La elección de cuatro consejeros del INE entra a una fase crucial. La designación por consenso fortalecería al órgano electoral, pero un mayoriteo de la coalición gobernante sentaría un pésimo precedente de cara al 2021

@chamanesco

Por cada una de las cuatro sillas que habrán de renovarse en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, hay casi cien aspirantes.  

El interés por formar parte del INE durante los próximos nueve años no tiene precedentes. 

El viernes pasado, en el último día para registrar candidaturas al cargo de consejero electoral, se presentaron 191 personas, que se sumaron a 191 registradas en los primeros ocho días de registro, para dar un total de 382 candidatas y candidatos.

Destacan en la lista más de 100 funcionarias y funcionarios de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE); magistrados y ex magistrados de Tribunales Electorales; asesores y miembros de la estructura del INE, tanto en oficinas centrales como en los estados; académicos especialistas en materia electoral, activistas ciudadanos y personajes que en el pasado pretendieron llegar al Consejo sin éxito.

Entre los más conocidos figuran el fundador de la revista Voz y Voto, hoy coordinador de asesores de la Secretaría de Gobernación, Jorge Alcocer. También la exconsejera local del DF, Carla Humphrey; el ex fiscal de Delitos Electorales, Héctor Díaz Santana, y los politólogos Javier Aparicio, Yuri Beltrán y César Cansino.

Las 382 candidaturas representan una cifra récord respecto a anteriores procesos. En 2014, cuando se eligieron los 11 consejeros del entonces nuevo INE, se registraron 307 candidaturas (es decir, 30 por cada cargo). Tres años después, en 2017, cuando se llevó a cabo el primer relevo escalonado previsto en la Constitución, para tres vacantes se registraron 155 candidatos (50 por cargo).

Para 2020 hay casi cien candidaturas por cada una de las vacantes que dejarán el próximo 3 de abril la consejera Pamela San Martín, y los consejeros Enrique Andrade, Marco Baños y Benito Nacif, quienes concluyen el periodo de seis años para el que fueron electos.

Esto implica un arduo trabajo y una alta responsabilidad para el Comité Técnico de Evaluación, un grupo de sinodales que fue instalado el viernes pasado a partir de las propuestas hechas por tres instancias distintas, como marca la ley: Ana Laura Magaloni y José Roldán Xopa fueron propuestos por el Inai; Sara Lovera y John Ackerman, por la CNDH; Blanca Heredia, Silvia Giorguli y Diego Valadés, por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Este comité debe evaluar, en primer lugar, la idoneidad de las candidaturas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Constitución, entre los cuales destaca el no haber sido candidato a algún puesto de elección o miembro de los órganos directivos de algún partido político en los últimos cuatro años.

Este primer filtro dejó fuera ya algunas candidaturas de las que se llegó a hablar, como la de Gibrán Ramírez o la de Jaime Cárdenas, quienes fueron candidatos de Morena a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México en 2016.

De acuerdo con lo ocurrido en anteriores procesos, la primera aduana suele depurar la lista de aspirantes: en 2014, de 305 candidatos inscritos, sólo 71 pasaron el primer filtro, y en 2017, de 155 aspirantes, sólo 51 pasaron a la segunda fase. Está por verse cuántos, de entre los 382 currículums dejados en San Lázaro, cumplen los primeros requisitos.

Está previsto que el Comité Técnico de Evaluación elabore los criterios de evaluación en los próximos días, para darlos a conocer el 9 de marzo y, a partir de ahí, comenzar el proceso de auscultación que lo lleve a una lista más corta con los mejor evaluados.

Para ello, se establecerán puntajes para calificar la calidad de los ensayos con los que registraron su candidatura, sus currículums y su desempeño en las entrevistas que, se espera, sean accesibles al público en el Canal del Congreso y en las plataformas digitales de la Cámara de Diputados.

La convocatoria que rige este proceso señala que el comité evaluador escogerá a los más aptos y los distribuirá en cuatro quintetas, una por cada cargo a elegir.

