El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) desaprueba 181 de las 467 capturas de pantalla de conversaciones presentadas en el informe presidencial sobre el caso Ayotzinapa que, sin embargo, no están incluidas en los procesos judiciales de la Fiscalía General de la República. Sólo dos integrantes del GIEI continuarán el seguimiento a las investigaciones

Texto: Kau Sirenio

Foto: Twitter Centro Prodh

CIUDAD DE MÉXICO.- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 presentó su análisis sobre el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ).

Reunidos en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los integrantes del GIEI precisaron que una parte de las capturas de pantalla con conversaciones vía WhatsApp del informe de la COVAJ no son pruebas fiables (181 de las 467), ya que luego de un peritaje esta evidencia es considerada inconsistente y no puede verse como prueba en un proceso judicial. Estas capturas, señalaron, no fueron conocidas por el GIEI hasta que se dio a conocer el informe.

Por lo tanto, el Grupo de Expertos concluyó que en las capturas de pantalla no es posible garantizar la originalidad de los mensajes ya que no se puede determinar fecha de creación ni el tipo de teléfono. 

“Los mensajes analizados no pueden considerarse una prueba digital. No fueron extraídos de los dispositivos supuestamente usados”, dijo Carlos Beristáin.

El GIEI fue enfático en destacar, sin embargo, que estas capturas de conversaciones no sustentan la judicialización del caso por parte de la  Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), perteneciente a la Fiscalía General de la República.

Es decir, nada de lo judicializado está en el informe presidencial del COVAJ.

«Adjudicar las judicializaciones al Informe de la Presidencia de COVAJj no responde a la realidad».

Claudia Paz y Paz.

Francisco Cox explicó que en agosto se dieron cuenta de procesos de judicialización en marcha se hicieron fuera de la UEILCA. Señaló que las 83 órdenes de detención son impecables. El experto insistió en separar el informe de la COVAJ como órgano presidencial, de la que realizó la UEILCA.

Agregó: “La información proporcionada por el informe COVAJ sobre supuestos mensajes entre responsables durante los hechos o en fechas inmediatamente posteriores a los mismos, necesita todavía ser corroborada. En ninguna de las carpetas o averiguaciones con las que se llevó a cabo la judicialización y órdenes de captura de 83 personas por parte de la UEILCA antes del 19 de agosto, obran las capturas de pantalla que reposan en el informe de 18 de agosto de la COVAJ, las cuales deben ser verificadas científicamente y a través de peritajes de evidencia digital para determinar aspectos fundamentales de la prueba”.

Descartan intención de nueva «verdad histórica»

EL GIEI destacó que pese a las inconsistencias señaladas, existen diferencias entre la investigación del caso por aprte del actual gobierno y la administración interior principalmente a que en este gobierno no se ha documentado que las pruebas sean recogidas mediante tortura, como sí ocurrió en la investigación encabezada por el exprocurador Jesús Murillo Karam.

Asimismo, dijeron que no perciben una intención de construir una nueva «verdad histórica» por parte del actual gobierno, que se muestra receptivo a las observaciones del GIEI.

El Grupo de Expertos valoró de forma positiva la entrega del material para el peritaje y la disposición de que se revise técnica y pericialmente todo y pidió el compromiso de la Covaj de que en el futuro proporcione toda la evidencia al GIEI y un examen de la misma antes de dar cualquier paso.

En Voz de Ángela Buitrago, el GIEI recordó que volverá a presentar a la UEILCA y su nuevo fiscal Rosendo Gómez Piedra, toda la evidencia existente para los procesos de judicialización, incluyendo los casos desestimados por orden del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y que llevaron al desistimiento de las órdenes de aprehensión de una veintena de militares.

En ese sentido, dijo, el presidente López Obrador admitió en las dos reuniones que han tenido las posibilidades de ampliar la judicializaciones para el esclarecimiento del caso.

Carlos Beristáin relató que el GIEI se ha reunido con autoridades para evaluar las actuaciones reciente y propuso un mecanismo de seguimiento integrado por dos expertos como medida transitoria y dos más se retiran del caso. Las dos personas que continúan son Ángela Buitrágo y Carlos Beristáin, mientras que Claudia Paz y Paz y Francisco Cox se retiran.

Riesgos

Las filtraciones o pruebas no contrastadas pueden generar impunidad en el caso, advirtieron las personas expertas. 

El plazo para fortalecer pruebas era de 90 días, que se cumplen a mediados de noviembre. Buitrago advirtió que hay un enorme riesgo de que en una unidad como la UEILCA, con escaso conocimiento del caso, no lleve a cabo esa acción con la consistencia necesaria por la pérdida de capacidad y confianza que causó la salida de Omar Gómez Trecho, en anterior titular, y otros funcionarios.

Insistió en que se necesita la información de los archivos de Sedena y el Centro regional de Inteligencia y otros que puedan tener información clave para la búsqueda.

El GIEI pidió a AMLO que ordene la presentación de esos archivos.

El grupo de expertos recordó que los mensajes obtenidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) por su siglas en inglés por el trasiego de drogas de Iguala a Chicago, por el grupo delincuencial Guerrero Unidos. Las conversaciones por mensajes es la muestra de impunidad que el crimen organizado se constituyó con el apoyo de funcionarios de todos los niveles de Gobierno. 

