Agropalma, la única empresa brasileña con el certificado de sostenibilidad de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma (RSPO) está acusada de acaparamiento de tierras en el estado de Pará, en Brasil

Texto: Karla Mendes, traducido por María Ángeles Salazar Rustarazo / Mongabay

Fotos: Mongabay

BRASIL.- Con las manos temblorosas, Raimundo Serrão enciende velas para su abuela en la cruz del cementerio Livramento, porque no puede encontrar la tumba. Serrão y otras personas de la zona dicen que uno de los principales exportadores de aceite de palma del país ha enterrado el cementerio bajo los cultivos.

“Han plantado palma sobre la tumba”, cuenta entre lágrimas Serrão a Mongabay. Culpa a Agropalma, cuyas plantaciones se encuentran en el cementerio en las orillas del río Acará en la Amazonía brasileña. “Ella está debajo de [esta plantación] de palma aceitera”, dice y señala un área que, asegura, era parte del cementerio cuando su abuela murió en 1978 a los 110 años. La empresa lo desmiente.

Las acusaciones son parte de un conjunto de denuncias contra Agropalma, la única empresa brasileña con el certificado de sostenibilidad emitido por la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO), una organización de miembros que cuenta con productores de aceite de palma, comerciantes, fabricantes, vendedores, bancos, inversores y otros interesados.

Mongabay visitó el Alto Acará, en noviembre de 2021, para investigar las acusaciones de que más de la mitad de las 107 mil hectáreas registradas por Agropalma derivan de títulos de propiedad fraudulentos, así como la creación de una oficina de registro falsa, un asunto que está en el centro de una batalla legal encabezada por fiscales del estado y defensores públicos.

Serrão es quilombola, descendiente de esclavos afrobrasileños fugitivos. Es uno de los líderes que guió a Mongabay por el río Acará y las carreteras polvorientas rodeadas de cultivos de palma aceitera y territorios que se consideran la “reserva legal” de Agropalma, una clasificación que obliga a los propietarios de tierras privadas a preservar una porción de su propiedad para vegetación nativa.

Las comunidades quilombolas dicen que parte del área ocupada por Agropalma se solapa con su territorio ancestral, incluidos dos cementerios que Monbabay visitó. El cementerio Livramento está confinado entre cultivos de palma aceitera y tiene una tumba de 1928.

Mongabay también observó los restos de una capilla, una escuela y una cocina en la zona registrada como la reserva legal de Agropalma, donde se encuentra el cementerio de Nuestra Señora de la Batalla.

En su batalla legal, la Defensoría Pública dice que la existencia de cuatro cementerios quilombolas e indígenas en las zonas ocupadas por Agropalma, entre los municipios de Acará y Talândia, es una prueba crítica del derecho al territorio de las comunidades. “Una de las cosas principales para nosotros son los cementerios, porque indican que había una comunidad [en la región]”, dice la defensora pública Andreia Barreto. “Tenemos una lista de familiares enterrados, tenemos la lista de las familias que están en esos cementerios”.

En el último año, Mongabay examinó miles de páginas de documentos para investigar las acusaciones de acaparamiento de tierras contra Agropalma, responsable de una cuarta parte de las exportaciones de aceite de palma del país, según Trase, un grupo de investigación dirigido por el Instituto del Medioambiente de Estocolmo y la organización no gubernamental Global Canopy.

“Estas áreas tuvieron problemas en cuanto a la separación de territorios públicos para el sector privado. Aún son tierras públicas”, dice la fiscal Ione Nakamura, quien lidera el caso desde 2021.

La fiscal del estado Eliane Moreira, quien presentó dos denuncias en 2018 y 2020 en un intento de cancelar los títulos de propiedad de Agropalma, dice que “no hay duda” del fraude que a simple vista parece “una historia impensable”.

“Es tan elaborado que crearan una oficina notarial ficticia […] Son muchas áreas, es un mosaico. Lo que las une a todas es la intervención de un ‘cartório’, una oficina notarial que nunca existió y produjo documentos que eran en apariencia muy fiables”, dice Moreira. “Y también existe la intervención de un notario que ya no trabajaba y emitía documentos”.

En una batalla legal de seis años para demostrar el fraude y condenar a Agropalma a pagar una compensación por “daños morales colectivos”, debido a la ocupación de territorios públicos, la corte ordenó que se revocaran los títulos de propiedad en 2018 y 2020. Otras cortes defendieron esa decisión en los años siguientes. A pesar de admitir que las escrituras eran falsificadas, la empresa afirma que no tuvo participación en el plan. Ahora quiere volver a comprar el territorio del estado de Pará.

Más allá del negocio principal de Agropalma con el aceite de palma, también hay otros intereses económicos en juego en el territorio que, según los investigadores, intensifican las disputas. Apuntan a las actividades de la empresa en la minería de bauxita y la venta de créditos de carbono en las zonas en disputa, ignorando las decisiones de la corte que cancelan esos títulos de propiedad.

