Tomás Zerón, acusado de torturar testigos y sembrar pruebas en el caso Ayotzinapa, es investigado por la Fiscalía General de la República por el espionaje realizado en el gobierno de Peña Nieto con el programa Pegasus. Zerón firmó un contrato por 32 millones de dólares con la empresa «fachada» Tech Bull S.A. de C.V, que operaba con el gobierno mexicano desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa

Texto: Redacción y Alejandro Ruiz

Fotos: Moisés Pablo / Cuartoscuro

Actualización 21 de julio.

CIUDAD DE MÉXICO.- La relación entre los operadores del programa de espionaje Pegasus y quienes los contrataban derivó en un primer caso judicializable en el que está implicado el exfuncionario Tomás Zerón, informó la Fiscalía General de la República.

La FGR indaga los contratos suscritos por Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, para adquirir el programa de espionaje Pegasus. La Fiscalía dijo que enviará la información de esta indagatoria al gobierno de Israel. En ese país Zerón se refugió tras acusaciones de torturar a testigos y ocultar pruebas en el caso Ayotzinapa.

La Fiscalía informó que la testificación de la periodista Carmen Aristegui y la aportación de un testigo clave ayudaron a que el Ministerio Público Federal hiciera una investigación exhaustiva de los contratos que suscribió Tomás Zerón, en la entonces Procuraduría General de la República ( PGR), durante la administración de Enrique Peña Nieto.

Derivado de ello, la Fiscalía cateó la empresa KBH TRACK, administrada por Víctor “R”. Su propietario, el ciudadano israelita Uri Emmanuel “A”, huyó de México hace más de dos años.

En el cateo, la FGR  obtuvo un disco duro en el que se demuestra plenamente que dicha empresa maquiladora realizaba el espionaje telefónico.

La empresa israelí NSO Group, propietaria del software Pegasus, usaba a la empresa operadora mexicana KBH TRACK.

La Fiscalía aún no ha identificado a los solicitantes del espionaje para efectos judiciales.

Confirma FGR espionaje a Manuel Mondragón

“Se puede ya afirmar en forma definitiva es que, en el caso de quien entonces era Comisionado Nacional de Seguridad, Doctor Manuel Mondragón, su teléfono fue intervenido y grabadas sus conversaciones con funcionarios de las Secretarías de Gobernación y de áreas de Seguridad Nacional, así como con terceras personas. Se está, en este momento, en espera de que varios denunciantes puedan aportar sus teléfonos celulares para que, con autorización de un Juez de Control, se extraiga la información correspondiente para efectos de judicialización”.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía preguntó a Citizen Lab de la Universidad de Toronto si analizó los equipos de teléfonos celulares; el laboratorio lo rechazó.

Citizen Lab es el laboratorio que dio a conocer que distintos gobiernos, entre ellos el de Enrique Peña Nieto en 2016, adquirieron el programa de espionaje Pegasus para usarlo contra defensores de derechos humanos, periodistas y adversarios políticos.

La FGR dijo que incorporará esa información sobre el caso.

El laboratorio dijo también que no “tiene evidencia de que una agencia gubernamental mexicana instalara el malware Pegasus en ningún dispositivo”.

Entre las personas espiadas con el programa Pegasus en México está el actual presidente López Obrador, su familia y medio centenar de colaboradores cercanos.

“Dicha información se está incorporando a la investigación ya señalada, con objeto de ampliar, en su caso, las investigaciones correspondientes, para lo cual se habrán de desahogar las diligencias de investigación que procedan”, informó la FGR.

El New York Times publicó que una de las razones que obstaculizan la extradición de Tomás Zerón de Israel es precisamente los nexos que el exfuncionario estableció con empresas de ese país. Zerón es pieza clave en la investigación sobre la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y el montaje de la llamada «verdad histórica».

Responde la UIF a solicitud de la FGR 

Durante la conferencia matutina de este 21 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, presentó la información solicitada por la FGR en relación con las contrataciones vinculadas con el caso “Pegasus”.

Durante su intervención, Nieto Castillo afirmó que en 2014 el entonces director de la AIC, Tomás Zerón de Lucio, firmó un contrato con la empresa Tech Bull S.A. de C.V, quienes le vendieron a la entonces Procuraduría General de la República el malware “Pegasus” para realizar actividades de espionaje telefónico. 

Tech Bull S.A. de C.V. es una empresa constituida por Balam Seguridad Privada S.A. de C.V., y de acuerdo con la información presentada por el titular de la UIF, Grupo Tech Bull “es una empresa con características de fachada.” 

El monto de dicho contrato fue de 32 millones de dólares, desarrollado por la empresa israelí creadora de “Pegasus”, NSO Group, a quienes les fueron transferidos dichos recursos.

Asimismo, Nieto Castillo afirmó que no era la primera vez que el gobierno mexicano establecía contratos con empresas ligadas a Grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada, pues se encontraron contratos desde el 2012 durante las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.

De igual forma precisó que los montos establecidos en dichos contratos son “incongruentes”, y acusó de que se puede presumir “la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del año 2012 al año 2018.”

En total del 2012 al 2018, durante ambas administraciones, estas empresas percibieron más de 5 mil 914 millones de pesos en depósitos, y retiraron más de 2 millones 899 mil millones de pesos. 

Las personas morales ligadas a Tech Bull y Balam Seguridad privada son: Proyectos y Diseños VME; Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale; Grupo Comercial Vicra; Artículos Textiles Equipo y Accesorios MV; Constructora del Centro y del Bajío; Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos; y KBH TRack S.A. de C.V. 

Esta última era la empresas que realizaba las transacciones directas con el Grupo Israelí de NSO, desarrollador de “Pegasus”. 

Entre los entes públicos que contrataron servicios de estas empresas durante 2012 y 2018 destacan el Gobierno del Estado de Veracruz, en ese entonces presidido por Javier Duarte, el Gobierno del Estado de México, encabezado por el ahora senador Eruviel Ávila Villegas, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y Banobras. 

El modus operandi de estas empresas, explicó Santiago Nieto, era a través de empresas fachadas que terminaban por enviar el dinero a los países de Italia, Estados Unidos e Israel, donde se albergan empresas desarrolladoras de sistemas de seguridad y espionaje. 

Asimismo se presume la contratación de empresas “factureras” que le permitían a Grupo Tech Bull evadir impuestos. 

Al término de la administración de Enrique Peña Nieto Grupo Tech Bull se declara en ceros. 

Además de entregar esta información a la FGR para la acusación en contra de Tomás Zerón de Lucio, y quien resulte responsable, el titular de la UIF afirmó que se enviará información al gobierno de los Estados Unidos respecto a la contratación del malware NiceTrack que Genaro García Luna hizo durante la administración de Felipe Calderón, y que también se vincula a actos de espionaje.