El Senado analiza una propuesta para modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que le exime de investigar la desaparición de personas en el país. Una iniciativa que, en los hechos, encamina a la FGR hacia el pasado, los días infames de la justicia mexicana

Twitter: @anajarnajar

La alerta  se demoró dos meses. 

A mediados de octubre pasado el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la mayoría parlamentaria en el Senado de la República, propuso modificar la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR).

En la multitud de temas que cada semana se discuten en el escenario político del país, la iniciativa pasó desapercibida.

Fue hasta que se aprobó en las comisiones, en los últimos días del período ordinario de sesiones, que el tema cobró notoriedad.  No era para menos.

La iniciativa de Monreal pretende eximir a la FGR de la responsabilidad de participar en la búsqueda de personas desaparecidas en el país.

Hasta ahora existe una obligación legal para que la Fiscalía se involucre con todos sus recursos en esa tarea, e inclusive establece su participación obligada en el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Se trata de un organismo que nació a partir de la Ley General en Materia de Desapariciones, en el que participan instituciones federales, estatales y grupos que buscan a personas desaparecidas.

Un esfuerzo para reconocer que la tarea de sanar la profunda herida que representa la crisis humanitaria de México necesita una respuesta a nivel de Estado, no sólo de entes burocráticos como se contemplaba el tema hasta hace unos años.

No es todo. En la actual Ley Orgánica de la FGR se creó un Consejo Ciudadano en el órgano de gobierno de la Fiscalía, algo que permite supervisar y sobre todo ejercer presión en casos sensibles para las víctimas.

También obliga a la coordinación de la FGR con otras entidades oficiales y organizaciones civiles, para atender con prontitud, por ejemplo, las tareas de búsqueda y el análisis forense de los restos encontrados.

La propuesta del senador Monreal, presentada en octubre pero que escandalizó hasta diciembre, camina en sentido contrario.

La iniciativa pretende modificar la Ley Orgánica y eliminar, entre otros temas, los supuestos en los cuales la Fiscalía se obliga a participar en el Sistema Nacional de Búsquedas.

Erradica, además, la existencia del Consejo Ciudadano y virtualmente deroga la obligación de la FGR de participar en el Sistema Nacional de Búsquedas, porque lo deja al criterio de los agentes del Ministerio Público.

En los hechos la intención es eludir la responsabilidad de la FGR en un tema sensible para el país, la desaparición de miles de personas.

Monreal presentó su iniciativa a nombre de la mayoría de los senadores, postulados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

El argumento para defenderla es que, jura, es una propuesta para reducir las tareas burocráticas de la FGR y con ello agilizar su trabajo en esos temas sensibles de los que parece ausentarse.

Monreal y los senadores de Morena juran: es una forma de reducir gastos, una medida de austeridad que es eje principal en la operación del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es una enorme contradicción. En muchas de sus conferencias de prensa matutinas el presidente insiste en que para atender la desaparición de personas no hay límites presupuestales.

Todo el dinero que se necesite, repite. Algo radicalmente distinto a los argumentos de quienes defienden la iniciativa Monreal.

Más: al defender la iniciativa insisten en que pretenden garantizar la autonomía de la FGR, al evitar que influyan organismos distintos a la Fiscalía en las investigaciones del Ministerio Público.

No es así. La actual Ley Orgánica obliga a investigaciones multidimensionales, de un espectro mayor al que señala el texto de las leyes.

En el caso de la desaparición de personas es un asunto fundamental. Hay diferencias importantes entre calificar a una persona como ausente, como muchas veces se contempla en las investigaciones de la FGR y las fiscalías estatales, a considerarla como desaparecida.

En este camino la aportación que pueden hacer colectivos de buscadores, la Comisión Nacional de Búsquedas (CNB), académicos y organizaciones civiles no estorba.

Al contrario, robustecen una investigación y facilitan el camino para encontrar a los desaparecidos. A la justicia.

Los promotores de la iniciativa conocen los argumentos, porque se los han repetido en foros abiertos, entrevistas y el parlamento ciudadano al que convocaron recientemente.

Sin embargo, sostienen el propósito de modificar la Ley Orgánica de la FGR.

La pregunta es por qué. Y las respuestas son varias. Una es la desconfianza del presidente López Obrador hacia las organizaciones civiles.

Algunas de ellas fueron activas promotoras del sistema penal acusatorio, que representó un cambio radical en la concepción de las leyes para muchos políticos y abogados que se formaron en las décadas de los 70 y 80.

Otra proviene justamente de la formación personal de Monreal y el fiscal General Alejandro Gertz Manero, los dos abogados, doctores en Derecho y especialistas en un criterio profundamente legalista en su concepción de la justicia.

Una práctica común en México, como lo denunció recientemente la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero: 

Los usos y costumbres de muchos jueces, abogados litigantes, fiscales y agentes del Ministerio Público obligan a un seguimiento a veces fanático de los códigos penales.

La consecuencia es una multitud de personas en prisión acusadas de delitos que, con una forma distinta de entender y aplicar las leyes, pudieron tener mejor suerte.

Son casos de quienes, por ejemplo, sustrajeron comida por hambre. Un delito que puede ser sancionado con prisión o la reparación del daño. Las leyes contemplan esas posibilidades.

La diferencia está en quien decide entre ellas. Un juez o agente del Ministerio Público formado en la procuración legalista de la justicia aplicaría la máxima sanción.

Pero otros, con una concepción distinta, entenderían el contexto en que se infringió la ley y buscarían el sentido último de su responsabilidad: la justicia.

Eso implicaría tal vez garantizar la reparación del daño antes que una sentencia en prisión, sobre todo si se trata de un delito menor.

Es un asunto de fondo, porque quienes optan por la justicia suelen entender el entorno social en que se mueven. Y en un país con profundas heridas abiertas, como la desaparición de miles de personas, ese criterio es indispensable.

No parece ser el caso de abogados como Gertz Manero o Ricardo Monreal. Una de sus caras en torno a la Ley Orgánica de la FGR les muestra dogmáticos, predicadores a pie juntillas de los códigos penales. 

No entienden el contexto social del país. Y por eso la cruzada de alejar a la Fiscalía del contacto ciudadano, convertirla en un ente aislado, sin influencias ajenas a su mundo legalista.

Vaya forma de entender la autonomía de la FGR aunque es, de nuevo, una profunda contradicción.

Modificar su Ley Orgánica implica convertir a la Fiscalía en una especie de Procuraduría General de la República de los años 70.

Un organismo todopoderoso, impune, sujeto a los vaivenes de la política y el presidente en turno.

Es el modelo de procuración de justicia en el que se educaron algunos de los políticos de estos días. Es el caso de Gertz, Monreal, López Obrador.

Algo que ha probado ser inútil y dejó consecuencias graves para el país. Las mismas que heredó el presidente y se comprometió a resolver.

El tema es hasta dónde sus colaboradores ayudan en ese propósito. Legalmente y en el discurso de López Obrador, Ricardo Monreal y Alejandro Gertz representan a poderes autónomos.

Pero en los hechos los dos personajes han estado, siguen ligados al quehacer político del tabasqueño. Más ahora que es el presidente con más poder y respaldo de la historia reciente.

López Obrador insiste en que nada tiene que ver en el tema, que es un asunto ajeno al Poder Ejecutivo. La FGR y los legisladores deben resolver, dice.

Pero eso no es cierto en el México de estos años. Nada se mueve en el país sin su conocimiento y mucho su aprobación.

No estaría de más, entonces, aclarar el significado de la intentona en el Senado. Desde la mirada presidencial, claro.