“Todo esto son frentes de presión sofocantes, que ahogan a la gente que lucha por volver a su territorio”, dice el investigador Elielson Pereira da Silva, quien ha llevado a cabo investigaciones en la zona desde 2019 para la Universidad Federal de Pará (UFPA).

Obstáculos para visitar cementerios

Los quilomobolas dicen que, desde que Agropalma empezó a tomar posesión de zonas de la región en la década de los ochenta, no han podido acceder al cementerio de Nuestra Señora de la Batalla, situado dentro de la reserva legal de la empresa. Cansados de esperar una decisión judicial, en noviembre de 2021 decidieron ir al cementerio a limpiar la zona y las tumbas y encender velas para honrar a sus ancestros en el Día de Muertos.

“Cuatro de mis hijos están enterrados aquí”, dice Benonias Batista entre lágrimas, mientras enciende velas para sus hijos. “Después de que [la empresa] tomara posesión, no nos permitió venir más”.

Agropalma asegura que no evitó que los quilomobolas fueran al cementerio, ya que pueden accedes libremente a través del camino del río y no por la propiedad de la empresa. Los quilombolas dicen que siempre habían utilizado ese camino antes de la llegada de la empresa.

“No había carretera en esa zona antes de la plantación”, dice en videollamada con Mongabay Tulio Dias Brito, director de sostenibilidad de Agropalma. Según Brito, para utilizar la carretera de la empresa, los visitantes deben identificarse en la verja de la empresa, donde comprueban documentos como el permiso de conducir y la licencia del vehículo. “Hay una serie de burocracia que la ley nos obliga a llevar a cabo, lo cual la gente a veces percibe como un impedimento para pasar, cuando en realidad no lo es”.

Los expertos critican las restricciones y afirman que incumplen la Constitución Brasileña. “El derecho de los que vivían allí para acceder al cementerio está en la Constitución. El cementerio es un lugar sagrado”, dice la socióloga e historiadora Maria da Paz Saavedra, investigadora y candidata a doctorado de la UFPA, en una visita a la zona.

“Hay un cercamiento allí. No sólo físico, en el sentido de los cultivos de palma, sino también un cercamiento de muchas otras maneras”, dice Silva en medio del cementerio de Nuestra Señora de la Batalla. “No se permite a esta gente ser quienes son”, añade el investigador, que cuenta con un doctorado en Desarrollo Socioambiental y fue superintendente regional para Pará en el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) de 2008 a 2013.

Además de luchar por el acceso a los cementerios, las comunidades en la región del Alto Acará también buscan para que se reconozcan de forma oficial la identidad quilombola y sus derechos territoriales. Desde 2016, esperan respuesta del Instituto del Territorio de Pará (Iterpa), sobre una petición para demarcar al menos 18 000 hectáreas, en gran parte ocupadas por Agropalma, para el uso colectivo de la Asociación de Remanentes Quilombolas de las comunidades de Balsa, Turiaçu, Gonçalves y Vila Palmares del Valle Acará (ARQVA), una red comunitaria.

Batista mostró a Mongabay el área que dice que fundó y donde vivió hasta que se declaró como reserva legal de Agropalma, a tan sólo unos pasos del cementerio de Nuestra Señora de la Batalla. “Aquí estaba la capilla, la iglesia… Aquí estaba el salón de baile. Los sábados organizábamos encuentros para entretener a la gente. Este suelo era la sala central. Justo aquí”, dice, mientras señala los restos de los edificios de la zona.

Brito rechaza el argumento de que la existencia de cementerios en las áreas de la empresa demuestre el derecho ancestral al territorio. Dice que la empresa creía que el cementerio lo creó una familia descendiente de colonos portugueses.

Tampoco está de acuerdo con la idea de los derechos de los quilomobolas sobre el territorio, y cita un informe de Iterpa que niega la existencia de rastros de la comunidad en el área en disputa. “Existe la duda, al menos por parte de Iterpa, sobre si la comunidad es quilombola o no”, dice. “Los representantes de la entidad estaban con los líderes del movimiento en las visitas al lugar y el mapeo, pero no encontraron pruebas de que haya comunidades actuales o ancestrales de quilombolas en la zona”, escribió Brito en un correo electrónico en diciembre de 2021.

Como informó Mongabay el año pasado, la presencia de varios asentamientos quilombolas centenarios, o quilombos, se ignoró de forma similar en el proceso de licenciamiento de la industria de aceite de palma, cuando el programa de zonificación agroecológica para el cultivo de palma aceitera en las zonas deforestadas ZAE-Dendê se solapaba con las comunidades tradicionales quilombolas.

La Fundación Cultural Palmares, institución pública establecida para defender la cultura afrobrasileña, no respondió a la petición de comentarios de Mongabay sobre el proceso de autoidentificación de los quilombolas y sus reclamos de territorio.

