El ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna desvió 746 millones de dólares durante 20 años, señaló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez. Su red de corrupción incluye a otros funcionarios, sin embargo, el poder judicial ha amparado a algunos, como a Luis Cárdenas Palomino

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Tercero Díaz / Archivo Cuartoscuro

CIUDAD DE MÉXICO.- El otro juicio que enfrenta Genaro García Luna en Estados Unidos no es solo por un departamento en Miami, sino por el presunto desvío de 746 millones 879 mil 384 dólares y 78 centavos, informó está mañana durante la conferencia del presidente el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Pablo Gómez.

Además del juicio por narcotráfico que enfrenta el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en la corte federal de Estados Unidos en Nueva York, el «hombre fuerte» del expresidente Calderón enfrenta un juicio civil en Florida por la compra de distintos bienes en ese estado con dinero de procedencia ilícita. Este segundo juicio espera la resolución de un recurso de revisión interpeusto por la defensa de García Luna, mismo que se espera tener al final del juicio en Nueva York.

«Durante el tiempo que Genaro García Luna ejerció su cargo como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y posteriormente a ello, tejió una red de corrupción y lavado de dinero para beneficio personal y de sus socios cercanos. Bajo auspicio de García Luna, un conglomerado empresarial familiar que opera en distintos países obtuvo 30 contratos con diversos órganos de seguridad pública en México, a partir de los cuales se extrajeron recursos públicos por un monto de 745.9 millones de dólares, y sigue el examen de otras operaciones, no hemos terminado», explicó el titular de la UIF.

Tan pronto como se facturaban los contratos, el dinero era transferido a otros países mediante el sistema financiero, principalmente a paraísos fiscales como Barbados. Posteriormente el dinero era llevado a empresas en Miami que usaban el dinero para comprar bienes muebles e inmuebles.

«Con el dinero que se robaban, compraban cosas con el propósito de mantener el dinero en situación de lavado» explicó Pablo Gómez.

El 24 de diciembre de 2019, la UIF incluyó en la lista de personas bloqueadas del sistema financiero mexicano a García Luna y a otras personas denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la República por hechos relacionados con corrupción, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Posteriormente, el 21 de septiembre de 2021, el gobierno Mexicano presentó una demanda civil ante el Tribunal del Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, Florida, para la recuperación de los activos adquiridos con los recursos extraídos del erario mexicano y ubicados en ese estado norteamericano con la intención de resarcir el daño generado al gobierno de nuestro país.

Esta demanda incluye a Genaro García Luna, Linda Cristina Pereyra de García Luna, Mauricio Samuel Weinberg López, Jonathan Alexis Weinberg Pinto, Sylvia Donna Pinto de Weinberg, Natan Wanciert Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto Guerrero de Niembro.

Estas personas están vinculadas a un listado de 44 empresas que recibieron diversos contratos para el desvío de recursos. Y, según dijo el titular de la UIF, todos estos contratos serán dados a conocer.

De momento, durante la conferencia del presidente se mostraron un par de listados con la los bienes que fueron adquiridos a través de estas empresas. Además de los inmuebles listados, se identificó que con el dinero desviado se compraron una serie de bienes que suman 21 millones de dólares, mismos que se vendieron antes de que iniciara el juicio por causas penales en la corte de Nueva York. Entre ellos destacan vehículos Rolls Royce, Ferrari, Maserati, Jeep, Audi, Lamborghini, Tesla, Mercedes Benz, Land Rover, Jaguar, Mustangs de colección, además de un barco y varias motocicletas.

El poder Judicial protege a secuaces de García Luna

Después de dar a conocer los detalles del juicio de García Luna en Miami, el titular de UIF dio cuenta de la decisión de tres magistrados para amparar a uno de los colaboradores más cercanos de García Luna por los delitos de lavado de dinero que enfrenta. La decisión fue calificada de antinacional e inconstitucional por Pablo Gómez.

«Ahora tengo que firmar un acuerdo para sacar de la lista de personas bloqueadas a Luis Cárdenas Palomino», señaló el titular.

El 25 de enero de 2023 los magistrados del poder Judicial Jorge Antonio Cruz Ramos, María Elena Rosas López y Pablo Domínguez Peregrina, dieron la protección y el amparo de la justicia de la unión a Cárdenas Palomino, extitular de la Policía Federal bajo el mando de García Luna, quién está preso por la supuesta comisión de tortura desde 2021.

El gobierno Federal envió una petición de revisión, encabezada por el presidente de la República ante la decisión del poder judicial, sin embargo, está fue desechada. Después de esta decisión, Cárdenas Palomino fue retirado de la lista de personas con bloqueo financiero, además de que ya no podrá enfrentar cargos por el uso de recursos de procedencia ilícita, según explicó Pablo Gómez

«¿Qué significa esto? Que la acción del gobierno con el propósito de prevenir actividades ilícitas en el sistema financiero de parte de individuos sujetos a procedimientos jurídicos de distinto tipo y que se conoce que realizan lavado, son liberados por estar en la lista de personas bloqueadas por el sistema judicial, que debería interesarse en lo contrario», criticó el titular de la UIF.

«El gobierno de México no puede callar frente a esto, este no es un problema de colaboración entre poderes, es un problema de otro orden. Se tiene que informar al pueblo de México lo que está pasando», dijo al hablar del caso, que no es único, sino que se repiten con cientos de otras personas que son investigadas por el ejecutivo Federal.

El argumento es que el procedimiento que llevó a la UIF a inscribir a esas personas en la lista de personas bloqueadas, como es una decisión nacional y no lo solicita ningún otro país extranjero, carece de certeza y seguridad jurídica para proceder con otras denuncias.

Este criterio se deriva de una jurisprudencia elaborada por el ministro de la Suprema Corte, Arturo Medina Mora y es aplicado por jueces en todo el país no solo para convalidar actividades ilícitas y proteger a criminales de la delincuencia organizada y, especialmente, a los corruptos, dijo el titular de la UIF.

«Yo quiero que se entienda que no se está persiguiendo a nadie por sus ideas ni por sus posiciones políticas, simplemente lo que se está haciendo es cumplir con la ley y uno de los instrumentos es el bloqueo de las cuentas», señaló Pablo Gómez.

Junto con el uso de este criterio, Gómez señaló que hay jueces que prohíben que se presente la información de la Unidad de Inteligencia Financiera a los Ministerios Públicos, lo que da espacio para que éstas personas investigadas tengan una salida a la impunidad.

Según el Código Penal Federal, para proceder judicialmente en contra de alguien por el lavado de dinero se requiere la denuncia de la UIF, misma que los MP están bloqueando.

«Cuando se impide que se puedan usar estos datos del sistema financiero, el poder Judicial los está dejando en completa impunidad, porque nunca podrán ser denunciados ni inculpados», lamentó Pablo Gómez.