Al igual que con los feminicidios en Juárez, las múltiples investigaciones periodísticas sobre Ayotzinapa han generado, paradójicamente, un ruido mediático que provoca confusión en las audiencias. ¿A qué periodista “le creo”?, ¿a qué medio?, ¿cuál es el hecho real, el catalizador de fondo detrás de Ayotzinapa?

Tw @lydicar

Cuando en los años 90 del siglo pasado, Ciudad Juárez se volvió tristemente famosa por la desapación y asesinato de mujeres, desde la prensa se impulsaron varias hipótesis: un asesino serial o varios, tráfico de órganos, cine snuff, prácticas satánicas, una cofradía de hombres multimollonarios que había hecho de la urbe su coto de caza… 

La realidad es que detrás de los feminicidios había una serie de causas estructurales, una serie de actores diversos y complejos, no siempre vinculados entre sí. Pero esta complejidad era difícil de transmitir en la prensa, en los libros. Y la realidad es que ninguna investigación lograba conectar o agotar todos los hechos. 

El resultado eran, entonces, reportes muchas veces estridentes o estridentistas, cargados de teorías de la conspiración en las que a veces había algo de verdad, pero en otras ocasiones, había demasiados huecos en la información, demasiadas piezas claves perdidas…

Con toda proporción guardada, algo similar ocurre a veces en el caso de Ayotzinapa. Es un caso tan complejo, con tantos actores involucrados (algunos de ellos, de alguna manera inconexos), con unas condiciones sociales, políticas y sistémicas tan caóticas, que la reconstrucción total de los hechos no ha sido posible hasta ahora, si bien ya se conocen algunos hechos, se han establecidos trayectorias, se han recolectado evidencias, datos…

Ayotzinapa es probablemente el caso más investigado por periodistas, funcionarios, agentes, observadores independientes, organismos de derechos humanos, de lo que va del siglo. Periodistas de todos los calibres han escrito decenas de libros (algunos francamente mentirosos, otros profundamente serios; algunos abocados a rescatar la memoria de los estudiantes y sus familias; otros empeñados en descubrir los hechos detrás de la desaparición forzada).

Al igual que con los feminicidios en Juárez, esto ha generado, paradójicamente un ruido mediático que de alguna manera provoca confusión en las audiencias. ¿A qué periodista “le creo”?, ¿a qué medio?, ¿cuál es el hecho real, el catalizador de fondo detrás de Ayotzinapa?

Probablemente todos tienen un fragmento de verdad; y fragmentos de imprecisiones.

Ahora, el GIEI se va tras ocho años de trabajo, estableciendo metodologías y señalando las omisiones y violaciones al proceso realizada por dos administraciones en el caso Ayotzinapa: primero, el gobierno de Peña Nieto, en el que se cuajó la llamada “verdad histórica” (que resultó una mentira acrónica), y luego las investigaciones (a veces buenas, a veces, hay que decirlo, cargadas contra oponentes políticos, y a veces a medias ) durante la administración de AMLO. 

La principal denuncia: el Ejército, si bien ha entregado alguna información, no ha entregado toda. Y, acusan los expertos, se siguen protegiendo a las Fuerzas Armadas.

En estos últimos días, la prensa ha buscado evaluar el impacto del paso del GIEI y las resistencias de las instituciones mexicanas. Y en la prensa, solemos necesitar de un encabezado ruidoso que nos permita vender noticias: entonces nuestros titulares suelen ser totalizadores, estruendosos, polarizantes. “Fracaso total”, o “más de lo mismo”. 

Un resumen de los últimos 8 años

El GIEI resume así su paso en México: 

“En su primera etapa, el GIEI presentó dos informes Ayotzinapa I (septiembre de 2015) y Ayotzinapa II (abril de 2016), que mostraban numerosas pruebas de los hechos no investigadas, así como cuestionaban profundamente la versión asumida por la PGR y el gobierno mexicano de entonces llamada “Verdad Histórica”. Por dicho motivo, su mandato no fue renovado. La investigación siguió su propio camino, se asumieron algunas pruebas e iniciativas propuestas por el GIEI, pero en general se siguió promoviendo la “verdad” construida desde el inicio, a pesar de las numerosas pruebas que la cuestionaban totalmente. 