Barreto e investigadores como Saavedra y Silva cuestionan los resultados de Iterpa porque no los llevaron a cabo antropólogos ni expertos independientes. Su investigación conjunta, con la antropóloga Rosa Acevedo Marin para UFPA, apunta a las pruebas de la existencia de esclavos y comunidades quilombolas en la región del Alto Acará. El estudio afirma que, en las últimas cuatro décadas, se expulsó a los residentes de las márgenes del río Acará con presiones de los acaparadores de tierras, que engañaron a las comunidades para que vendieran el territorio antes de revendérselo a Agropalma. Según la investigación y los residentes que hablaron con Mongabay, la violencia también se utilizó para persuadir a los residentes para que vendieran.

La Defensoría Pública y los investigadores cuestionaron a Iterpa con las pruebas del estudio y solicitaron una revisión.

Un mapa de Global Witness, publicado en septiembre, muestra el solapamiento de la zona reclamada por los quilomobolas y las comunidades tradicionales sobre la propiedad de Agropalma.

Brito niega que la empresa plantara palma aceitera en los cementerios. “Eso no es verdad”, dice, y añade que la empresa consultó a varios ancianos locales que niegan las acusaciones. “Llevamos a cabo ocho entrevistas. En siete de ellas se dijo categóricamente que no hay palma aceitera en el cementerio. Todos ellos tienen familiares enterrados allí,” añade, y señala que la única persona crítica no pudo fundamentar sus quejas.

“No entendemos que el cementerio legitime el derecho de nadie a las zonas que están alrededor de este. Pero comprendemos que el cementerio es una zona sagrada”, dice Brito. “Es un área que nunca se debería tocar, y la comunidad tiene todo el derecho a ir allí”.

El mapa de Global Witness es parte de un informe que cubre los conflictos entre las comunidades tradicionales y las empresas de aceite de palma, entre ellas Agropalma. El informe también hace seguimiento de los 20 importadores de Agropalma. “El hecho de que todas las empresas multinacionales que respondieron a Global Witness sostengan ser conscientes de los conflictos en sus cadenas de suministros de aceite de palma en Brasil, y sigan adquiriendo aceite de palma de Brasil BioFuels y Agropalma, indica que no han sido capaces de evitar ni mitigar los abusos a los derechos humanos que tienen lugar en esa región de Pará”, dice Global Witness en el informe.

Agropalma es una filial del conglomerado Alfa de Brasil, un actor importante en los sectores de las finanzas, seguros, agroindustria, materiales de construcción, comunicaciones, cuero y hoteles. La empresa registró beneficios de 270 millones de dólares en 2020. Su producción es de unas 160 mil-170 mil toneladas de aceite al año, la producción de aceite de palma “sostenible” más grande de América, y pretende aumentarla en un 50 % hasta 2025, según la página web de la empresa.

La raíz del problema: títulos de propiedad poco fiables

Pará, en el corazón de la Amazonía, tiene uno de los peores índices de deforestación, además de tala ilegal sin control, acaparamiento de tierras y asesinatos de activistas. Los expertos dicen que la raíz de estos problemas es el complicado sistema de propiedad de territorios del estado.

El acaparamiento de tierras es una de las causas principales de deforestación. Brasil cuenta con un sistema de registro de propiedad anticuado y poco claro que data del periodo colonial. No tiene un sistema centralizado para comprobar quién es el propietario del territorio, un instrumento clave para evitar el fraude.

Los títulos de propiedad se emiten en miles de oficinas del registro de la propiedad, que son parte de delegaciones públicas, conocidas como cartórios, que no se comunican entre ellas. En consecuencia, no es extraño que haya diferentes adjudicaciones para una misma área, sobre todo en la Amazonía, además de acusaciones de corrupción relacionadas con las escrituras y el hecho de que funcionarios públicos permitan que propietarios privados ocupen territorios públicos de forma indebida.

En el caso de Agropalma, la investigación fiscal empezó tras las denuncias de una familia de la capital de Pará, Belém, que sostenía que Agropalma había tomado posesión de tierras que pertenecían a la familia mediante un acaparador de tierras que multiplicó el área que ellos vendieron de 2 mil 678 hectáreas a 35 mil hectáreas. Aunque los fiscales no actúan en nombre de la familia, cuyo caso sigue en proceso en los tribunales, las acusaciones llevaron a investigaciones del supuesto acaparamiento de tierras de Agropalma en Pará.

“Las noticias llegaron de esa familia. […] Lo investigamos y verificamos que había fundamentos”, dijo Moreira a Mongabay en su oficina en Belém en agosto de 2019, cuando la autora de este artículo empezó a investigar las acusaciones de acaparamiento de tierras. Tras más investigaciones, el Ministerio Público de Pará presentó demandas judiciales colectivas en 2018 y 2020 con la intención de revocar los títulos de propiedad de Agropalma. Como cada área tienen un problema diferente, explica Moreira, acabó dividiéndolo en siete bloques según las irregularidades. “Estos territorios tienen que volver al patrimonio público”.

Recientemente, Agropalma solicitó la cancelación de los títulos tras la demanda. “La empresa sostiene que ahora, durante el proceso, ellos mismos han pedido [la cancelación]. […] Pero sólo han emprendido acciones después de que presentáramos la demanda”.