Los expertos señalaron que las comunicaciones entre civiles armados que participaron en la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero no se obtuvo solo del Ejército mexicano, sino también de elementos de la Marina Armada de México, policías estatales, la central de comunicaciones, C-4, y varios alcaldes y policías municipales de los municipios aledañas de Iguala.

En la conversación entre los mensajeros y receptores en la escena del crimen no solo estaban integrantes de Guerreros Unidos, como responsables en la desaparición de los normalistas, sino que estaban autoridades locales como el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el entonces comandante del 27 Batallón de Infantería, el coronel José Rodríguez. 

El grupo de expertos dio a conocer que en las últimas semanas inició el estudio para verificar la autenticidad de los mensajes. “Hay que incluir nuevos elementos que aún no han sido conocidos ni contrastados, lo que ha generado una confusión sobre las conclusiones del informe y sus revelaciones, así como la relación de dicho informe con los procesos de judicialización que ya estaban en curso desde tiempo antes”.

Ángela Buitrago dijo que hay diferentes tipos de interceptación telefónica: “Las interceptaciones telefónicas a través de teléfonos Blackberry, como las interceptaciones de la DEA en Chicago, y las fotografías de captura de pantalla presentadas en el informe de la comisión, muestra dos modos muy distintos de uso de terminología, claves y ortografía”. 

Los mensajes que contiene el informe generó polémica en la investigación del caso Ayotzinapa por su veracidad: “Los mensajes asentados en los documentos de Secretaría de la Defensa y estos chats muestran mayor concordancia formal en esos aspectos. Estas circunstancias deberán ser parte de las cuestiones a esclarecer”. 

Angela Buitrago cuestionó que los documentos del informe que se filtró a la prensa días antes de los ochos años de la desaparición de los normalistas sin tachar. “Lamentablemente, se dio a conocer muchas de esas comunicaciones antes de que se pudiera verificar la información, por lo que se hizo del conocimiento no solo de los medios, sino del público en general, obviamente de los presuntos perpetradores, lo que pone en riesgo la judicialización y la prueba para un proceso”.

Desde la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero, los padres de los 43 estudiantes denunciaron al Ejército mexicano porque tuvo conocimiento en tiempo real la movilización de civiles armados conocidos como Guerreros Unidos durante la agresión en contra de los muchachos de Ayotzinapa. De acuerdo con la información obtenida, si los militares hubieran actuado para rescatar a los normalistas la historia sería distinta, además la búsqueda de los normalistas desaparecidos sería eficiente.

El grupo de expertos habló también del fiscal general, Alejandro Gertz, quien desplazó al titular de la UEILCA a mediados de agosto, para que personal de Asuntos Internos se encargara del proceso en contra Murillo Karam, detenido el 19 de agosto. Además de cancelar 21 de las 83 órdenes de detención. Sobre estos hechos, Carlos Beristain dijo que a los militares que le cancelaron las órdenes de aprehensión compartieron ruta en la noche de Iguala. 

Mientras que Francisco Cox explicó que en agosto se dieron cuenta de procesos de judicialización en marcha se hicieron fuera de la UEILCA. Señaló que las 83 órdenes de detención son impecables. El experto insistió en separar el trabajo de la comisión de la que realizó la UEILCA. “Las judicializaciones presentadas por la UEILCA no responden de ninguna forma a los chats presentados dentro del informe de la COVAJ”. 

Agregó: “La información proporcionada por el informe COVAJ sobre supuestos mensajes entre responsables durante los hechos o en fechas inmediatamente posteriores a los mismos, necesita todavía ser corroborada. En ninguna de las carpetas o averiguaciones con las que se llevó a cabo la judicialización y órdenes de captura de 83 personas por parte de la UEILCA antes del 19 de agosto, obran las capturas de pantalla que reposan en el informe de 18 de agosto de la COVAJ, las cuales deben ser verificadas científicamente y a través de peritajes de evidencia digital para determinar aspectos fundamentales de la prueba”.

Carlos Beristáin dijo que en el caso Ayotzinapa se juega buena parte de la veracidad de las instituciones mexicanas.

Más tarde, a través de cuentas de las organizaciones defensoras de derechos humanos Fundar, Centro Prodh y Tlachinollan, las madres y padres de los normalistas respaldaron la labor del GIEI, agradecieron Franciso Cox y Claudia Paz y Paz por su trabajo, pidieron un mecanismo que permita el seguimiento de Ángela Buitrago y Carlos Beristáin como parte de la comisión que dará seguimiento al caso.

Y anunciaron que en breve emitirán un posicionamiento conjunto.

🚨 | Frente a la información presentada hoy por el @GIEIAYOTZINAPA, familiares y acompañantes expresamos profunda tristeza ante la falta de verdad en el caso. 
Llamamos al Estado a rectificar y retomar la senda de la justicia, con apertura a la asistencia técnica internacional 👇 pic.twitter.com/EhLqt6Ehrd

— Fundar (@FundarMexico) October 31, 2022

Aquí puedes ver la conferencia ofrecida por el GIEI: