Del 6 de noviembre al 11 de diciembre se realizó la cuarta diligencia de exhumación en las fosas comunes de Jojutla. La tierra siguió hablando y arrojó evidencias de las omisiones de las autoridades procuradoras de justicia en Morelos: en esta ocasión, fueron recuperados 42 cuerpos y 176 fragmentos óseos a lo largo de 26 días de labores. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de irregularidades por parte de la Fiscalía, así como del desdén de las autoridades federales y estatales, como si se tratara de un déjà vu

Texto y fotos: Estrella Pedroza

MORELOS. – Entre tumbas y caminos de terracería, en una esquina casi al fondo, se encuentran carpas blancas, unas más grandes que otras, azotadas por el sol característico de la región sur de Morelos. Bajo la sombra, decenas de personas, algunas con overoles blancos (especiales para labores de criminalística) y otras con ropa azul, trabajan utilizando palas y herramientas, como si estuvieran a contrarreloj.

Hay retroexcavadoras removiendo la tierra. A un costado, más personas, la mayoría mujeres, permanecen sentadas en una carpa aparte, distinguida en el lateral por un tendedero de nombres bordados. Realizan manualidades y otras actividades justo frente a decenas de fotografías de personas desaparecidas.

En los alrededores, elementos policiacos y de la Guardia Nacional, con su presencia, incrementan el ambiente de tensión.

Todas y todos buscan en las fosas comunes del panteón municipal de Jojutla, “Pedro Amaro”, ubicado a 58 kilómetros del centro de Cuernavaca, la capital del estado. El mismo donde la Fiscalía del Estado de Morelos (antes Procuraduría General de Justicia) inhumó cuerpos de manera irregular durante varios años, aproximadamente desde 2007 hasta julio de 2014.

Todo esto parece un déjà vu, en un contexto marcado por la violencia y la desaparición forzada en Morelos, donde los esfuerzos por exhumar los restos de las víctimas y devolverlas a sus familias revelan tanto el dolor de las pérdidas como la resistencia de las personas afectadas, quienes luchan por la verdad y la justicia, frente a una burocracia que parece ralentizar el proceso de reparación.

Esta es la crónica de una historia que ya se contó, al menos, desde 2017, y hasta hoy otras cuatro veces más.

El proceso arrancó sin la FGR y la GN en la toma de muestras

Al inicio de la cuarta diligencia de exhumación, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE), encabezada por Uriel Carmona, informó que, en esta ocasión, solo el personal de la dependencia realizaría la toma de muestras, con apoyo operativo de la Comisión de Búsqueda del Estado de Morelos, el Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF) y, para garantizar la seguridad, la Guardia Nacional y elementos de la Policía de Morelos.

Esto significó que no se contaría con la participación de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la Guardia Nacional en la toma de muestras de ADN. Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao —un joven privado de la libertad, asesinado e inhumado en las fosas de Tetelcingo—, expresó su preocupación, advirtiendo que esta decisión podría comprometer la identificación de las personas exhumadas y, eventualmente, el acceso a la justicia.

Ante estos señalamientos, Luis Goytia Pacheco, titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, y Alberto Belmont Gutiérrez, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Desaparecidos, minimizaron las críticas. El fiscal especializado aseguró que la FGE había solicitado formalmente la participación de la FGR y la Guardia Nacional, pero que estas instituciones rechazaron la invitación.

Las buscadoras solicitaron acceso al documento que acreditaba dicha solicitud, ya que contaban con información que sugería que los oficios se enviaron de manera tardía e inadecuada. Sin embargo, el fiscal se negó a entregarlos y únicamente permitió que los visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) los revisaran. Finalmente, se dio lectura a los documentos frente a Valeria Zapata, vocera de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas (BNBP), quienes confirmaron que ambas instituciones habían respondido negativamente.

A las 9:15 a. m., el equipo ingresó a la zona cero para dar inicio a los trabajos.

La zona cero

Dentro de la zona cero predomina “un olor penetrante a descomposición, un aroma imposible de olvidar”, comenta Edith Hernández, hermana de Israel, un joven privado de la libertad el 24 de julio de 2012, asesinado e inhumado de manera irregular por personal de la PGE y finalmente localizado en 2016 en las fosas de Tetelcingo. Edith comparte su experiencia como observadora.

