Tutelado por el ex rector Guerrero Agripino, el Fiscal saliente, Carlos Zamarripa, hace un posgrado en la materia donde despertó algunas de las mayores críticas de su gestión al acumular mil 500 quejas

Texto: Arnoldo Cuéllar / Pop Lab

Imagen: Pop Lab

GUANAJUATO. – En su ocupada agenda como fiscal general del estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre encontró tiempo para inscribirse como alumno de un doctorado en línea en la especialidad de Derechos Humanos, área en la que ha recibido más de 1500 quejas durante su gestión. 

El fiscal se anotó en la promoción 2023-2026 en el curso ofrecido por el campus digital de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato donde tiene como director de tesis a Luis Felipe Guerrero Agripino, ex rector de la Universidad de Guanajuato, y como codirectores al titular del departamento de Derecho, Leandro Astraín Bañuelos, y la coordinadora de Posgrados, Susana Martínez Nava.

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Anteriormente, Zamarripa había cursado dos maestrías en la UG: ciencias jurídico penales y ciencias forenses, esta última concluida apenas en enero de 2023 en un posgrado organizado conjuntamente por la fiscalía y la Universidad. Para su aplicación a los estudios no estorbaban sus responsabilidades al frente de la procuraduría primero y la fiscalía después. 

El funcionario, con más de 15 años en el cargo, ve llegado el fin de su prolongado ejercicio en el cargo por medio de una negociación política de la que se desconocen pormenores, realizada con la próxima gobernadora del estado, Libia Dennise García, desde que esta se encontraba en campaña y sin hacer caso al carácter formalmente autónomo de la fiscalía. 

Por lo pronto, el acuerdo a cambio de su retiro queda en evidencia por las consideraciones de que ha sido objeto el fiscal Zamarripa: el apoyo a su autoasignado incremento de pensión, el otorgamiento de una magistratura en el Tribunal Administrativo para su esposa y el respaldo del Congreso a la designación de una contralora afín, que heredará su sucesor. 

Las concesiones ignoraron las unánimes críticas a la gestión de Zamarripa, no obstante que estas fueron la razón principal de la terminación anticipada de su encargo, a fin de liberar la campaña panista de ese lastre.

El ex rector y el fiscal han mantenido una cercana relación, con presencias constantes en los eventos de ambas instituciones. Esta situación volvió a quedar en evidencia con la designaciónde Adriana de Santiago, realizada por el Congreso del Estado, como nueva titular del órgano interno de control de la FGEG. Previamente, la académica se desempeñó como contralora universitaria durante la mayor parte del periodo de Guerrero Agripino.

En la misma promoción 2023 – 2026 del Postgrado Iberoamericano en Derechos Humanos se encuentra otra funcionaria, la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, quien cuenta con los mismos asesores que Carlos Zamarripa. 

Feria de quejas en violaciones a derechos humanos

La Fiscalía General encabezada por Carlos Zamarripa, y antes la Procuraduría de Justicia, se caracterizaron por un alto número de denuncias de violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a los reportes anuales de la Procuraduría Estatal. 

De 2019 a 2023, durante los 4 años completos que encabezó la Fiscalía General de Justicia del estado de Guanajuato, con carácter autónomo, la dependencia recibió mil 514 quejas por violaciones a derechos humanos, las cuales originaron 132 recomendaciones de parte de la PRODHEG

Los números se modificaron durante los últimos 3 años, con la llegada de Vicente Esqueda como procurador de Derechos Humanos, cuando pese a incrementarse las quejas, de un promedio de 226 a 354 por año, las recomendaciones bajaron notablemente: apenas hubo 38 en los tres ejercicios de Esqueda, nueve menos que las 47 generadas tanto en 2019 como en 2020.

Esqueda, vetado por Diego Sinhue Rodríguez para continuar como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa en 2018, por su respaldo al proyecto del entonces precandidato Fernando Torres Graciano, fue rehabilitado políticamente en 2021, gracias a la intervención de Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa. Con ese apoyo fue respaldado por el Congreso de mayoría panista para convertirse en el primer ombudsperson con claro antecedente partidista, pues había sido secretario general del PAN entre 2005 y 2011.

Casos emblemáticos

En 2016, en su séptimo año al frente de la entonces Procuraduría de Justicia, Carlos Zamarripa se resistió a acatar una resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato (IACIP), para transparentar los registros sobre la aplicación del protocolo de Estambul para denuncias de tortura, argumentando que su trabajo es “aplicar protocolos y no registrar estadísticas”, tras lo cual reservó la información por 5 años.

En el año 2019, cuando Zamarripa recibió el pase automático de procurador a fiscal autónomo con un mandato adicional de 9 años, una investigación de PopLab encontró que los casos de tortura realizados por policías ministeriales, estatales y municipales, con prácticas como colocar bolsas de plástico en la cabeza de los detenidos y descargas eléctricas en los testículos, eran procesados por el ministerio público y la Procuraduría de los Derechos Humanos como “violaciones a la integridad física o tratos crueles e inhumanos” y no como tortura, en un evidente intento de invisibilizar la existencia de esa práctica, sancionada por las leyes locales y por tratados internacionales.

En ese mismo año, el ex guerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, quien vivió en San Miguel Allende bajo el nombre de Ramón Guerra Valencia, denunció en su juicio haber sufrido prácticas de tortura de policías ministeriales del estado, a fin de declararse culpable del delito de secuestro, por el cual fue juzgado y sentenciado.

Fue el mismo año de 2019 cuando una familia irapuatense denunció un hostigamiento sistemático de parte de la Fiscalía estatal para obligarlos a declararse culpables de un fraude, únicamente por el hecho de haber rentado una línea telefónica a quien realmente cometió el delito. La investigación periodística sobre la irregular conducta de la autoridad guanajuatense fue presentada por la periodista Ana Lilia Pérez en el noticiero de Carmen Aristegui en el mes de octubre de ese año.

Ninguno de esos casos llegó a ser investigado ni se abrieron carpetas, pese a que la Fiscalía cuenta con una Unidad Especializada en Investigación de Asuntos Internos y Tortura, a cargo de Carlos Alberto Oliva Carrillo. 

En cambio, en cada informe anual del fiscal Zamarripa ha venido creciendo el espacio dedicado a enaltecer la “dimensión integral de abordaje de los derechos humanos desde el espacio procurador de justicia”, como dice en su último reporte.

Esta nota fue publicada originalmente en POP LAB, que forma parte de la Alianza de Medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes ver la publicación original.