Sancionar al Comisionado del INM o sustituir al Instituto servirán de poco si no se resuelve el problema central: la política migratoria que aplica México desde hace décadas.

Por: Alberto Nájar

La Fiscalía General de la República emprendió un proceso judicial en contra del comisionado del Instituto Nacional de Migración INM), Francisco Garduño Yáñez, y otros funcionarios de la dependencia

La FGR les acusa de ejercicio ilícito del servicio público que derivaron en la muerte de 40 personas migrantes, al incendiarse la estancia donde estaban encarcelados en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Según la Fiscalía, tanto el Comisionado como Antonio Vidal Islas, director de Regulación del INM, “incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes”.

A pesar de la imputación legal, Garduño Yáñez seguirá en el cargo mientras no sea sometido a un juicio, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Hasta ahora sólo existe una investigación de la Fiscalía. El 21 de abril el funcionario debe asistir a la audiencia de imputación de juicio, como se le conoce al proceso para determinar si existen elementos para ser sometido a un proceso penal en firme.

Si esto ocurre es probable que enfrente el juicio en libertad: Garduño es acusado de un delito no grave que, según el artículo 214 del Código Penal Federal, está sancionado con penas de entre 2 y 7 años de prisión.

La acusación contra el Comisionado del INM es el capítulo más reciente de una historia que supera la tragedia en Ciudad Juárez.

De hecho, Francisco Garduño es un eslabón más en la cadena que empezó a fabricarse en 1993, cuando nació el INM y con ello se inauguró la política migratoria que sigue México desde entonces.

La estrategia se llama Border Patrol Strategic Plan 1994 and Beyond (Plan Estratégico de la Patrulla Fronteriza 1994 y años posteriores), diseñada por el Centro para Conflictos de Baja Intensidad del Departamento de Defensa.

La idea central del proyecto fue cerrar el paso a las personas migrantes al territorio estadounidense, bajo una línea operativa llamada “prevención a través de la disuasión”.

Para llevarla a cabo la Casa Blanca empezó la construcción de un muro en su frontera sur, y además incrementó la vigilancia de la Patrulla Fronteriza en los sitios tradicionalmente utilizados para la migración sin documentos.

Sólo dejó libres las regiones inhóspitas del desierto de Altar, con la certeza de que las condiciones extremas del clima funcionarían como un elemento de disuasión para las personas migrantes.

No fue así. Miles murieron en el desierto. Algunas organizaciones civiles calcularon, hasta 2004, en diez mil la cantidad de fallecidos, pero la cifra real se desconoce.

La columna vertebral del plan fue ubicar a las personas migrantes como una eventual amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos. Una tesis reforzada tras los ataques terroristas de 2001.

México ha seguido una estrategia similar. Desde Ernesto Zedillo, todos los gobiernos han utilizado militares para tratar de contener el río humano que llega del sur.

El de López Obrador ha sido el más prolijo en ese aspecto: cada mes se despliega a un promedio de 28 mil elementos del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea y Guardia Nacional para restringir al máximo el viaje de personas migrantes hacia Estados Unidos.

No es todo. La mayor parte de los delegados estatales del INM son militares, en activo o retirados.

La contención migratoria contempla además capturar a la mayor cantidad posible de personas, como lo revelan las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria.

Entre el 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de este año el INM ha detenido un millón 298 mil 484 migrantes: la cifra más alta de la historia.

Vaya paradoja: el perfil de Francisco Garduño camina por los rumbos de estas cifras.

Su carrera en la administración pública ha estado siempre vinculada con las prisiones, desde la organización del Consejo Tutelar para Menores de la capital, hasta la secretaría técnica para la Reforma Penitenciaria en el entonces Distrito Federal.

En ese cargo fue responsable, por ejemplo, de cerrar el histórico penal de Lecumberri y organizar el traslado de los internos a reclusorios capitalinos y la Colonia Penal Islas Marías.

Más allá de coincidencias, el comisionado Garduño Yáñez es apenas un síntoma de un mal mayor, el de la estructura global de la política migratoria de México.

En las horas siguientes al incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, el debate político se concentró en la renuncia del funcionario.

Es algo que puede ocurrir en unos días, si el juez de la causa lo vincula a proceso judicial.

Pero de nada sirve echar a Garduño si no cambia la política migratoria.

Y lo mismo sucederá en caso de que el INM sea sustituido por una nueva dependencia que se llamaría Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, según ha dicho el sacerdote Alejandro Solalinde.

La tragedia de Ciudad Juárez, el eventual proceso penal por el incendio y la desaparición del INM son parte de una larga historia que no puede cambiarse con rotación de burocracias.

Tampoco es posible hacerlo sólo desde México. La migración irregular es un asunto complejo donde existen varios niveles de responsabilidad.

Una, de los países originarios donde las autoridades deben garantizar las condiciones necesarias para reducir la migración.

Otra es de las naciones de tránsito como México, obligados a cuidar la salud, integridad física y bienestar emocional de las personas migrantes.

Y una más corresponde a los países de destino que en este caso es, mayoritariamente, Estados Unidos.

Cualquier decisión o política pública que se adopte por separado difícilmente tendrá éxito.

Un laberinto con salida lejana, pero que no por ello debe dejar de buscarse. México puede dar el primer paso, pero de poco servirá si no presiona a los otros actores a seguirlo.