8 febrero, 2019
Textos: Carlos Manuel Juárez
Imágenes: Archivo / Ximena Natera
En un mes, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo registró dos señalamientos al Ejército por matar civiles. Éste es el caso del albañil Josué Olarte Barba
Tras nueve días en cuidados intensivos, el albañil Josué Olarte Barba falleció en el Hospital de Especialidades de Nuevo Laredo, a causa del disparo en la cabeza que, presuntamente, recibió por parte de elementos del 16 Regimiento de Caballería Motorizada.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo hizo público el segundo caso en un mes en el que integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) son señalados de matar a civiles en el municipio tamaulipeco.
El hecho sucedió el martes 29 de enero en la colonia Claudette. Ese día, aproximadamente a las 10:30 horas, el padre de tres menores de edad compraba material cuando recibió el balazo en la parte trasera de la cabeza.
Sus compañeros de trabajo, quienes atestiguaron el suceso, contaron que los militares junto con una ambulancia de Protección Civil municipal trasladaron a Josué al hospital San José. Por la tarde del mismo martes fue llevado al nosocomio con mejor capacidad de atención.
Al mediodía del martes 29 de enero, amigos del hoy occiso avisaron a su esposa Alejandra Silva Segura. Desde que ingresó al hospital, Josué Olarte permaneció inconsciente y con parálisis en el lado derecho del cuerpo.
El 30 de enero, familiares de Olarte Barba presentaron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La queja CNDH/2/ 8684 / 2019/Q, se dirigió en contra del personal militar.
La delegación en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República, a cargo de Federico González Scott, abrió la carpeta de investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000299/2019, refirió el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos.
El martes 5 de febrero, mandos de la Sedena se reunieron con la familia Olarte Silva. Además, comenzaron las indagatorias en las instalaciones del 16 Regimiento de Caballería Motorizada.
La organización independiente también envió documentos del hecho al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; a la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; y al general Luis Cresencio Sandoval González, titular de Sedena.
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