De los siete integrantes sólo permanecen dos. Familiares de personas desaparecidas denuncian simulación

Texto: Mónica Cerbón / Pop Lab

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AGUASCALIENTES. –

Con la renuncia de dos integrantes, dos más en vilo y la ausencia permanente de otro de los miembros, el primer Consejo Ciudadano de Búsqueda en Aguascalientes se ha desintegrado y no hay quórum legal para sesionar de manera formal. Por ahora, sólo dos personas se mantienen en el cargo. La desintegración está acompañada de denuncias por falta de apoyo y empatía por parte del gobierno, así como diferencias con Violeta Sabás de León, la titular de la Comisión Local de Búsqueda.

Desde mayo de 2023 y hasta octubre de este año, el Consejo no pudo realizar ninguna sesión oficial debido a que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Florentino Reyes Berlié, tardó un año y medio en aprobar sus reglas de operación, las cuales entraron en vigor apenas el pasado 21 de octubre. “Se apostó por el desgaste”, dice Claudia de la Torre, coordinadora del Consejo e integrante del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia.

“Se hicieron algunas sugerencias a la Comisión de Búsqueda y planteamos algunas cosas, pero literalmente no fue funcional porque no teníamos las reglas de operación, ese fue el problema. Desgraciadamente se apostó al cansancio de la gente, a desmotivar, pero tenemos una lucha y tenemos que seguir, bajamos un poco la guardia, pero hay que volver a agarrar aire, necesitamos mantenernos, no podemos apostar a fallar, tenemos que seguir caminando y buscar cómo volver a levantarnos”, dice de la Torre, que busca a su hermano Marco, desaparecido en abril de 2018 mientras trabajaba en la Feria Nacional de San Marcos.

Tras las renuncias formales, se prevé que el próximo año el Congreso arranque con una nueva convocatoria pública para dar inicio a un proceso de selección, algo que por ahora no tiene fecha. Las personas integrantes del Consejo Ciudadano, que tienen cargos honoríficos, debían cumplir tres años en el puesto; la desintegración ocurre a año y medio de que asumieran el cargo.

Entre las principales quejas se encuentra la falta de apoyo de la administración para que ese órgano, que fue diseñado para emitir recomendaciones y propuestas para mejorar los trabajos de la Comisión Local de Búsqueda, pudiera sesionar en un espacio independiente, así como la falta de reglas de operación que dieran certidumbre jurídica a las reuniones.

Desde su creación, el Consejo ha enfrentado dificultades. Aunque su instalación debió ocurrir en el segundo semestre de 2020, 60 días después de la creación de la Comisión Local de Búsqueda, fue hasta enero de 2023 cuando la administración del entonces gobernador Martín Orozco —presionado por colectivos de búsqueda— publicó la convocatoria para elegir a las primeras personas que lo integrarían.

En mayo de ese año, y tras un proceso de selección, el gobierno designó a las siete personas que forman parte de la primera generación del órgano. Las personas elegidas fueron Claudia de la Torre Ramos, Guadalupe Carrillo Suárez y Rafael Herrera Nájera, como representantes de víctimas; Vanessa Ledezma Zacarías y Rubén Gallardo Flores por parte de organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos; y como especialistas en la materia Leonardo Guerrero Macías y José Luis Collazo Rivas.

Actualmente, sólo Claudia de la Torre y Rafael Herrera permanecen en el Consejo, pero para tener quórum legal deben de reunirse al menos cuatro de los miembros. Rubén Gallardo, integrante de la organización civil Puertas de Apoyo —cuyo trabajo es desconocido— nunca se presentó, ni siquiera para tomar protesta; mientras que José Luis Collazo, expolicía ministerial y perito en criminalista, dejó de asistir a las reuniones, pero no ha renunciado de manera formal. Leonardo Guerrero, doctor en Ciencias Forenses, anunció su renuncia pero no ha presentado el documento ante la Secretaría de Gobierno. Guerrero ha solicitado no hablar con los medios de comunicación.

El 10 de diciembre, Guadalupe Carrillo Suárez y Vanessa Ledezma Zacarías presentaron su renuncia en cartas dirigidas a la gobernadora Teresa Jiménez Esquivel.

“Derivado de que no se han dado las condiciones para funcionar eficientemente como consejera, que el Consejo no ha representado los intereses de las víctimas del delito de desaparición y que no existen los principios de equidad para las víctimas, además de que se me puso en un estado de vulnerabilidad y de ser partícipe de posibles violaciones a derechos humanos aunado que lamentablemente existió mucho desánimo ante la falta de apoyo, sintiéndonos utilizados por el gobierno del estado y al no estar de acuerdo con esas acciones y no prestarme a ningún tipo de simulación, con la confianza que se me confirió por las familias de personas desaparecidas y no defraudarles, es mi deseo presentar mi renuncia”, dice la carta firmada por Guadalupe Carrillo Suárez, que desde 2007 busca a su esposo Carlos Hermosillo Gutiérrez, privado de la libertad por un comando armado junto con otras siete personas cuando laboraba como gerente del antro Maverick, el caso de desaparición múltiple más sentido en el estado.

