Si uno junta todos los edificios que construyó en los últimos años GDC Desarrollos, podría llenar la colonia Escandón. Desde hace dos años esa empresa inició la construcción de varias torres de departamentos en Coahuila 28, en la Roma Norte de la Ciudad de México. En sus intentos frustrados por detener la obra que estaba dañando sus viviendas, los vecinos descubrieron una empresa imparable que ha operado con diversas irregularidades. La compañía es dirigida por Santiago Morales, hijo de Ignacio Morales Lechuga, conocido por ser exprocurador de la República durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari

Texto: Arturo Contreras Camero

Fotos: Belén Kemchs

CIUDAD DE MÉXICO.- Sobre Coahuila 28 se levanta la incipiente estructura de lo que serán tres lujosas torres de departamentos. Las viviendas de una y dos recámaras de 50 a 70 metros cuadrados (los más grandes, lujosísimos de más de 150 metros) se venden arriba de los 3.5 millones de pesos (y hasta los 6). Incluyen todos los servicios, por supuesto, así como el riesgo de estar construidas sobre una grieta geológica, según dicen los vecinos, que ya fueron afectados por el levantamiento de dicha mole arquitectónica. 

Afuera de la obra pende una manta que dice “Esta obra es legal”. Sin embargo, en el predio no se muestran los permisos de construcción ni la cédula de publicitación vecinal conforme a la ley. Su licencia de manifestación de construcción tampoco está en el sitio de transparencia de la Alcaldía Cuauhtémoc. Y por si fuera poco, en el Atlas Nacional de Riesgos está documentada una grieta que pasa justo por debajo del predio.

A pesar de todo eso, la obra sigue. Para detener su construcción, vecinos iniciaron una afronta legal que chocó con la muralla de protección que tiene GDC Desarrollos, la empresa que construye las torres, ante la alcaldía y los tribunales de justicia de la ciudad.

“Yo entiendo que el poder judicial sí funciona mal, pero a ese nivel de absurdo es irreal”, dice al respecto Arturo Aparicio, el abogado que ha asesorado a los vecinos en esta odisea. “Ni la PAOT (la Procuraduría Agraria y de Ordenamiento Territorial), ni la Alcaldía, ni Seduvi (la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda) han actuado. De una, entiendo, ¿pero de todas? Es muy raro”.

Según dice el abogado, pareciera que alrededor de la GDC hubiera una red amplia que cuida sus intereses y se activa para protegerlos. GDC Desarrollos es una de las constructoras más grandes de la Ciudad de México Según sus propios datos, han edificado cerca de 40 hectáreas de lujosos edificios residenciales (el equivalente a cuatro Alamedas Centrales) en colonias como San Ángel, la Roma, la Condesa y del Valle. Todas zonas de altísima plusvalía y densidad habitacional.

GDC Desarrollos es dirigida por Santiago Morales Broc, hijo de Ignacio Morales Lechuga, conocido por haber sido procurador General de la República durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, embajador de México en Francia y titular de la Notaría 116. 

El pasado 16 de agosto dos departamentos construidos por esta empresa en la Colonia del Valle explotaron. GDC Desarrollos excusa que una falla en la instalación de una secadora provocó una acumulación de gas; sin embargo, los residentes del edificio ya habían reportado fallas en la construcción, como fugas previas, humedad y filtraciones. 

Un mal vecino

Desde septiembre de 2020 los vecinos Único Roma, como se conoce a las torres de departamentos, levantaron la voz ante las afectaciones que empezaron a mostrar sus casas con la llegada de la obra. Aparecieron grietas en sus paredes y pisos, temblores que duraban todo el día y un ruido constante. Había empezado una pesadilla interminable.

“Hay vecinos que dejaron de vivir en Coahuila 30. Hay otros que estaban rentando y se tuvieron que ir para otro lado. Unos tenían una casa GEO, del Infonavit, a las afueras de la ciudad y se fueron de mientras. Otros se quedaron, pero los que pudieron ya no están viviendo ahí, porque no era cómodo ni seguro”, explica el abogado Arturo Aparicio. 

“En agosto de 2020 los vecinos de Coahuila 30 vieron unas lonas donde se publicitó el proyecto. Se acercaron a mí, a consultarme”, continúa el abogado. “Yo les informo que es un procedimiento nuevo, que la alcaldía no lo está cumpliendo”.

El proceso es un aviso que tiene que hacer la constructora ante los vecinos de un predio antes de solicitar el registro de construcción ante la Alcaldía. Este proceso debe durar quince días y se debe hacer con aviso ante la alcaldía. La constructora debe poner a disposición de los vecinos la información del proyecto, estos deben estar en posesión de la Alcaldía para que los vecinos puedan consultarlos e impugnarlos si es que creen que la obra que se planea puede afectar su tranquilidad o su patrimonio.

