El Frente Aquí Somos por el Arraigo y la Inclusión Vecinal presentó un juicio de amparo contra autoridades de la Ciudad de México por haber incumplido con la normativa que regula Airbnb en la ciudad. A un año de la reforma, el proyecto no ha sido aplicado. «No se están tomando en cuenta las necesidades reales de la población», lamentan

Texto: Laura Buconi

Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Caurtoscuro

CIUDAD DE MÉXICO . – El 4 de abril de 2024, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó una reforma a la Ley de Turismo, que representa una regulación inicial a Airbnb: en el artículo 7, fracción VI Bis, 61 Bis y cuarto transitorio, el gobierno se compromete a crear, administrar y poner en operación un Padrón de Plataformas Tecnológicas que debe incluir un Padrón de Anfitriones.

El Frente Aquí Somos evidencia que, más de un año después de la reforma, el registro no solo no está siendo aplicado, sino que ni siquiera se puso en marcha.

El Frente está compuesto por varios colectivos y asociaciones de vecinos de diferentes colonias y alcaldías de la Ciudad de México, quienes están siendo desplazados a causa de los procesos de gentrificación cada vez más presentes en el territorio urbano. 

«La mayoría de nosotros vive en las alcaldías más tensionadas, como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo; todos hemos sufrido directamente la especulación inmobiliaria. Algunos de nosotros han sufrido desalojos a causa de eso, y ver que donde vivían ahora el precio de renta se triplicó o cuadruplicó, y que los edificios se utilizan para Airbnb y otras plataformas digitales de rentas para estancias breves», explica Arturo Aparicio, abogado del colectivo Claudia Cortés y parte del Frente Aquí Somos, en entrevista con Pie de Página.

Faltas en las regulaciones a las plataformas

En abril de este año, el Frente lanzó la campaña «Tarjeta roja a Airbnb», con acciones directas de concientización dirigidas tanto a vecinos como a turistas, en el contexto de la evaluación del gobierno de flexibilizar la regulación de la plataforma con miras al Mundial en México en 2026.

En ese entonces, «observamos que una de las regulaciones a las plataformas de alquiler de corta estancia es el registro de plataformas y padrones de anfitriones, y detectamos que en enero de este año algunos anfitriones, por sugerencia de Airbnb, habían interpuesto amparos para detener el registro», explica Aparicio.

Los integrantes del Frente se enteraron también de que la mayoría de estos amparos habían sido desechados porque los juzgados no identificaron que existiera un primer acto de aplicación del registro. Es decir, este no había sido implementado todavía, a un año de su aprobación.

El Frente promueve un amparo

El 24 de agosto, algunos miembros del Frente presentaron un amparo en el que demandan a Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y a Ángel Augusto Tamariz Sánchez, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, por la omisión de cumplir con el artículo 7, fracción VI Bis, 61 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Turismo de la Ciudad de México, que exige la creación, administración y operación del Padrón de Anfitriones y el Padrón de Plataformas Tecnológicas.

La Secretaría de Turismo respondió, en su contestación a la demanda, que «no tiene atribuciones para operar y administrar los padrones», demostrando su desconocimiento de la normativa.

Por su parte, la Agencia Digital de Innovación Pública señaló que ya creó el portal electrónico de los padrones, pero que «no está en operación porque Alejandra Frausto no ha firmado el documento que autoriza su activación».

Además, la Agencia indicó que la plataforma, en etapa de prueba, se encuentra en la dirección electrónica https://dev.estanciaeventual.cdmx.gob.mx/, que hasta la fecha aparece como inexistente.

«Está claro que no hay coordinación entre las instancias de gobierno para operar esta plataforma», denuncia Aparicio. Cabe señalar que, según la norma impulsada por Martí Batres, el registro obligatorio de plataformas de hospedaje temporal debió estar en funcionamiento a más tardar el 5 de octubre de 2024. A casi seis meses de esa fecha, aún no ha sido activado.

Y lamenta:

«Era muy importante que el padrón de plataformas y anfitriones empezara a funcionar, porque sin esa información es difícil tener un análisis completo del problema que representa la expansión masiva de Airbnb en el territorio, y poder activar estrategias para resolverlo».

El 24 de junio, el amparo fue admitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México (expediente 919/2025). «Se pudo proceder rápidamente porque es un amparo que no requiere suspensión o medida cautelar, ya que lo que se busca no es suspender, sino activar la plataforma», explica.

La urgencia de una regulación para plataformas de corta estancia

Según el Frente Aquí Somos, la activación de la plataforma es urgente para monitorear la expansión de Airbnb. 

«El interés del Frente es que la plataforma regrese a su estado original, en el que una persona rentaba una o dos habitaciones de su casa o un departamento para generar un ingreso extra», puntualiza Aparicio.

«El problema es que, durante la pandemia, Airbnb generó acuerdos con el sector inmobiliario y empezó a desalojar inmuebles enteros para construir edificios completos de uso exclusivo para la plataforma. Desde un análisis preliminar, consideramos que se ha generado especulación sobre el suelo y el costo de vida en varias zonas, con impacto en toda la ciudad. Con una plataforma oficial, podríamos visualizar la magnitud del problema y determinar si se necesita una regulación adicional o si a los grandes anfitriones corporativos les aplica alguna normativa de hoteles o comercio ya regulada», explica el abogado.

El Bando 1 no interpela a la sociedad civil

La semana pasada, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Bando 1: «Por una Ciudad Habitable y Asequible con Identidad y Arraigo Local», una serie de medidas para contrarrestar la gentrificación y garantizar un acceso más justo a la vivienda, ante el incremento de turismo previo al Mundial 2026. El Bando prevé acciones para estabilizar rentas y promover vivienda pública sostenible.

«Se señala que la quinta acción, la Ley de Rentas Justas y Asequibles, buscará robustecer la legislación que regula las plataformas de corta estancia. Consideramos ese discurso demagógico, porque no se invita a la sociedad civil a analizar y mejorar la normativa. De hecho, muchos hemos criticado su insuficiencia, pero no se nos ha tomado en cuenta. Nos sorprende que digan que van a cumplir la norma cuando aún no han actuado; por eso promovimos el amparo», explica Aparicio.

El abogado, quien trabaja con pueblos originarios afectados por desplazamientos, lamenta que algunas propuestas del Bando 1 no consideren la perspectiva cultural. Pone como ejemplo a San Andrés Totoltepec: 

«Ahí, la vivienda social ha sido un conflicto, porque han llegado grupos no extranjeros, sino nacionales con proyectos que extraen recursos del pueblo y desplazan a sus habitantes».

Tampoco se ha considerado a Santa Úrsula Coapa, cerca del Estadio Azteca: «Denunciamos desde hace tiempo que se buscan proyectos de urbanización que extraen agua y especulan con el costo de vida y el suelo».

El pasado 25 de julio se realizó la primera audiencia del amparo, y el juicio fue pospuesto hasta el 5 de septiembre.

El Frente Aquí Somos espera que el Gobierno realmente tome en cuenta a la sociedad civil y a las agrupaciones que han denunciado la especulación inmobiliaria, el «cártel inmobiliario» y las facilidades administrativas ilegales en proyectos de vivienda. Buscan una regulación que equilibre el poder entre inquilinos y propietarios, facilite rentas de larga estancia y promueva la adquisición de suelo para locales.