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En entrevista, Carrillo Suárez afirma que la Comisión Local de Búsqueda no tiene acercamiento con algunas de las familias y no promueve la búsqueda de personas desaparecidas de larga data. La buscadora forma parte del Colectivo Maverick, que en los pasados meses ha mantenido una relación tensa con Violeta Sabás de León, comisionada local de búsqueda, a quien acusan de no cumplir con los acuerdos previos a su llegada, como la renovación total del personal de la Comisión.

“Desde que entró la licenciada Violeta (Sabás de León, titular de la Comisión Local de Búsqueda) nunca se me buscó para renovar el expediente de mi esposo y ver en qué proceso va el caso, ya tiene ocho meses en el puesto y a nosotros nunca nos ha llamado. Como representante en el Consejo nos interesaba mucho saber cómo se estaban llevando esos procesos», detalló. La ahora exconsejera afirmó que la falta de un espacio para sesionar y la tardanza en la aprobación de las reglas de operación fueron los principales problemas.

“La Secretaría de Gobierno nos ponía mil pretextos para aprobarlas, y si no teníamos esas reglas no podíamos trabajar como tenía que ser. Se nos violó el derecho de hacer nuestro trabajo”, agrega.

Vanessa Ledezma Zacarías, exintegrante del Observatorio de Violencia Social y de Género, organización que acompaña los trabajos del Colectivo Buscando Personas, Verdad y Justicia, afirmó en su renuncia que nunca hubo empatía del gobierno para con las víctimas.

“(…) siempre fue mi idea el ayudar y llevar a cabo las tareas y obligaciones que como Consejo me fueron encomendadas, pero la realidad fue otra, nunca hubo apoyo hacia nosotros por parte de la Secretaría de Gobierno, ni mucho menos pudimos ejercer nuestras facultades, (…) es triste ver que no hay mucha falta de comunicación y cero empatía por parte del Gobierno”, dice su carta de renuncia.

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«Las sesiones eran en la Comisión de Búsqueda y eso no era lo mejor, nos tenían que dar un espacio independiente, incluso la comisionada nos lo prometió, necesitábamos tener privacidad y discutir de manera independiente, pero eso nunca sucedió, nunca nos escucharon. No tenía caso que siguiéramos si solo era para aparentar algo que en los hechos no servía de nada”, dice en entrevista Ledezma Zacarías quién, dice, mantenía una mala relación con Sabás de León.

Aunque jurídicamente no tenían ninguna validez, el Consejo sesionó al menos cinco veces durante el año, en todas las ocasiones dentro de la oficina de la comisionada de búsqueda, sin que ella participara de las reuniones.

Sabás de León, también ex coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), niega haber mantenido una mala relación con las ahora ex integrantes del Consejo, o haber afectado su independencia. La ex activista atribuye los problemas al desconocimiento de los integrantes de las facultades del Consejo y a presiones externas, refiriéndose a las tensiones que mantiene con el Colectivo de búsqueda Maverick.

“El Consejo es solamente un órgano de consulta y apoyo para la Comisión Estatal de Búsqueda, no tienen la facultad, por ejemplo, de reunirse con las familias de víctimas, tampoco es un órgano de fiscalización. Yo tendría que apoyarme en ellos y en ellas para generar mecanismos donde yo les informe sobre mis actividades y me den su opinión, eso lo he hecho, de manera mensual yo les transparentaba todo lo que se hace, se los enviaba por correo durante los primeros días del mes. En ese informe vienen todos los datos de personas desaparecidas graficados, desglosados y detallados para que el Consejo estuviera en condiciones de preguntarme, hacerme observaciones o proponerme actividades, algo que no se pudo realizar”, dice en entrevista la comisionada de búsqueda.

Hasta la fecha, en Aguascalientes hay 468 personas desaparecidas según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Este 2024 la problemática aumentó en más del 50%, aunque en promedio la mayoría de las personas —alrededor del 80%— son localizadas.

Sabás de León afirma que nunca intervino en las sesiones del Consejo ni afectó su autonomía, y agrega que legalmente no existe ninguna obligación de la administración para otorgarles un espacio independiente en el que puedan sesionar, pues la Ley para la atención y Prevención de la Desaparición de Personas de Aguascalientes no lo prevé. La tardanza en la aprobación de las reglas de operación, dijo, fue un proceso relativamente normal.

“Para poder revisar y armar unas reglas de operación, mandarlas a revisión y que se acepten las observaciones y la retroalimentación con un órgano que sesiona una vez cada dos meses, cinco o seis veces en un año, pues claro que el proceso va a tardar más”, explicó.

Por ahora, se espera que el próximo año el Congreso publique la convocatoria para completar a los siete integrantes con los que debe contar el Consejo Ciudadano de Búsqueda, y que éste funcione por primera vez con regularidad.

«Es muy importante que a las personas nuevas que vayan a convocar para formar parte del Consejo se les dé la oportunidad de trabajar como debe de ser, ya que a nosotros no se nos dio, que esto quede como un antecedente”, dijo Guadalupe Carrillo Suárez.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.