“Cuando nosotros solicitamos el acceso al expediente, la Alcaldía nos dijo que no lo tenían, porque no lo estaban haciendo obligatorio en ese momento”, asegura Arturo. Según dice, a pesar de que la publicitación vecinal está contemplada en la ley, las indicaciones de cómo se debe solicitar y realizar a cabo no están plasmadas en los manuales de operación de las alcaldías, pues, como muchas otras leyes nuevas en México, no están armonizadas, es decir, que a pesar de existir una ley que lo requiere, no hay instrucciones de cómo lo debe realizar la autoridad competente. Esta es tarea de la jefatura de Gobierno de la ciudad, una omisión de la administración de Claudia Sheinbaum. 

“En otros casos de defensa vecinal nos hemos topado con lo mismo con lo que se enfrentan todos los ciudadanos que buscan defender sus colonias de los desarrolladores inmobiliarios. Tú te quieres defender en contra de un proyecto, denuncias ante la Alcaldía y no hacen caso. Entonces tú eres el que tiene que meterse a investigar cómo funcionan las más de 100 normas y leyes que existen en la ciudad para regular el tema de la construcción. Así, buscando, fue que nosotros encontramos el primer paso: agotar el procedimiento de publicitación vecinal”, dice Arturo. 

La finalidad de este procedimiento es que, a pesar de que un proyecto de construcción puede ser legal o no, los vecinos del lugar tengan una protección ante el impacto que la obra tenga en sus vidas. La falta de este requerimiento es lo que llevó el caso de Coahuila 28 a los tribunales de la ciudad. Donde la red de protección de GDC desarrollos se hizo más latente. 

Un caso lleno de irregularidades

Arturo y los vecinos decidieron solicitar un amparo ante la construcción de la obra, porque no se había agotado el proceso de publicitación. El amparo, sin embargo, fue desechado por el Juzgado décimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México.

“El juzgado nos negó la razón en la sentencia atendiendo a elementos superficiales, no analizó realmente el caso de fondo (la falta de publicitación por parte de la Alcaldía y la constructora). Esto se contradice a lo que ya había resuelto el InfoDF: que se nos había negado esa información”, cuenta el abogado. 

Ante la negativa, los vecinos impugnaron, por lo que el caso pasó al Primer Tribunal Colegiado en materia administrativa, que dictó como medida cautelar que se hicieran los estudios pertinentes para determinar si existía o no una falla geológica en el predio.

“Aquí lo irregular es que normalmente una medida cautelar trae una suspensión del proyecto, en lo que se acredita la seguridad del lugar, en este caso. Pero aquí se hizo al revés: la construcción continúa y si se determina que hay un foco de riesgo, se detiene”, critica el abogado. 

Cuando el Instituto de Seguridad en las Construcciones de la ciudad llegó al lugar para llevar a cabo la medida, parecía que estaban del lado de la constructora, señala el abogado. A pesar de conocer sobre la grieta, la constructora no reconoce que exista tal fenómeno geológico sobre el predio y la persona del Instituto que atendió a los vecinos les dijo que había que hacer otro estudio para dictaminar si en el predio en realidad existía tal grieta, pues a veces su referencia geográfica es inexacta. “Entonces a quién le hago caso, al Atlas de Riesgo o al constructor?”, cuestiona el abogado. 

Más allá de pugnar porque se resolviera el tema de la falla geológica, el juzgado dictó un acuerdo para dejar sin efectos las medidas cautelares de llevar a cabo un estudio. 

“Eso es irregular, no puedes dictar un acuerdo si no se resolvió el asunto principal del juicio. Se adelantó de manera irregular ese acuerdo, lo que mina nuestra estrategia legal. Que es lo que ha hecho, que nos ha estado minando. Esto nos obliga a impugnar y a que pase el tiempo, mientras el proyecto sigue avanzando».

El juzgado ante el que se lleva el caso no está encabezado por un juez, pues su titular dejó el cargo y en reemplazo está Jatziri Yunuen Reyes Sánchez, secretaria de acuerdos encargada del asunto. Lo más grave de esta secretaria, advierte Arturo, es que se deshizo de las pruebas necesarias sobre la obra en el predio.

“Nosotros solicitamos al juzgado que no se deshiciera del tomo de pruebas anexo al expediente, porque la Alcaldía no nos quiso dar una copia, porque había elementos privados. Entonces pedimos al juzgado que la Alcaldía se los entregara. Todos estos documentos, cuando llegaron al expediente, tenemos la sospecha de que ya estaban manipulados, porque no había un documento que dijera: ‘Recibo de la constructora un archivo de tantas páginas’, ahora corremos el riesgo de que cuando se solicite de nuevo el expediente, este vuelva a estar modificado”.

Lo trascendente del caso, según detalla el abogado, es que se está demandando la omisión de la jefatura de Gobierno y de la Alcaldía al no actualizar el reglamento de construcciones para que esté armonizado, pues este es un hecho que no solo afecta a los vecinos de la Roma, sino de toda la ciudad. 

“Lo que hemos interpretado es que el juzgado en el que está el caso no quieren entrar a las entrañas del asunto porque eso sentaría un precedente para otros casos parecidos”, asegura el abogado.