Moreira añade que la empresa también debería ser condenada y obligada a pagar una indemnización, ya que “quien lleva a cabo acaparamiento de tierras causa daños al mantenimiento de registros. Los registros públicos son una cosa muy seria. Si alguien introduce información fraudulenta, causa daños al sistema de registro público”.

Brito niega las acusaciones de que la empresa haya ocupado territorios públicos ilegalmente. “En realidad, no nos apropiamos [del territorio]. Compramos territorio. Compramos territorios durante un largo período de tiempo. Empezamos a comprar territorio allí en el año 1981 y lo hemos estado haciendo hasta el 2010”, dice. “Entendemos que sí, nuestros títulos se han cancelado. Están cancelados temporalmente y recurriremos, pero la posesión es nuestra”.

“Compramos [el territorio] al supuesto propietario en aquel momento, de buena fe. Pagamos el precio de mercado. Lo registramos en la oficina del notario. Todo lo que hicimos fue transparente”.

Dice que el Código Forestal y el Estatuto de Territorio indican que “quien tiene la posesión, tiene el dominio de esa unidad” y “nuestra posesión es legítima. Es pacífica. Está registrada”.

Los fiscales también quieren que se retire a Agropalma el certificado de la RSPO. Con este certificado, Agropalma exportó 21 mil 941 toneladas en 2017, según los últimos datos disponibles revelados por Trase. Los títulos de propiedad “no deberían generar los efectos legales que están generando. Por eso también denunciamos contra el certificador”, dice Moreira en referencia a IBD Certifications Ltd., el grupo responsable del proceso de certificación en Brasil. “Entendemos que tienen la obligación, una vez son conscientes de la situación, de también adoptar medidas”.

“Al llevar el sello de RSPO mencionado, la empresa se valida en el mercado ante sus competidores y consumidores como compañía que cumple con la legislación vigente, lo cual, como ya se ha demostrado, no encaja con la realidad ante la práctica de conducta perjudicial al sistema de registro”, escribió Moreira en la denuncia para urgir a la retirada del certificado.

IBD no respondió a la petición reciente de comentarios que solicitó Mongabay. En una declaración de 2020, IBD dijo que “responde sólo a los clientes, la RSPO y las autoridades legales del país”. En una declaración enviada por correo electrónico, la secretaría de la RSPO dijo que la certificación de IBD se suspendió el 8 de junio, sin ofrecer detalles sobre el porqué.

En cuanto a los procesos legales del caso, la RSPO dice que no ha recibido ninguna información sobre el progreso. “Cuando un caso va a juicio, la RSPO es sólo un observador del proceso legal. Como el asunto se está tratando ahora en los tribunales, la RSPO respeta el proceso local legal y deja el juicio a los tribunales para que analicen las acusaciones de los demandantes”.

La RSPO añade que los productores reciben la certificación con “una verificación estricta del proceso de producción, según los estrictos Principios y Criterios de la RPSO de 2018 para la producción sostenible de aceite de palma llevada a cabo por entidades de certificación acreditadas” y que “realizan todos los esfuerzos necesarios para asegurar que sus miembros certificados cumplen los Principios y Criterios”. Moreira también acusa a Iterpa en la denuncia por utilizar de forma indebida los documentos falsos para emitir títulos definitivos para Agropalma y por continuar con el proceso de regulación de los territorios de la empresa. Iterpa no respondió a la solicitud de comentarios de Mongabay sobre las denuncias.

Las peticiones de la fiscal sobre la suspensión del proceso de regulación del territorio de Agropalma y la suspensión de su certificado RSPO, sin embargo, han sido rechazadas por los tribunales hasta ahora.

Nuevas fronteras

Los investigadores dicen que están preocupados por los otros negocios que Agropalma quiere expandir, entre ellos la minería de bauxita y el comercio de créditos de carbono, a pesar de que la mayoría de los títulos de propiedad de esas áreas han sido cancelados tras decisiones judiciales.

Según una investigación reciente de Pereira, de la UFPA, Agropalma ha realizado 17 peticiones de autorización de investigación para minería de bauxita en un área de 121 mil hectáreas en la región del Alto Acará. Algunas de estas solicitudes son para zonas que las comunidades quilombolas reclaman como territorio ancestral, como el cementerio de Nuestra Señora de la Batalla.

“El resultado es sorprendente”, dijo Pereira a Mongabay en una entrevista sobre las referencias cruzadas de las ubicaciones de los Catastros Ambientales Rurales de Agropalma (CAR) y las peticiones para minería.

La investigación muestra que los permisos de exploración de Agropalma caducaron entre 2018 y 2019. Después de eso, la empresa solicitó la extensión del 88.2 % de los permisos. La agencia de regulación minera ANM rechazó las peticiones iniciales, dice Pereira, y la empresa ha recurrido la decisión.