Ella ingresó prácticamente todos los días, excepto uno, cuando tuvo que retirarse por una emergencia de salud en su familia. Desde temprano se alistaba con su overol blanco y un cubrebocas; una vez dentro, solo salía durante los descansos que tomaba el personal especializado para lo básico: hidratarse, alimentarse o ir al baño.

“En la primera diligencia, el olor a putrefacción era intenso porque los cuerpos aún tenían tejido blando. Estaban en diferentes procesos como saponificación, momificación, corificación, maceración y petrificación”, describe, haciendo una pausa larga.

Edith señala que, si pudiera establecer un porcentaje del olor, “yo diría que era un 100 por ciento, y en la segunda era un 80 por ciento, pero ambas eran súper fuertes”.

En la tercera diligencia, el olor disminuyó a un 60 por ciento, y en esta cuarta fue del 30 por ciento. “Yo creo que es por muchos factores, por ejemplo, los restos han estado expuestos más tiempo en condiciones más cálidas y desprotegidas, al aire y al movimiento de la tierra”.

La joven buscadora explica esto para enfatizar que “entre más tiempo pase y más manipulación de los cuerpos exista, hay menor oportunidad de obtener perfiles genéticos” y, con ello, algunos de los cuerpos y fragmentos óseos “no lograrán ser identificados ni regresar a casa”.

La disputa

Durante este tiempo, las familias de las víctimas aprovecharon para ofrecer una conferencia de prensa. La vocera de la BNBP detalló que los documentos evidenciaban que la FGE envió las solicitudes a la FGR y a la Guardia Nacional apenas 15 días antes. Ambas instituciones respondieron negativamente, argumentando exceso de trabajo. Por ejemplo, la Guardia Nacional justificó su ausencia alegando que sus elementos estaban concentrados en el Tren Maya y otras obras.

«Estas actividades por las cuales se niegan a participar no están vinculadas a su área científica», señaló la vocera.

Posteriormente, familiares de víctimas, buscadoras e integrantes de colectivos (Regresando a Casa Morelos, Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, Unión de Familias Resilientes Buscando a sus Corazones Desaparecidos, Buscadoras del Sur y Caminando por las Calles JRM) clausuraron el acceso durante el primer receso del personal de la Fiscalía, exigiendo que se incorporaran las autoridades faltantes.

Ante esta acción, las autoridades presionaron a las víctimas y advirtieron que suspenderían la diligencia si no permitían continuar con los trabajos. Las buscadoras y las familias se sintieron acorraladas y optaron por permitir que continuaran los trabajos a cambio de mesas de trabajo para mejorar las condiciones a lo largo del proceso.

Tras negociaciones y con la intervención de autoridades estatales, se alcanzaron acuerdos mínimos: la incorporación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CNBPD) y la promesa de que en algún momento se sumaría personal de la Guardia Nacional. Además, se aseguró que el Centro de Investigación Genética de Coahuila realizaría perfiles genéticos alternos para la confronta.

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Historias desde la búsqueda

Corazones de Corazón para resistir la espera

Sentada en la punta de una mesa blanca que no oculta el desgaste por el uso, atiborrada de bolsos, comida chatarra, estambre e hilos, Lorena Reza Garduño, integrante del Colectivo Regresando a Casa Morelos, tiene ocupadas las manos bordando un corazón.

Lorena busca a su hermano Juan, quien desapareció en septiembre de 2007 en Cuernavaca.

Esta no es la primera vez que Lorena participa en el proceso de exhumación; estuvo en la segunda diligencia, en 2017, y también en 2022. En esa última exhumación, llegó con una fuerte corazonada de que aquí (en las fosas de Jojutla) podrían encontrar a Juan.

A dos años de distancia, aún no tiene certeza de nada, ya que hasta el momento, de los 100 cuerpos y decenas de restos óseos localizados en estas fosas, solo dos han sido identificados y entregados a sus familias, según informes de las autoridades.

