La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió una recomendación a la Secretaría General de Gobierno para que sancione a servidores públicos que atentaron contra la periodista Rocío Gallegos, además de que repare el daño y se inscriba a la informadora en el registro estatal de víctimas

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA– La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Chihuahua determinó que hay evidencias suficientes para acreditar la violación al derecho a la libertad de expresión de la periodista Rocío Gallegos, por parte de servidores público del Gobierno del Estado de Chihuahua, en hechos ocurridos en noviembre del 2017.

Así quedó asentado en la recomendación número 36/2019 emitida el pasado 17 de abril y firmada por el aún presidente del organismo José Luis Armendáriz González.

El documento, uno de los últimos firmados por Armendáriz –quien entregó la presidencia del organismo el 22 de abril– se dirigió al secretario General de Gobierno, Sergio César Alejandro Jáuregui a quien pide que instaure procedimientos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que hayan intervenido en los hechos denunciados por la periodista y en su caso impongan las sanciones que en derecho corresponden.

También pide reparar de manera integral el daño a la periodista, que la inscriba en el Registro Estatal de Víctimas y se someta ante el Comité del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas del estado la propuesta de capacitar a los servidores públicos sobre el respeto al trabajo de los periodistas y la importancia de la libertad de expresión.

Tras conocer la resolución, la periodista Rocío Gallegos, directora del sitio La Verdad, Periodismo de Investigación, dijo que es un gran logro para el periodismo, con el que se sienta un precedente en un hecho en el que estuvieron involucrados funcionarios del estado de Chihuahua, quienes a través de sitios digitales y redes activaron una campaña en mi contra, me acusaron de generar un daño social a través del periodismo.

A través de eso sitios digitales, entre los que estuvieron las cuentas del propio gobernador Javier Corral, se atentó en contra de mi libertad de expresión y el derecho a saber de la ciudadanía, agregó Gallegos, quien en ese entonces se desempeñaba como directora editorial de El Diario de Juárez, empresa a la que renunció el 18 de febrero del 2018.

Gallegos dijo que lo único lamentable es que el propio estado es quien debe determinar sanciones contra sus propios funcionarios.

Los hechos que desataron la queja de la periodista ante el organismo derechohumanista se registraron el 9 de noviembre del 2017.

En ese entonces, tras la publicación de una nota sobre un video donde se le acusa de proteger a un presunto narcotraficante, el gobernador Javier Corral Jurado, publicó en su página personal un artículo de opinión con señalamientos en contra de la periodista Rocío Gallegos.

En ese escrito difundido en el sitio del gobernador y varias cuentas vinculadas con Comunicación Social del Gobierno del Estado se descalificaba el trabajo de Gallegos y la acusaron de generar un daño social a través del periodismo.

Ese día, el mandatario estatal compartió en su página oficial http://www.javiercorral.org la columna titulada “La apuesta a la inestabilidad social no es periodismo”, realizada por Luis Cardona, quien entonces aparecía en el directorio oficial como empleado estatal, aunque oficialmente se informó que ya no trabaja para el gobierno.

El mismo artículo se compartió en una página de Facebook a nombre de Javier Corral (Prensa), identificada como una cuenta administrada por el equipo de prensa del gobernador, en la que destaca lo siguiente:

“De nada sirvieron a Rocío Gallegos los cursos nacionales e internacionales sobre ética periodística. No sirvieron de nada la cantidad de premios que recibía antaño, concursaba en cuanta convocatoria aparecía. La soberbia y esa fobia que practica, que no se alínea (sic) a su grupo, han sido el motivo de la persecución y descalificación contra semejantes”.

Ante la situación, la organización defensora de la Libertad de Expresión Artículo 19 se pronunció en ese entonces y su personal asesoró a la periodista en el seguimiento del caso ante la CEDH.

Diecisiete meses después –la queja se interpuso el 15 de noviembre del 2017– tras concluir sus investigaciones y conocer las versiones de la quejosa, así como de testigos y la autoridad señalada, la CEDH determinó que “hay evidencias suficientes para acreditar violaciones a la libertad de expresión” de la periodista Rocío Gallegos, por parte del funcionarios estatales.

En la recomendación se menciona que el gobierno del estado respondió que en ningún memento el gobernador Corral pretendió agredir a la periodista Rocío Gallegos, “a quien reconocemos su profesionalismo al margen de la línea editorial del medio (en el que entonces laboraba)”.

En su resolución, la CEDH de Chihuahua expone que al haberse acreditado una violación a los derechos fundamentales de la periodista, le asiste como víctima el derecho a la reparación integral del daño, conforme a lo establecido en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución del país.
También pide garantizar la no repetición de actos violatorios de similar naturaleza.

Se informó que la autoridad tiene 15 días para externar su posición ante tal recomendación.