Sin embargo, Brito, de Agropalma, dice que la empresa no tiene intención de extraer bauxita de las áreas en cuestión. En lugar de eso, la empresa solicitó las licencias de investigación para proteger sus reclamos sobre el territorio. “Teniendo el derecho de llevar a cabo una investigación, contamos con la seguridad de que las áreas seguirán estando protegidas. […] Mientras tengas la autorización de investigación mineral, nadie más puede pedirla”, dice.

Pereira también ha mostrado preocupación ante la propuesta actual de crear un “corredor ecológico” en áreas de “reservas privadas” de empresas de palma aceitera en Alto Acará, entre ellas Agropalma. Según dice, la iniciativa permitirá la venta de créditos de carbono y se solapará con territorios ocupados tradicionalmente por los quilombolas.

Según Brito, aunque el proyecto aumentaría la calidad de preservación y biodiversidad de la reserva legal de la empresa, los estudios de créditos de carbono están en proceso y “llevarán tiempo y tendrán que analizar el asunto de los quilombolas”.

En una declaración de correo electrónico de octubre, Agropalma dijo que en el año 2021 anunció una asociación con una consultora especializada en conservación forestal y “la comercialización de servicios ambientales” para el proyecto REDD+ (Reducción de Emisiones de la Deforestación y Degradación Forestal), un incentivo desarrollado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. “Con el proyecto, Agropalma no sólo será una empresa de emisiones neutras, sino que también contribuirá a que otras empresas tomen acciones para combatir el cambio climático”.

El proyecto “permitirá que se vendan créditos de carbono desde 2023, ya que la empresa tiene emisiones negativas”, según una noticia publicada en la página web de la empresa.

Acusaciones por contaminación

Agropalma también está acusada de contaminar los ríos y arroyos con un residuo del aceite de palma conocido como tibórnia que se utiliza como fertilizante en los cultivos. “Esta mañana nos hemos despertado en el pueblo de Palmares con olor a tibórnia […]. La tiran a los campos, cerca de las palmas y acaba en los arroyos […]. Pero es realmente perjudicial. No sólo debido a su fuerte olor, sino también porque causa náuseas y dolor de cabeza”, dice Pereira.

El investigador recuerda la primera vez que olió la tibórnia mientras era testigo de su aplicación a los cultivos de palma en junio de 2021. Dice que quedarse tres o cuatro minutos para hacer fotos y videos “fue suficiente para mí para tener dolor de cabeza dos días, y no había medicina que aliviara el dolor. […] Era una sensación muy difícil, muy horrible. Los dolores y las náuseas, la agonía. Y estuve ahí tres minutos. Imagina las personas allí, que están expuestas permanentemente porque tienes un pueblo [Palmares] con más de 100 mil residentes que está rodeado de palma aceitera por todas partes”.

En Tomé-Açu —un área de producción de otra empresa de aceite de palma en Pará cerca de la Reserva Indígena Turé-Mariquita— Mongabay descubrió contaminación en el agua de pesticidas utilizados en los cultivos de aceite de palma que causan las mismas náuseas y dolores de cabeza que describen los quilombolas y el investigador. La autora de este artículo experimentó tos, dificultad respiratoria, náuseas y dolores de cabeza tras inhalar vapores de estas palmas aceiteras rociadas con pesticidas durante la investigación en la región en 2019.

Brito dice que la substancia que aplica la empresa en una zona limitada es un tipo de fertilizante líquido aprobado por el departamento ambiental de Pará, SEMAS, y que no es perjudicial para la salud, ya que se obtiene mediante un proceso orgánico.

“No hay ningún producto químico. Y eso, básicamente, es fruta, la parte acuosa de la fruta, que no es aceite ni es sólido, lo que fue al vertido”, dice, y añade que también se añade más agua antes de pasar por un tratamiento anaeróbico en lagunas. “E hicimos un sistema de fertirrigación, como establece la secretaría del ambiente. Está en nuestra licencia ambiental, que tiene que aplicarse así”.

“He estado expuesto horas y nunca he tenido nada. En teoría, se supone que no tienes que notar nada en absoluto”, dice. “Y nuestra zona de aplicación en la hacienda, la parte más cercana a Palmares está a 2 mil 750 metros del pueblo de Palmares”.

SEMAS no respondió a la petición de comentarios de Mongabay.

Lucha por el reconocimiento

Además de las disputas territoriales con Agropalma, también hay conflictos por zonas utilizadas por otras empresas de aceite de palma. En el pueblo de Balsa, en las márgenes del río Acará, las comunidades que ya habían sido desplazadas de otras zonas, entre ellas quilombolas, ahora están atrapadas en un limbo, ya que se quiere pavimentar una carretera para transportar el fruto de la palma aceitera y otros bienes.

Uno de los casos más conmovedores es el de Maria Julieta Gonçalves da Conceição, de 96 años, que ha vivido en la zona desde que era niña, cuando plantó un castaño, el único que queda en el pueblo.

“Nuestra casa estaba justo ahí, donde está este castaño. Este es mi árbol, y de mi madre y de mi padre. Aquí estaba nuestra finca”, dice. “Aquí estaba la finca Urucuré y querían cortar [el árbol]. Tumbaron todos los otros árboles. Tenían la sierra al lado, pero no les dejé hacerlo”.