“Esa corazonada se diluye, la confianza se extingue. No es que el corazón se endurezca, es la situación que vivimos”, reflexiona Lorena, vestida con una blusa azul turquesa con flores blancas.

En esta cuarta diligencia, Lorena ha participado prácticamente todos los días en actividades de sensibilización e información.

“Esta es una de las últimas esperanzas de poder encontrar a mi hermano en este lugar, porque los cuerpos ya llevan muchos años aquí en este panteón”, expresa mientras manipula un hilo color café y sigue bordando.

Aunque persisten la esperanza y la fe, el desánimo y la desilusión poco a poco se hacen presentes.

“Va a tardar mucho tiempo en que, si mi hermano está aquí, salgan los resultados, porque a donde los van a llevar no les dan prioridad, sino que esperan su turno”, refiere Reza.

Y, al igual que varias de sus compañeras de colectivos, mantiene la preocupación, el coraje, la impotencia y la inseguridad de que los peritos de la Fiscalía de Morelos tomen incorrectamente las muestras de ADN necesarias para realizar el perfil genético.

Lore, como algunas de sus compañeras se refieren a ella, sostiene que cada vez que sale un cuerpo de la tierra, en su interior se genera una confusión. Por un lado, hay una resistencia a aceptar que en esas fosas y en esas condiciones pueda estar su hermano; por otro, desea encontrarlo ya.

Lorena muestra un corazón hecho con fieltro rojo, bordado en diversos colores en el frente y con una cruz color azul cristalino en el centro. Lo elaboró pensando en su hermano Juan y planea regalárselo a una de sus hijas. Este corazón es uno de los que ha creado para cada uno de los integrantes de su familia.

“Los hago para calmar la ansiedad ante la expectativa de que se logren más hallazgos, también para hacer memoria de lo que hoy estamos haciendo para encontrarlos”, dice, y se le iluminan los ojos.

Seguir buscando hasta morir

María de Jesús Amezcua Bautista y Regino Arias Ortega, una pareja de la tercera edad, llegan a paso lento al panteón municipal de Jojutla. Ambos buscan a su hijo, Sergio Arias Amezcua, desaparecido desde hace 15 años.

El 25 de noviembre de 2009, a las 8:00 de la mañana, Sergio se dirigía al rancho familiar en el poblado de Tetelpa, Zacatepec, cuando fue interceptado por hombres que se identificaron como agentes federales y se lo llevaron, aparentemente detenido. Según relató uno de sus peones, quien lo acompañaba ese día, a él lo dejaron en el lugar y pudo avisar a la familia. No hubo registro oficial de su detención.

Se presentó una denuncia ante la Fiscalía de Morelos por desaparición, y desde entonces han buscado incansablemente, e incluso han participado en brigadas de búsqueda, sin tener éxito.

La pareja decidió incorporarse a estas diligencias de exhumación desde 2017, porque sospechan que su hijo podría estar allí.

“Una noche antes de que se llevaran a Sergio, se llevaron a otra persona de Tetelpa, quien fue encontrada sin vida en Puente de Ixtla. Esos cuerpos fueron llevados al SEMEFO, y entonces sospechamos que las mismas personas los trasladaron. Ahora sabemos que esos cuerpos, de esas fechas, los trajeron aquí”, explica María de Jesús.

Regino irrumpe con la voz quebrada y los ojos llorosos:
“Estamos aquí con la esperanza de que pueda estar aquí y esperanzados a que haya resultados de las pruebas de ADN, porque ya han salido muchos (cuerpos), pero no hay resultados”, refiere, limpiándose las lágrimas, y luego aclara que es muy sensible.

María complementa el planteamiento de su esposo y hace un llamado a las autoridades estatales y federales:

“Lo que le pedimos es que el gobierno tenga un poco de conciencia y que se realicen las pruebas de ADN de los (cuerpos) que llevamos en 2017. Fueron bastantes, así que seguimos en las mismas. Se nos hicieron pruebas, pero supuestamente están perdidas. ¿Y qué se puede esperar de los restos que se llevaron a Cuautla?”.

Regino se une a la exigencia:

“El tiempo apremia. Y para nosotros ya es urgente. Estamos grandes, y la incertidumbre es demasiada. Es como si fuera el mismo día en que se lo llevaron, como si fuera el primer día. No sabemos nada”.

