9 mayo, 2024
Estudiantes de distintas facultades y Centros educativos de la UNAM convocaron a movilizaciones y paros por el asesinato de un joven afuera del CCH Naucalpan. Exigen que las autoridades desmantelen los grupos porriles al interior de la Universidad
Texto: Redacción
Fotos: Teresa Rodríguez de la Vega
CIUDAD DE MÉXICO. – Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México convocan a movilizaciones y paros de actividades debido al asesinato de un joven estudiante del CCH Naucalpan el pasado 8 de mayo.
El objetivo de las movilizaciones es el esclarecimiento del asesinato, pero también que la institución desmantele a los grupos porriles que desde hace décadas proliferan en la UNAM.
Hasta el cierre de esta edición se conoce que la Asamblea estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras aprobó un paro general. También que las facultades de Ciencias y Ciencias Políticas y Sociales sostienen paros de actividades. A la vez, al interior de la UNAM otras facultades y colectivos estudiantiles convocaron a marchas hacia la rectoría, y se esperan más movilizaciones en los próximos días.
Hacia el lunes 13 de mayo, los estudiantes están convocando a una Asamblea General para discutir acciones en conjunto.
Las movilizaciones, también, llegan después de que las autoridades universitarias difundieran un comunicado donde denunciaron que el objetivo de este ataque es desestabilizar a la UNAM de cara a las elecciones del 2 de junio.
«El ataque violento de estos grupos que actúan con total impunidad parece no tener otro propósito que el de desestabilizar a esta casa de estudios ante la proximidad de la jornada electoral del 2 de junio».
En el miso comunicado, la UNAM aclara que estos grupos son personas, «que sin motivo alguno, se presentan en planteles escolares, cubiertas del rostro y armadas con instrumentos explosivos, palos y piedras».
La institución evitó usar la palabra «porros», mote con el que se conoce a estos grupos desde hace décadas, cuando directivas de la UNAM usaban a grupos de estudiantes para disolver protestas, reventar asambleas y amedrentar a otros estudiantes al interior de la Universidad.
A la vez, tampoco reconoció que estos grupos, al menos en su origen, fueron creados por la propia institución o algunos actores concretos, como han documentado investigadores de la misma universidad, como el investigador Imanol Ordorika.
En vez de esto, las autoridades universitarias afirmaron que lo ataques los realizó un grupo ajeno a la institución con «intereses oscuros que buscan intimidar y sembrar miedo e incertidumbre».
Hasta el momento las autoridades de la Ciudad de México o el Estado de México no han detenido a nadie por el asesinato del joven estudiante del CCH Naucalpan. La UNAM, en cambio, afirma que ya están «brindando el acompañamiento jurídico y emocional a los familiares», y exigieron a las autoridades de la zona metropolitana mayor coordinación para prevenir este tipo de actos.
A finales de los años 40 del siglo XX, en medio de las políticas regresivas implementadas por los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, comenzaron a surgir grupos de «pistoleros» que agredían a la disidencia política que no concordaba con el oficialismo al interior de la Universidad Nacional.
Estos grupos, de acuerdo con el investigador Hugo Sánchez Gudiño, estaban «estrechamente vinculadas a grupos políticos oficiales externos e internos» a la UNAM. Años más tarde, después de la reforma universitaria de 1944-1945 estos grupos se institucionalizarían.
Tras la consolidación de la Federación Universitaria de Sociedades de Alumnos, una especie de CTM de estudiantes al interior de la UNAM, la relación entre estos grupos y las autoriades universitarias o el gobierno en turno quedaría formalmente institucionalizada.
De acuerdo al investigador Imanol Ordorika, «las conexiones estrechas entre estos grupos de pandilleros, al servicio de las autoridades universitarias y el gobierno, con los equipos de futbol americano y sus animadores, dieron lugar al calificativo de porros con el que se les conoce hasta nuestros días».
Tras la derrota y represión al movimiento del 68 y el Halconazo en el 71, añade Ordorika, los grupos de porros se multiplicaron al interior de la UNAM, incorporando a sus filas «a un mayor número de delincuentes comunes al servicio de autoridades educativas y Gobierno Federal».
Esta «lumpenización» de los porros también generó una respuesta violenta por parte de las organizaciones estudiantiles, motivadas en la autodefensa, y para Ordorika es necesaria una distinción entre ambos grupos, pues sus motivaciones son distintas.
«Es el porrismo que mantiene tintes políticos, de carácter provocador y delincuente de estos años el que se ha arraigado más en la percepción de la sociedad y el que está más asociado al calificativo de porro aún hasta nuestros días», explica el investigador.
De acuerdo con Imanol Ordorika, el periodo post 68 al interior de la UNAM, y las luchas por la democratización de finales de los 80 al 2000, modificaron y radicalizaron el papel de los porros como medios de control y represión del movimiento estudiantil.
«Durante este periodo», explica el investigador, «el papel de amedrentamiento y control político de los grupos porriles se puso de manifiesto en las preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM, así como en algunas facultades como Derecho y Contaduría».
Y añade que «las necesidades políticas de las autoridades universitarias y el gobierno federal abrieron espacios para la incorporación de nuevos grupos de pandilleros y delincuentes a la vida cotidiana de las escuelas».
Casos como el asesinato del estudiante del CCH Naucalpan reviven estos fantasmas que, en realidad, nunca se han ido de la Universidad Nacional.
Oridirka concluye:
«El porrismo es un fenómeno social que está vivo y presente en escuelas y universidades públicas de todo el país. (…) Estamos frente a un fenómeno esencialmente político que se sustenta en prácticas violentas y de delincuencia. Es un fenómeno político que sobrevive en toda su complejidad, a partir de una especie de pacto de poderes que garantiza niveles relativos de impunidad y protección a cambio de servicios de carácter político que tienen como objetivo último controlar, amedrentar, desorganizar y por ende subordinar a un sector naturalmente contestatario y crítico: el estudiantado de nivel superior».
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