Texto: Redacción. Foto: Héctor Guerrero / Archivo Pie de Página

Colectivos de familiares de personas desaparecidas lanzaron una carta pública en la que exigen al presidente Enrique Peña Nieto que cumpla los acuerdos para el trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Lo anterior, luego de que el gobierno del priista publicara en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación. Y se establece que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) quedará adscrita a la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).

“No puede estar subordinado un comisionado de otro comisionado. Eso es ilógico, y negativo, porque la autonomía con la que esperábamos trabajara la Comisión Nacional de Búsqueda, no se puede dar. Lo que más nos preocupa es que estamos a meses del término de esta administración pública y eso nos puede dejar desamparados. En mi experiencia, con la entrada de una nueva administración pública, tardamos meses, año en retomar el ritmo. Si eso pasa con un expediente, imagínate con una Comisión que tiene que ver con recursos, con funcionarios… no tenemos tiempo para más retrocesos”, dijo Graciela Pérez, madre de Milynali, quien fue desaparecida con sus familiares en Tamaulipas, y una de las firmantes de la carta pública.

En la carta pública cuestionan que la CNS esté sobre la Comisión de Búsqueda, pues “le quita la autoridad para poder convocar y concretar dichos acuerdos y limita en extremo su funcionamiento, ya que la acota a una entidad cuyas atribuciones se limitan a funciones de seguridad pública en el ámbito federal”.

Las familias exigen que la Comisión Nacional de Búsqueda regrese a la estructura de la Secretaría de Gobernación “ya que esto le permitiría cumplir de mejor forma sus atribuciones de coordinación, conducción y vinculación interinstitucional de una política integral para la búsqueda de personas”.

En la carta pública, argumentaron además que la CNS no cuenta con la confianza de los colectivos de familias, puesto que nisiqueira ha encontrado a los policías federales desaparecidos. Además, la ley de egresos otorgó a la Comisión de Búsqueda un presupuesto para darle autonomía relativa. “¿Administraría ahora la CNS esos recursos afectando su capacidad de toma de decisiones? ¿a quién responderá el Comisionado Nacional de Búsqueda, al Sistema Nacional de Búsqueda o a la Comisión Nacional de Seguridad?”, cuestionaron las familias.

“Es necesario recordar, que durante el diálogo y negociación de la Ley este fue uno de los puntos álgidos de discusión y que, si bien no estuvimos del todo de acuerdo en que quedará como un órgano administrativo desconcentrado, confiamos en el compromiso de la Secretaría de Gobernación, de que se le respetaría y otorgarían facultades amplias, para enfrentar la grave tragedia de las desapariciones en México”, dice la carta.

El Comisionado Nacional de Seguridad aún no ha respondido a las familias.

“Desconocemos las razone por la cual ellos tomaron esa decisión, nos sorprende que haya sido en un fin de semana de asueto, nos llegó de sorpresa. Supongo que deberán de estar pensando de qué forma nos responden o tratando de saber qué pensamos. Por eso nos apuramos a emitir esa carta pública”, dijo Graciela Pérez.

Convocan a conformar el Consejo Ciudadano

El día 3 de abril la Junta de Coordinación Política del Senado, lanzó la convocatoria para la selección de los Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El Consejo Ciudadano es un órgano de consulta del Sistema Nacional, que tendrá entre otras tareas, proponer acciones a la Comisión de Búsqueda, solicitar información a los miembros y hacer recomendaciones sobre el trabajo, acceder a estadísticas, avisar sobre irregularidades en el trabajo de los servidores públicos, elaborar, aprobar y modificar la guía de procedimientos del Comité.

Según la ley, el Consejo Ciudadano se formará de la siguiente manera: Cinco familiares; cuatro especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en dicha Ley, de los cuales se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense; y por cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. 


Los integrantes serán nombrados por el Senado, previa consulta con familiares y organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas.

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