En esta ocasión, atendiendo los criterios de paridad incorporados en la Constitución el año pasado, al menos dos quintetas deberán estar conformadas sólo por mujeres, para garantizar que el Consejo General –dada su conformación actual- cuente con al menos cinco consejeras en su nueva integración, a partir del 4 de abril. 

También podrían ser tres quintetas de mujeres, y así existiría un Consejo General de seis mujeres y cinco hombres.

Equidad que no corresponde con las candidaturas, pues entre los 382 aspirantes, 133 son mujeres y 249 hombres.

Después de que se hayan definido los criterios de evaluación, el Comité tendrá sólo 15 días para evaluar y seleccionar a las y los mejores, pues el 24 de marzo deberá remitir a la Junta de Coordinación Política las quintetas con los 20 nombres de quienes se perfilarían hacia el Consejo General.

Ya con las listas, la Jucopo tendrá un plazo de seis días para escoger un nombre de cada una de las quintetas, en un proceso de calificación y negociación política en el que las fuerzas políticas hacen valer su peso según su representación en la Cámara.

Así ha ocurrido en el pasado, y por eso hay quienes califican este proceso como un reparto entre partidos, en el que la fuerza mayoritaria lleva mano, pero cede algunas posiciones a los partidos de oposición.

Ocurrió en 1994, con los primeros consejeros ciudadanos del IFE; en 1996, cuando se integró el IFE plenamente autónomo presidido por José Woldenberg; en 2008, con el de Leonardo Valdés, y en 2014, con el de Lorenzo Córdova. Todos votados por una mayoría significativa de diputados de todos los partidos. 

Pero no ocurrió en 2006, cuando las negociaciones entre el PRI (Elba Esther Gordillo), PAN (Germán Martínez) y PRD (Pablo Gómez) se rompieron, y dieron como resultado un IFE impugnado de origen por el partido que, entonces, tenía al candidato mejor posicionado en las encuestas rumbo a las elecciones de 2006. Así nació el IFE de Luis Carlos Ugalde, que en la contienda entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón fue incapaz de impedir una crisis postelectoral de grandes dimensiones.

En esta ocasión, el partido en el gobierno cuenta con una coalición legislativa capaz de conformar la mayoría calificada necesaria para aprobar estas designaciones mayoriteando a sus opositores; sin embargo, tanto en Morena como en la oposición –y también desde la academia y desde los medios- se ha expresado que lo idóneo es que haya consenso y no una imposición del partido mayoritario.

Así lo ha sugerido el veterano José Agustín Ortiz Pinchetti, fiscal para Delitos Electorales y una de las voces más escuchadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en temas políticos. Al recordar su experiencia como consejero electoral ciudadano, Ortiz Pinchetti asegura que imponer consejeros de la línea de Morena perjudicaría al INE y echaría a perder la oportunidad de demostrar que en la 4T se hacen las cosas de manera distinta. (“Consenso sí, cuotas no”, La Jornada, 23 de febrero de 2020).  

Todos los involucrados en el proceso actual saben que la crisis política de 2006 comenzó en 2003, al quebrarse el consenso alrededor del árbitro electoral.

También saben que el Consejo General que comience a operar el 4 de abril próximo tiene frente a sí decisiones cruciales; de entrada, el aval a los registros de los nuevos partidos políticos, en el mes de junio. Y, a partir de septiembre de este año, el proceso electoral federal del 2021 en el que se renovará la Cámara de Diputados, y que concurre con comicios locales en todos los estados de la República, 15 de ellos con elección de gobernador.

Es deseable, como ha dicho el presidente de la Jucopo, Mario Delgado, que se llegue al final con cuatro nombres avalados por todos los partidos.

Será el 30 de marzo cuando la Jucopo elija a las y los nuevos consejeros, y el 31 serán votados en el pleno de la Cámara de Diputados.

Sólo entonces se sabrá si hubo estatura política, altura de miras y un acuerdo en beneficio del INE y del país.

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