“Desde 2016, a la salida del GIEI de México, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos siguió monitoreando el avance de las recomendaciones del grupo a través del MESA e implementó el mecanismo GAT que permitió que dos miembros del GIEI desde el 2019 analizaran temas puntuales y produjeran insumos para avanzar en la investigación.”

“En el año 2020, el GIEI volvió al país invitado por el nuevo gobierno de México, los familiares y representantes de las víctimas, y con el acuerdo de la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos con marco en la medida cautelar 409/14. 

“La reinstalación del GIEI se dio con un nuevo acuerdo marco con el Estado, liderado por Alejandro Encinas subsecretario de DDHH, con la CIDH, representantes de las víctimas y familiares, el Centro Prodh, Tlachinolan, SERAPAZ y FUNDAR. En esa etapa, el GIEI trabajó con la nueva fiscalía especial para el caso Ayotzinapa (UEILCA), creada en ese año junto con la Comisión Presidencial de la Verdad para el caso (COVAJ) como un mecanismo extrajudicial de verdad y apoyo al esclarecimiento del caso. En ambos casos también fungió como coadyuvante.”

Es decir, hay dos momentos distintos del GIEI: un primer momento entre 2015 y 2016, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, donde se acusó de fabricar una “verdad histórica”. Y otro entre 2020 hasta esta última semana 2023, en el que el, como dice el GIEI, el desafío fue reconstruir los hechos en medio de una enorme maraña previa de fabricación de pruebas, corrupción, personas torturadas y luego dejadas en libertad (no necesariamente inocentes, ojo), una serie de testigos desaparecidos o asesinados, pruebas destruidas, contaminadas o perdidas para siempre, y con funcionarios, “servidores” públicos que seguían operando con la consigna de sostener los hechos presentados por la anterior administración. 

Hay que recordar que tan solo un testigo fue asesinado a balazos días antes de que fuera asegurado para su interrogatorio, y todo parece indicar que el pitazo fue hecho desde la misma Fiscalía General de la República. Para entonces una veintena de personas habían ya sido asesinadas, ya sea por continuar en cuestiones criminales, o por razones desconocidas (no elucubrar hasta no tener pruebas o al menos indicios). 

Estas son las condiciones  en las que trabajaron los últimos tres años. No es disculpar, o justificar; sino se trata de comprender las condiciones del trabajo, entender la dificultad de establecer una realidad, después de que los indicios y pruebas fueron manipulados y destruidos.

¿Por qué escribo esto? Pienso por ejemplo en los registros telefónicos. Recuerdo un caso de secuestro que cubrí hace unos 11 años. La familia solicitó durante años la sábana de llamadas para poder situar los pasos de los secuestradores que se llevaron a su hija. La denuncia fue constante pero la compañía telefónica (me reservo el nombre porque no consulté a la familia y entiendo que firmaron finalmente un acuerdo) jamás proporcionó toda la información por el simple hecho de que la empresa en realidad no podía recabarla. La empresa no cumplía con los requisitos que por ley debía tener y era prácticamente imposible para su infraestructura recabar los puntos requeridos. No quisieron hacerlo público porque la empresa mencionada estaba violando la ley. Al final la familia aceptó lo poco que les dieron, algunos acuerdos más, a cambio de mantener esta omisión legal en secreto.

A veces así de simple es que no sea posible obtener ciertos datos.

En el caso concreto de Ayotzinapa, en algún momento de hace dos años una fuente comentó que algunos registros saltaban en el Cisen y en el Campo militar número 1 porque era ahí donde otros actores buscaban intervenir los teléfonos.