Ha estado viviendo con 10 personas, entre ellas su hija y sus nietos, unos 35 años en una choza al lado de la carretera PA-256 sin pavimentar. “Aquí hay mucho ruido. No podemos dormir por la noche”, dice.

Julieta dice que está enferma con problemas del corazón y la tensión, y dificultades para respirar mientras sufre por el riesgo de ser desplazada. “Son [problemas] del corazón. Me despierto casi loca, me caigo, me sostengo a las paredes […]. No tenemos dónde ir. No hay un sitio para la gente aquí”, le cuenta a Mongabay entre lágrimas. “Estoy muy contenta aquí, este es mi lugar […] Nací y crecí en este lugar, nunca me fui de Acará […] Estoy aquí hasta que acabe mi vida”.

El pueblo de Balsa está incluido en la solicitud de ARQVA como zona que debería ser destinada para el derecho a retorno de los quilombolas. Barreto, la defensora pública, dice que está preocupada porque sin una decisión judicial, el avance del proyecto de la carretera —liderado por el gobierno estatal de Pará y financiado por el Nuevo Banco de Desarrollo— hará que sea casi imposible que el caso progrese.

“El proceso de licenciamiento de la carretera, de registro de las familias como desplazadas, está yendo más rápido que el propio proceso [de demarcación] de Iterpa, que se abrió en 2016. Así que, cuanto más dure el proceso, más tiempo pasa sin que el estado de una respuesta a la comunidad y más frágil se vuelve esta”. El gobierno de Pará no respondió a la solicitud de comentarios de Mongabay.

Barreto, Pereira y Saavedra dicen que los residentes deberían tener el derecho de volver al lugar donde vivieron en el pasado. Sostienen que después de que Agropalma llegara a la zona en los años ochenta, se expulsó por la fuerza a muchos residentes de sus territorios ancestrales.

“Mi padre tenía una parcela de tierras justo ahí. [El representante de Agropalma] lo convenció para que dejara el área. Dijo: ‘Tienes que venderla, no sirve de nada estar aquí porque la empresa tiene los documentos. Así que te tendrás que ir igualmente. Esto no es tuyo”, dice el pescador Adilson José Pimenta. Según cuenta, su padre tuvo que aceptar una compensación pequeña y mudarse a otro sitio. “Esto es lo que le pasó a todo el mundo [en el área]”.

Serrão dice que él y su familia siguen vivos después de recibir amenazas de sicarios sólo porque su padre aceptó forzosamente una pequeña cantidad de dinero por la tierra en la orilla del río Acará, a donde sus ancestros esclavizados escaparon a principios de 1900. “Lo peor iba a pasar, lo iba a matar allí e iba a matar al resto de la familia, porque no iba a dejar a nadie con vida”. La zona ahora pertenece a Agropalma.

“Este agricultor compró el territorio de gente que vivía cerca de mí. Nos engañó y vendió nuestro territorio muy barato”, dice Francisco Neves Costa, un labrador indígena que vive en el pueblo de Balsa. “En aquel momento éramos casi analfabetos, no entendíamos bien las cosas. [El comprador] vino con muy poco dinero y engañó a la gente. Todo el mundo se sentía amenazado y asustado”.

Costa dice su familia fue desplazada varias veces desde que él era un niño. “Ni siquiera sé exactamente dónde nací. Sé que nací en las márgenes del río Acará, río abajo. Ahora todo pertenece a Agropalma. La gente que vivó allí […] todos se fueron, amenazados”.

Agropalma niega haber utilizado la violencia para adquirir el territorio. Brito dice que la empresa entrevistó a una docena de personas en la zona tras las acusaciones de los residentes, entre ellas a las que criticaban la empresa, y nadie informó de violencia ni disparos.

“Esta es una zona de ocupación muy antigua. Lo que te puedo decir es lo siguiente: todo el mundo, incluso la persona que estaba muy en contra de Agropalma, a quien pregunté ‘¿has visto alguna vez a alguien en nombre de Agropalma, sea seguridad, un intermediario o alguien que hable en nombre de Agropalma, amenazar o expulsar gente de aquí?’ ‘Oh, no, nunca lo he visto’. Incluso un tipo que estaba en contra [de la empresa]”, dice. “Y hablando por la empresa en sí, nunca amenazamos a nadie”.

Los investigadores dicen que el caso de Neves es un claro ejemplo de “etnocidio” al que se enfrentan las comunidades tradicionales desplazadas en el Alto Acará, a causa de los monocultivos de aceite de palma. Cuando le preguntamos si era un tembé, un pueblo indígena que vive en los estados de Amazonas y Pará, dice: “Incluso hoy en día tengo dudas, ¿sabes? Todo el mundo murió y yo era muy joven. Sé que mi padre era indígena. Mi abuela era indígena”.

Como Neves, varios indígenas tembé fueron desplazados de su territorio ancestral, dicen los investigadores.

