo en medio de una tensión indescriptible”, dice un ejidatario.

*Esta nota fue realizada por LETRA FRÍA, que forma parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de A Pie. Aquí puedes leer la original. 

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