El gobierno de la Ciudad de México desalojó un campamento migrante. Para hacerlo, usaron a trabajadores de limpia, un acto fuera de sus funciones que puso en riesgo a los migrantes y a ellos mismos. Tras el desalojo, organizaciones en defensa de los derechos humanos acusan violencia, y las autoridades no responden

Texto: Laura Buconi

Fotos: Cortesía Grupo de Monitoreo Frontera Centro

CIUDAD DE MÉXICO. – Un supuesto traslado voluntario el pasado martes terminó en un desalojo violento en el que trabajadores de limpia hicieron el “trabajo sucio”. 

El antecedente es el siguiente:  la mañana del pasado 11 de marzo, en una reunión convocada por la Coordinación de Movilidad Humana (CMH) a la que participaron colectivos, albergues y asociaciones civiles que trabajan temas de migración, se anunció un operativo de traslado de la población migrante del campamento de la Terminal del Norte hacia dos albergues del gobierno de la Ciudad. El traslado, según el responsable de la CMH, fue debido a situaciones de inseguridad en la zona.

La OSC Grupo de Monitoreo Frontera Centro (GMFC) expresó su preocupación por el traslado y señaló que el juez Rebolledo Peña el 26 de enero de 2024 emitió un amparo que prohíbe al gobierno de la Ciudad de México y al Instituto Nacional de Migración (INM) desalojar a migrantes del campamento o llevar a cabo operativos de revisión migratoria.

El GMFC ha documentado en los últimos dos años al menos 10 desalojos caracterizados por condiciones de abuso y violencia que han derivado en violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes. 

Un desalojo “voluntario”

En la reunión del 11 de marzo, el responsable de la CMH afirmó que se iba a tratar de un desalojo voluntario, en el que autoridades del gobierno de la Ciudad habrían informado e “invitado” a la población del campamento de Terminal del Norte a trasladarse en albergues destinados para ellos: el Centro de Asistencia e Integración Social Vasco de Quiroga en la colonia Morelos, para personas solas, y el CAIS Marina en la colonia Peralvillo para familias.

El GMFC tuvo presencia en el campamento desde las 18 horas del 11 de marzo, para monitorear el desalojo. Una de las integrantes de la agrupación, Andrea González, relata que “al principio como que estaba todo tranquilo, pero sí notamos que había una sensación de desinformación, o sea, la gente que fue (trabajadores de gobierno de chalecos guinda) no tenía información precisa, entonces decía muchas generalidades, pero a ver más como prometiendo cosas pues que no son tan fáciles de implementar: prometían a los migrantes escuela, salud, trabajo, regularización migratoria. Esa fue una de las cosas que nos empezó a llamar la atención.

Luego, relata Andrea, los operadores de gobierno empezaron a amenazar a los migrantes “si no se van, va a venir Migración, les recomendamos que se vayan”. A este propósito Andrea afirma “Creo que esta falta tanto de sensibilidad como de información clara por parte de las personas que estaban hablando con los migrantes hizo que muy poca gente en realidad se fuera. Entonces se fueron 27 personas y pues todos los demás se quedaron, pues ya tienen experiencias previas que no han sido efectivas. La gente toma decisiones familiares y se organiza de manera familiar.”

Personal de limpieza opera violencias

Andrea cuenta que después de la partida de quienes accedieron al traslado de manera voluntaria, “Llegó el personal de limpieza del Gobierno de la Ciudad, alrededor de 80 personas a destruir las casas (del campamento), se llevaron los tanques de las personas. Esa parte sí fue muy muy violenta, muy agresiva, también con algunos comentarios bastante racistas. Justo cuando nos íbamos, por ahí de la 1 de la madrugada, vimos cómo llegaron personas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con armas largas. Se pusieron al lado del campamento.Ya más tarde pues nos enteramos que les cortaron una parte de la luz del campamento, pues ahí había infantes, hay mamás, hay muchas familias.” 

Según el Grupo de Monitoreo, no se respetaron los acuerdos de la reunión, que preveían un traslado pacifico y voluntario. Andrea afirma que el responsable de CMH, aunque ya no presente físicamente (solo acompañó el primer operativo de traslado), estaba al corriente de las violencias y abusos perpetrados durante el desalojo.

“Es muy preocupante. Porque al final son las mismas prácticas, pero rodeadas de una narrativa de voluntad política. Si hay lugares dignos a donde se vayan pues todos felices. El problema son las formas.” concluye la activista.

Pie de Página contactó a las autoridades gubernamentales competentes en tema de migración, pero no obtuvo respuesta.

Un patrón preocupante

Amarela Varela, socióloga e investigadora de la UACM especializada en migración, afirma que desde la pasada administración de Claudia Sheimbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, se ha presenciado un patrón de desalojos violentos de campamentos de población migrante. Sostiene que las raíces ahondan en las políticas de los últimos 30 años hacia los migrantes, políticas de odio de Norteamérica, procesos de externalización de las fronteras, acuerdos públicos y no públicos del gobierno de México con Estados Unidos. “El discurso del gobierno”, afirma, “es que hacen todo apegado a ley y conforme a derecho, pero en estos años no han sabido proveer a los migrantes de un espacio seguro, no les han dado acceso a la vivienda ni han generado procesos de integración.”

Cuando bajo la nueva administración de Trump, el 20 de enero del presente año se ordenó la suspensión del CBP One, resultó que sólo desde la Ciudad de México era posible enviar solicitud de asilo político a Estados Unidos. Varela señala que el Gobierno Federal nunca dio ese dato al Gobierno de la Ciudad, que ahora no cuenta con las herramientas para hacer frente a la población migrante que se quedó varada en Ciudad de México en espera de su cita. “Está ocurriendo una disputa al interior de las instituciones mexicanas sobre a quién incurren las responsabilidades de atención a las y los migrantes.”

“Y se envilece a la sociedad civil, nuestros impuestos no se usan para proteger a los migrantes. Al contrario, el Gobierno emplea a sus trabajadores de limpieza, uno de los sectores más socialmente y económicamente precarizados, para desalojar con violencia a la población migrante, que a su vez se encuentra en una situación sumamente vulnerable”.