El país pagará un alto costo por la decisión de Alejandro Gertz de evadir la responsabilidad de ser el primer fiscal autónomo en la historia del país. Un precio que alcanza la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por: Alberto Nájar

La Cuarta Transformación ha desperdiciado una oportunidad histórica. Y se llama Fiscalía General de la República (FGR).

Es la primera vez desde la independencia de México que se estableció, por ley, la existencia de un organismo independiente para la procuración de justicia.

Históricamente esa responsabilidad había quedado bajo la supervisión de una entidad diferente a los fiscales.

En el siglo XIX, por ejemplo, la tarea se asignó al Poder Judicial. Tras la derrota de Porfirio Díaz y en la Constitución de 1917 la Procuraduría General de la República quedó bajo el mando del presidente en turno.

En ninguno de esos períodos el trabajo del Ministerio Público fue realmente independiente.

Los casos relevantes donde políticos o empresarios estuvieran involucrados, siempre existieron presiones para frenar las investigaciones.

De hecho, en algunos períodos la PGR se utilizó como herramienta de represión, como sucedió tras las masacres de estudiantes de Tlatelolco en 1968 y 1971, o las consignaciones a modo durante el período de la Guerra Sucia, en las décadas de los años 70 y 80.

En tiempos más recientes la Procuraduría fue un instrumento político.

Así ocurrió con el desafuero del entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, la captura de personajes críticos de los gobiernos panistas o la construcción de la llamada Verdad Histórica del caso Ayotzinapa.

La PGR ha sido, en los hechos, uno de los elementos centrales de la violencia institucional e impunidad que existen en México.

Por eso muchos vieron con esperanza la creación de la FGR, en diciembre de 2018, planteado en el papel como un organismo autónomo y separado del Poder Ejecutivo.

La desilusión llegó pronto. El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, y el Senado aceptó, el nombramiento de Alejandro Gertz Manero para encabezar la FGR.

Un personaje polémico, lejano al perfil que organizaciones civiles esperaban del primer fiscal independiente del país.

Gertz participó en la Operación Cóndor de 1973, que pretendía erradicar el cultivo de amapola y marihuana en el Triángulo Dorado, la región montañosa entre Sinaloa, Chihuahua y Durango.

El operativo, patrocinado por Estados Unidos, sólo provocó que los capos de narcotráfico se mudaran a Guadalajara, donde fortalecieron sus operaciones.

El polémico abogado colaboró con varios gobiernos, e inclusive fue secretario de Seguridad en el gobierno de Vicente Fox Quesada.

Alejandro Gertz Manero es parte de la élite favorecida por la impunidad, que supuestamente se pretendió desterrar con la creación de una fiscalía independiente.

Ha sido congruente con su origen e intereses. La Fiscalía de Gertz es lenta en atender casos relevantes de corrupción y violencia, y con ello fomenta la impunidad de los tradicionales grupos de poder.

Hay varios ejemplos. El juicio por la compra fraudulenta de la planta Agronitrogenados por parte de Petróleos Mexicanos está atorado y el principal responsable, Alonso Ancira, vive tranquilamente en Estados Unidos.

El empresario obtuvo un acuerdo con la FGR y Pemex para pagar en abonos 200 millones de dólares, el sobreprecio que obtuvo en la transacción.

En el acuerdo nada se dijo de las ganancias adicionales que obtuvo el magnate con el uso de ese dinero. Hasta ahora sólo ha cubierto 70 millones de dólares, casi la tercera parte del adeudo.

También en el limbo se encuentra el proceso contra Emilio Lozoya Austin, acusado de participar en la red internacional de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Lozoya es acusado de recibir diez millones de dólares a cambio de contratos en México. El dinero supuestamente se utilizó en la campaña por la presidencia de Enrique Peña Nieto.

También se usó para sobornar legisladores, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN).

Sin embargo, hasta ahora sólo dos personajes de la trama han sido formalmente acusados: Lozoya y el exsenador Jorge Luis Lavalle, quien enfrenta su proceso en libertad.

A esa lista de fallas la FGR suma otra: este jueves el Instituto Nacional Electora (INE) cerró el proceso por supuesto financiamiento electoral ilícito en las campañas de Peña Nieto y el actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo.

La razón: la FGR no aportó pruebas para sustentar las acusaciones, a pesar de que le fueron solicitadas durante varios años.

Con esta determinación uno de los mayores escándalos electorales en la historia reciente del país, que implicó la compra masiva de votos para favorecer al PRI, queda impune.

No es todo. La FGR fue acusada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de boicotear la investigación del Caso Ayotzinapa.

La Fiscalía de Gertz, por ejemplo, cambió a parte del equipo que investigaba la mayor violación de derechos humanos de la historia reciente, y a quienes quedaron les hostigó con una inusual auditoría.

También protegió a militares involucrados en la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Con estas decisiones, advirtió el GIEI, el caso tuvo un severo retroceso.

Tal lentitud e ineficiencia es selectiva, porque el Fiscal General suele esmerarse cuando se trata de atender sus casos personales.

Hasta ahora han sido pocos los esfuerzos por limpiar una de las dependencias con más denuncias de corrupción y presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

La estructura operativa de la antigua PGR sigue prácticamente intocada.

En la dependencia se mantiene a personajes que provienen de los tiempos del viejo PRI, e inclusive permanecen elementos que participaron con Genaro García Luna, ex director de la Agencia Federal de Investigación y ahora declarado culpable de narcotráfico.

Una larga cauda de irregularidades que, sin embargo, no cambian el ánimo presidencial.

López Obrador defiende al fiscal Gertz Manero, inclusive por encima de la ausencia total de resultados.

Una decisión sumamente cuestionada que el presidente suele pasar por alto. No está claro si entiende que pagará un costo político por su respaldo ciego al controvertido abogado.

Algo que resulta menor comparado con el daño que el fiscal Gertz ha causado a la procuración de justicia en el país.

El abogado tuvo la oportunidad de limpiar a la Fiscalía y de combatir la impunidad de las élites.

No lo hizo, ni se ve que tenga ánimo de cumplir con la responsabilidad histórica que representa ser el primer fiscal autónomo del país.

Todo lo contrario, y con ello profundiza la impunidad a niveles que podrían ser irreversibles en algunos casos.

Un ejemplo son las miles de familias de personas desaparecidas, que no han encontrado en la FGR el respaldo necesario para terminar con esa gravísima crisis humanitaria en el país.

Nada hay más difícil de revertir que el desánimo social y la pérdida de esperanza.

Es la ruta que, con su actitud, el fiscal Gertz parece empeñado en construir para México.