El testimonio de María y Regino refleja los estragos de la crisis forense que se enfrenta en Morelos y en distintas partes del país, lo que ha agudizado la problemática de las desapariciones.

Ambos aseguran que no dejarán de buscar ni perderán la esperanza:

“Nunca. Hasta que nos muramos. Hasta que Dios nos ayude”, expresan casi al mismo tiempo.

Se hizo lo que se pudo con lo que se tuvo

Durante 26 días de trabajo en las exhumaciones, se logró avanzar en medio de serias irregularidades, carencias y promesas incumplidas, como reflexionó Amalia Hernández, tía de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, un joven que fue privado de la libertad en 2013, asesinado e inhumado de manera irregular en las fosas comunes de Tetelcingo, cuyo caso destapó las deficiencias en la gestión de las fosas comunes en Morelos.

A pesar de los esfuerzos de los colectivos de víctimas, no se alcanzó la participación activa de la Fiscalía General de la República (FGR) ni se garantizó la intervención de la Guardia Nacional (GN), que solo elaboró uno de los tres perfiles necesarios para la confronta. La Fiscalía de Morelos fue la única institución que recogió las muestras, lo cual mantuvo a las familias en alerta debido a las fallas en el manejo de evidencias por parte de la misma institución en ocasiones anteriores. En paralelo, se retomaron las exhumaciones en otras localidades como Jojutla, gracias a la presión de María y Amalia Hernández, quienes habían denunciado las irregularidades tras los hallazgos en Tetelcingo.

El 20 de marzo de 2017, con el apoyo de organizaciones civiles y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), comenzaron las labores de exhumación en el Panteón Municipal Pedro Amaro en Jojutla. El 25 de abril, se inició la segunda etapa de estas labores, que se extendieron hasta junio de ese mismo año, y concluyeron con la recuperación de 85 cuerpos y varios restos humanos. Aunque las familias de las víctimas quedaron horrorizadas por los primeros hallazgos, como personas maniatadas y envueltas en bolsas de plástico, se aferraron a la esperanza de poder identificar los cuerpos y regresarlos a sus seres queridos. Cinco años después, en octubre de 2022, se reanudaron las labores de exhumación, lo que resultó en el rescate de 15 cuerpos y decenas de restos, aunque la cifra oficial varió.

En la reciente diligencia de exhumación de 2024, que comenzó el 6 de noviembre y concluyó el 11 de diciembre, se recuperaron 42 cuerpos y 176 fragmentos óseos, nuevamente trasladados a la SEMEFO de Temixco. Amalia, quien estuvo presente en cada jornada de trabajo, denunció no solo la falta de recursos materiales, sino también la deficiencia del control administrativo por parte de las autoridades, lo que llevó a situaciones precarias y riesgosas durante el proceso. Los peritos tuvieron que depender del préstamo de equipos de la Guardia Nacional debido a la falta de herramientas adecuadas, lo que perjudicó la eficiencia de la identificación de los cuerpos.

«No documentaron adecuadamente la información del terreno contiguo a la fosa ni solicitaron datos al Ayuntamiento sobre la tumba que estaba encima. Además, el Ministerio Público carece de empoderamiento, convirtiéndose prácticamente en un títere de sus superiores, lo que repercute directamente en las víctimas», señaló. Y agregó: «Tuvieron que pedir a la Guardia Nacional cinta para embalar indicios porque no tenían ni la más básica. Y para tomar fotografías, los peritos usaban botes de pintura o burros de madera, poniendo en riesgo su seguridad”. 

Pese a la situación crítica, Amalia reconoció algunas mejoras en la organización de los trabajos periciales, como la división de tareas en fosa, mesas y criba, lo que permitió mayor control y precisión en la documentación de los avances. Sin embargo, la falta de apoyo y el desempeño insuficiente de las autoridades siguen siendo una preocupación constante para las familias de las víctimas, que continúan luchando por la verdad y la justicia en el caso de las fosas comunes de Morelos.