En el pueblo de Palmares, una comunidad rodeada por los cultivos de Agropalma a donde se mudaron la mayoría de desplazados, Nitônia dos Santos, del pueblo tembé, dice que recuerda cuando ella y su familia de repente tuvieron que dejar su casa cerca del río Acará, después de que su padre les dijera que “la vendió” una familia terrateniente no indígena que transfirió las escrituras a Agropalma.

Los cementerios unen a las comunidades indígenas y quilombolas

La situación en el Alto Acará empeoró en 2022, según los quilombolas y los expertos. Cansados de esperar una respuesta legal, en febrero, un grupo de unos 60 quilombolas ocupó la zona en disputa del pueblo de Nuestra Señora de la Batalla, lo cual desencadenó otra ronda de discusiones legales.

Agropalma reaccionó de inmediato “tomando medidas para proteger a sus empleados y sus bienes” y sacar a “los invasores” de la zona, según dijo Brito en un correo electrónico de febrero. También instalaron cabinas de seguridad y torres de vigilancia, dicen los residentes, lo cual restringió aún más el acceso de los quilombolas a la zona y al río, del que dependen para pescar.

“Estamos creando barreras con cubos de camión y cavando zanjas, haciendo el acceso difícil para evitar que más gente llegue al lugar. Este derecho a la autoprotección está garantizado por la ley (derecho a socorro inmediato) y en 40 años de existencia, es la primera vez que Agropalma ha tenido que adoptar este tipo de medida”, Brito escribió en un correo electrónico en aquel momento y añadió que los líderes de ARQVA no querían dialogar con la empresa y que “sólo dejaran la zona con una decisión judicial”.

Tras el conflicto, sólo los residentes cuyos nombres están en una lista aprobada pueden acceder a la zona, dice Barreto. Las torres de vigilancia cerca de los cementerios y a lo largo del río también siguen activas.

“El río es un problema. Y es absurdo privatizar el río, decir que se está patrullando el río”, dice Barreto. “Siempre han vivido allí […] No son pescadores profesionales. No necesitan una autorización”.

Aunque Barreto no está de acuerdo con estas medidas, dice que no vale la pena continuar con el enfrentamiento.

“Se centran en un único proceso que la propia empresa ha judicializado, una acción posesoria, pero no se enfrentan al problema real, que es a qué se destina el territorio público y la no-conclusión del proceso quilombola, que también está en Iterpa. Ese es el gran debate”.

Iterpa aún no ha hecho público su nuevo informe sobre los reclamos quilombolas, pero no reconoce los derechos de los quilombolas sobre los pueblos de Nuestra Señora de la Batalla y Balsa ni otras zonas debido a la falta de evidencia, según una copia del informe que Mongabay pudo ver. “Pero esa no es nuestra tesis. Nuestra tesis es que los cementerios ya son evidencia. Por eso pedimos pericia en la zona, por el cementerio en sí”, dice.

Tras la ocupación del pueblo de Nuestra Señora de la Batalla, un grupo de unos 60 indígenas tembé, entro los que se encontraba Neves, también lucha por obtener reconocimiento y envió un documento en septiembre a la agencia de asuntos indígenas, Funai. Según estudios de Pereira, Paz y Marin, los indígenas han sido desplazados y distribuidos en las comunidades de la región y tienen una relación de proximidad, de afinidad, con los quilombolas.

“Como espacios sagrados, los cementerios se han constituido como elemento de movilización de los indígenas y quilombolas”, dice Pereira. “Estos indígenas firmaron un acta, un documento que los reconoce como indígenas y que describe el proceso de expulsión violenta al que fueron sujetos, y enviaron una carta a Funai”.

En la carta que vio Mongabay, Siprinao dos Santos Campos, un jefe indígena tembé —o cacique— del pueblo Turi-Açu dijo a Funai: “Nosotros, los indígenas desplazados, hemos sido expulsados violentamente de nuestro territorio, situado en Itapeua, en el Ato Acará, desde 1970, cuando se establecieron grandes plantaciones de palma aceitera. Hoy en día, vivimos en completa dependencia económica de la gente no indígena, merodeando en búsqueda de trabajo”.

Según Campos, siguen preservando algunas costumbres tradicionales a pesar de estar “confinados y aislados en medio de grandes latifundios, especialmente de plantaciones de palma aceitera”. Él pide “recuperar el territorio del que se nos expropió, un factor esencial para la supervivencia del grupo”.

Solicitó a Funai que llevara a cabo los estudios necesarios para el reconocimiento de los territorios ancestrales tembé ocupados que “se tomaron por la fuerza con sicarios y acaparadores de tierra al servicio de agricultores y megaempresas de la agroindustria”.

“Para confirmar la presencia indígena, antes de la llegada de los ganaderos y la empresa de palma aceitera, además de los cementerios, contamos con los restos de antiguos utensilios domésticos que se encontraron recientemente en el territorio reclamado”, escribió.

“El proceso de autoidentificación es resultado de una movilización consciente que pretende restituir los derechos territoriales que se han debilitado y negado históricamente a nuestra gente y, al mismo tiempo, acabar con décadas de abandono, violaciones, estigmatización y otras prácticas etnocidas que amenazan nuestra existencia física, social y cultural”.