Advierto todo esto no para exculpar, sino para tratar de describir lo complejo que es reconstruir un caso conforme pasa el tiempo. Cada día perdido son rastros perdidos, testigos que olvidan o mueren, oportunidades de encubrimiento.

Punto clave

Para el GIEI, actualmente “el caso se encuentra en un momento clave, del paso de la verdad investigada por el GIEI o la UEILCA y la COVAJ, a la justicia que debe ser administrada por los jueces, y los problemas inherentes a la judicialización de una red criminal con fuerte apoyo en el crimen organizado aún hoy en día y sectores del Estado”.

Y advierte que desde agosto de 2022, sufrió presiones por “mostrar resultados con carácter político”. Es decir, la administración de AMLO también presionó por mostrar un cierre a la investigación. Cumplir probablemente una promesa: localizar a los 43.

Otro punto que advierte el GIEI: en los últimos años sí hubo acercamiento por parte de testigos para romper el “pacto de silencio” (no me gusta esta expresión, pero es la que utilizaron en el informe). Pero se presentaron dificultades: uno, la incapacidad de la FGR y otros organismos como la COVAJ para asegurar la vida de estas personas (no era suficiente solo cambiarles el nombre) y dos: la filtración de información por parte de la prensa, que en ocasiones incluso dio los nombres y apellidos.

La pregunta de enormes dimensiones

 Finalmente, en el informe final, se vuelve al gran tema: el destino de los jóvenes.

“El final del informe vuelve a los jóvenes y su destino. La situación de los jóvenes después de la detención, su división en grupos y sus diferentes destinos se abordan al final de este apartado. Las informaciones existentes aún son fragmentadas y tienen contradicciones entre evidencias y declaraciones. Tres restos de los jóvenes han sido encontrados en estos años, pero la historia de cómo todo ello se llevó a cabo aún permanece con grandes sombras. La coherencia de algunas versiones que han llevado a nuevos descubrimientos debe ser analizada también en el conjunto de la evidencia y la actuación de testigos protegidos”.

Al respecto, este ultimo informe señala como destino final, probablemente Chilpancingo, Huitzuco, rumbo a Taxco, aunado a los lugares previamente conocidos, como Barranca de Carnicería, donde fueron hallados los restos de dos normalistas. 

Esta reportera añade que testigos señalaron movilización de camionetas en los alrededores de la ciudad de Huitzuco aquella noche, con dirección a lo que conocen como minas viejas. Un dato más, no verificado.

Lecciones para el movimiento social

Quiero agregar aspectos que considero, sobre todo para las organizaciones sociales es importante:

-La terrible noche de Iguala se dio en un contexto previo de polarización y escisión dentro de la Federación de Estudiantes Socialistas de México (divididas en dos polos antagónicos en aquel momento). Si bien no se puede atribuir la desaparición forzada de los 43 estudiantes y la ejecución extrajudicial de Julio César Mondragón a dicho conflicto (hacerlo sería, por un lado, poco fundamentado y, por el otro, injurioso), es menester reconocer que el conflicto al interior de la normales rurales les significó una vulnerabilidad profunda que permitió una vulneración mayor. Frente al asedio y condiciones terribles del crimen organizado en Guerrero, esto conllevó a consecuencias fatales.

-De acuerdo con información recabada, las organizaciones sociales, el movimiento estudiantil rural han aprendido sobre este error: la necesidad de fortalecer la organización y también de prevenir con mayor fuerza la penetración de intereses ajenos a sus objetivos han sido pilares significativos en estos últimos años. Este reconocer y el transformar es una buena noticia: Todavía hay en México organización social para rato.

-No debemos olvidar esto: la necesidad de vigilar los procesos internos de las organizaciones sociales, actualizar códigos de ética, no violar acuerdos previos. El México actual sigue siendo adverso, la única salida esa la organización social entre pares, la movilización a partir de objetivos e ideales comunes. No se debe poner en riesgo. Es vital para todas y todos.

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