Genaro García Luna se declaró inocente de nuevos cargos por narcotráfico. En la audiencia donde se presentó se revelaron vínculos del exfuncionario con el Cartel de Sinaloa desde 2001, en el inicio de los dos gobiernos del Partido Acción Nacional

Texto: Alberto Nájar

Foto: Cuartoscuro / Saúl López 

En 2001 Genaro García Luna era Director General de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal. Un policía formado en tareas de espionaje, partícipe inclusive en tareas de contrainteligencia contra el EZLN.

Fue algo más. Ese año García Luna también era narcotraficante. 

La información se divulgó este jueves en la Corte de Brooklyn, donde se dirime un proceso al exfuncionario mexicano, detenido el 10 de diciembre de 2019.

En un principio fue acusado de recibir sobornos del Cartel de Sinaloa, pero a estos cargos se añadieron más.

La Fiscalía de Nueva York le señala de participar en una “empresa delictiva” desde 2001 y de involucrarse en cinco envíos a Estados Unidos con decenas de toneladas de cocaína.

También lo acusa de conspirar con varias personas para organizar embarques de heroína, así como de mentir sobre su situación migratoria ante oficiales estadounidenses.

La “empresa criminal”, según el Departamento de Justicia, es el Cartel de Sinaloa y quienes le acompañaron en la conspiración son, entre otros, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, los principales colaboradores del ahora acusado.

La acusación presentada ante el juez Judge Cogan, el mismo que presidió el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, contiene la intención del gobierno estadounidense de incautar el dinero y propiedades de García Luna que sean producto del narcotráfico.

A estos nuevos cargos el exfuncionario respondió, a través de su abogado: “No culpable”.

El amigo de Calderón

Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), pero no sólo fue un integrante más de su gabinete.

El expolicía era la persona de más confianza del entonces presidente de México, responsable operativo de su guerra contra el narcotráfico que causó la muerte a unas 200 mil personas y la desaparición de otras miles.

En distintos momentos García Luna fue señalado de presuntos vínculos con carteles de la droga pero las acusaciones, sustentadas en investigaciones periodísticas y testimonios de excolaboradores, fueron desoídas.

El “Súper policía”, como le definieron comunicadores amigos suyos, fue impune. Esos días terminaron en diciembre pasado, y su nueva realidad se afianzó este jueves.

La Fiscalía de Nueva York aseguró que desde 2001 existen relaciones del exfuncionario y sus colaboradores con el Cartel de Sinaloa.

En ese entonces el presidente de México era Vicente Fox quien le tenía confianza al ahora detenido. En su informe de gobierno de ese año anunció el nacimiento de la Agencia Federal de Investigación, y designó para el cargo a García Luna.

Desde esa posición mantuvo los vínculos con el Cartel que se intensificaron en el gobierno de Felipe Calderón. 

Los detalles se encuentran en el expediente del Departamento de Justicia contra el exsecretario de Seguridad y sus colaboradores, Cárdenas Palomino y Pequeño García.

El primero fue jefe de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, y el otro encabezó la División Antidrogas en la misma dependencia.

Los tres, señala el documento presentado en la Corte de Brooklyn, “fueron altos oficiales del gobierno mexicano que protegieron al Cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos”.

Con ese dinero los colaboradores de Felipe Calderón “fomentaron el tráfico de drogas” del Cartel.

De hecho García Luna y socios acordaron no intervenir en los envíos de la organización que, según el Departamento de Justicia, “típicamente consistieron en múltiples toneladas de narcóticos, la gran mayoría fue destinada a Estados Unidos”.

También entregaron información sensible de operaciones policíacas, arrestaron a miembros de carteles rivales a Sinaloa y le compartieron información de inteligencia para ayudar en la guerra que sostenía contra esas organizaciones.

La colaboración superó a la Secretaría de Seguridad Pública, pues según el gobierno estadounidense el trío de exfuncionarios colocaron “oficiales corruptos en posiciones de poder en áreas controladas por el Cartel de Sinaloa”.

“Un caso complejo”

Hasta ahora la Fiscalía ha reunido más de 189 mil hojas de información, la cual obtuvo con distintas investigaciones en las cortes de California, Illinois y Nueva York.

De hecho este jueves se reveló que desde 2002 existen acusaciones y pesquisas contra García Luna y socios, por investigaciones de narcotráfico realizadas en esos estados.

Además de las pesquisas internas también se se obtuvieron datos de los gobiernos de México y otros países. Según los documentos del Departamento de Justicia, están a la espera de más elementos para el eventual juicio.

Parte de la información presentada ante el juez Dogan son al menos mil 500 llamadas telefónicas de García Luna, que fueron interceptadas por las agencias de seguridad estadounidenses.

No se informó el contenido de las conversaciones, ni con quién las sostuvo. En la controversia tras la audiencia de este jueves no fueron pocos los que mencionaron la posibilidad de que aparecieran los jefes de García Luna en las llamadas.

En todo caso se podría conocer en los próximos meses. El juez Judge Cogan reconoció este jueves que se trata de un caso “complejo”.

Y no sólo porque el proceso se ha llevado por vía remota debido a la pandemia de covid-19, sino también, reconoció el juzgador, por el entorno social y político que implica el proceso.

Parte de este escenario fue la decisión de permitir, por primera vez en la historia, que periodistas escucharan la audiencia por vía telefónica. 

Sin embargo algunos de los comunicadores que se conectaron, de México y otros países, no respetaron la regla de apagar el micrófono de sus teléfonos.

Sus conversaciones y transmisiones radiales se escuchaban en la audiencia, y provocaron que el juez Cogan suspendiera por unos minutos el proceso.

No funcionó. Las conversaciones –y algunos gritos- se mantuvieron al reanudar, y minutos después que García Luna se declaró inocente se suspendió definitivamente la audiencia.

La próxima fue programada para el 7 de diciembre. No está claro si volverá a permitirse la escucha de los periodistas.