Funai no respondió a la petición de comentarios de Mongabay.

Iterpa está acusada de favorecer a Agropalma, mientras acelera los procesos de registro de territorio de la empresa en detrimento de las comunidades quilombolas, quienes deberían tener prioridad.

Agropalma niega la acusación y afirma que su proceso de regularización de territorios está estancado a causa del caso de los quilombolas.

En una declaración por correo electrónico, Iterpa no abordó las acusaciones y dijo que “Pará asegura con la ley, estructura y acciones el debido proceso legal necesario para reconocer los derechos territoriales de las comunidades quilombolas que quedan”.

Agropalma también está en venta. Las autoridades y los investigadores dicen que temen que la situación empeore incluso más y refleje lo que pasó en la región de Tomé-Açu, donde la violencia aumentó tras la venta de Biopalma da Amazônia a Brasil BioFuels S.A. en 2020 y desencadenó una “guerra del aceite de palma”, como informó Mongabay. En este caso, los líderes de la comunidad y las autoridades dicen que los acuerdos previos entre Biopalma y las comunidades no se han cumplido con los nuevos propietarios. También hay disputas por zonas que ambas partes reclaman y que se han agravado ante la inacción de Funai en la demarcación de territorios ancestrales.

Barreto dice que, en una reunión con Iterpa en octubre, señaló que era necesario solucionar el problema que ya es indiscutible, que es el pueblo de Gonçalves —la única comunidad que Iterpa reconoció en el informe— “porque la empresa ya había anunciado la venta y no se sabe cuál será la política de la empresa sucesora”, que es lo que le pasó a BBF. “Cuando BBF llegó, hubo una política mucho más agresiva contra las comunidades”.

“Seis años no son seis días. Este proceso, en mi opinión, debería haber acabado ya”, dice José Joaquim dos Santos Pimenta, un quilombola que lidera la asociación ARQVA, en una reunión con Iterpa en octubre. En esa reunión, un representante de Iterpa destacó que “el tema es muy complejo”, según una grabación analizada por Mongabay.

Barreto, urgió a Iterpa para encontrar una solución que acabe con los conflictos. “Mientras el estado de Pará no dé resolución a la situación de a qué se destinan los territorios, el conflicto continuará”.

De hecho, una nueva ocupación en el pueblo de Nuestra Señora de la Batalla tuvo lugar recientemente, pero esta vez con quilombolas e indígenas como protagonistas, dijo Silva. “Territorio indígena: estos territorios pertenecen a indígenas y quilombolas”, dice una pancarta en la verja que puso Agropalma para impedir el acceso de la comunidad al área a través de sus plantaciones, tras la ocupación de febrero de 2022. Pereira dice que esta vez, sin embargo, los quilombolas e indígenas llegaron a la zona por otro camino al otro lado del río Acará, no a través de las plantaciones de la empresa.

Agropalma presentó una demanda judicial que sostenía que los quilombolas desobedecieron un acuerdo que firmaron con ellos después de la ocupación de febrero. La audiencia tuvo lugar el 15 de diciembre.

La fiscal Nakamura dice que la legislación de Pará es clara en cuanto la priorización del uso de tierras públicas: la población local. “La posición del Ministerio Público [del Estado] es a favor de reconocer los derechos de los pueblos y comunidades tradicionales, que son vulnerables y han ocupado esta región históricamente durante mucho tiempo”. Según Nakamura, aunque Agropalma haya invertido en el área, “esta actividad no puede pasar por encima de la gente que ya vivía allí, que tienen una relación histórica, cultural, ancestral y religiosa con el territorio y sus ancestros”.

A pesar de esta batalla legal que dura años, Pimenta dice que intenta mantener la esperanza de un resultado positivo para los quilombolas. “Tengo esperanza en Dios y confío en el trabajo de Iterpa para que pronto recibamos los títulos de nuestro territorio”, dice y añade que también tiene esperanza de que se reconozcan más territorios para los quilombolas con el gobierno del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Batista dice que su sueño es ver a la comunidad de Nuestra Señora de la Batalla activa de nuevo “para tener una buena comunidad aquí en la que podamos trabajar, producir cosas que podamos vender en alguna parte. Nuestra yuca, nuestras alubias, nuestra calabaza”, dice con gran emoción, sentado en los restos de un hornillo que dice que construyó él mismo en la comunidad de Nuestra Señora de la Batalla. “Si recuperamos la posesión de [este territorio], seremos muy felices”.

Serrão dice que sueña con volver a su territorio, de donde fue expulsado con su familia a punta de pistola hace años.

“Mi sueño es vivir al lado de este río. Ser libre otra vez”, dice cerca de la zona de la que fue expulsado. “Este río aquí es nuestra carretera. Crecimos aquí. Este río aquí es la vida para nosotros”.

Este trabajo se publicó inicialmente en MONGABAY. Aquí puedes consultar la publicación original.