De nuevo no se concluyó… van por la quinta exhumación

El cierre de la exhumación estaba programado para el jueves 12 de diciembre; sin embargo, un día antes, el miércoles 11 a las 16:00 horas, de manera inesperada, Luis Goytia Pacheco, titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, informó a algunas buscadoras que el cierre se realizaría ese mismo día.

“Fue como un balde de agua fría”, coinciden algunas de las personas presentes que buscan a un ser querido. Esto, debido a que en días previos ya se tenían indicios de que podrían encontrarse más cuerpos. Por ello, se habló con el propio fiscal sobre la necesidad de solicitar, ante un juez, una ampliación de tiempo (por lo menos un día más) para continuar con la exhumación.

Incluso, para el día jueves, a las 10 de la mañana, los colectivos iban a ofrecer una conferencia de prensa, pero no se llevó a cabo.

“Para ese momento, ya un cuerpo se asomaba en la fosa y, por cómo se observaba en las excavaciones, incluso podría haber más”, sostuvo Patricia García Navarro, madre de Ángel Montenegro, desaparecido el 28 de agosto de 2022 en Cuautla.

Entonces llegaron los reclamos y cuestionamientos. Goytia Pacheco insinuó que el juez había negado la ampliación, recordó Patricia.

Amalia Hernández, vocera del Colectivo Tetelcingo Morelos, preguntó directa y tajantemente: “¿Envió o no la solicitud al juez?”.

Goytia, acorralado, no tuvo otra opción más que reconocer: “No, no la solicité”.

Amalia reviró: “Solo eso quería saber”.

Después vinieron las protestas.

“Yo me voy a encargar de que no pase mucho tiempo para retomar los trabajos”, sostuvo Goytia.

Algunas de las presentes refieren que fueron “palabras al aire, huecas”, de esas que no tienen valor y se dicen para llenar los vacíos del silencio y la inconformidad.

Enterrar la verdad

Mientras se daba la conversación, el cuerpo de una persona —que podría ser buscada por su familia y que hace falta en su hogar— se asomaba entre la tierra, como si quisiera escapar y salir del entierro indigno que un grupo de servidores públicos, sin una pizca de sensibilidad y ética, determinó darle.

Algunas integrantes de los colectivos realizaron una oración por cada uno de los 42 cuerpos y fragmentos óseos que lograron ser rescatados y por la conclusión de la jornada.

Poco a poco se fueron retirando, hasta quedar solo cuatro buscadoras: Amalia Hernández, Edith Hernández, Yadira Mercado Benítez —quienes encontraron a su hermano (Israel) y hermana (Jessica) también en las fosas de Tetelcingo—, y Romana García Miranda, quien busca a su hijo Omar Briseño García, desaparecido en abril de 2021. Las tres pertenecen al Colectivo Búsqueda de Familiares Regresando a Casa Morelos.

Unos minutos después, el personal involucrado en los trabajos de exhumación comenzó a regresar la tierra a la fosa y, poco a poco, ese cuerpo fue, por quinta ocasión, enterrado sin ninguna consideración.

Durante casi dos horas, todas y todos los presentes —a excepción de las buscadoras—, el personal de la Fiscalía, de la Guardia Nacional, de las Comisiones de Búsqueda Nacional y Local, y del Equipo Mexicano de Antropología Forense, sin importar su función o cargo, acarrearon en carretillas la tierra o participaron en otras tareas, todo a gran velocidad para concluir los trabajos.

Pasadas las ocho de la noche, antes de salir del panteón, Amalia tomó la palabra y agradeció el esfuerzo y la dedicación de cada uno de los involucrados. También reconoció a las nuevas generaciones que hoy forman parte de la Fiscalía de Morelos, porque en esta exhumación trabajaron con mayor sensibilidad y cuidado, logrando los resultados alcanzados a pesar de las precariedades.

En medio de la oscuridad, abandonaron el panteón Pedro Amaro, que resguarda en sus entrañas “más tesoros”, como se refieren a ellos las madres, esposas, hermanas, hijas, padres, esposos, hermanos e hijos que los buscan.

Amalia, Edith, Yadira y Romana salieron con la promesa de regresar a rescatarlos, pero conscientes de que las posibilidades de devolverlos a sus hogares son cada vez menos probables.