Aldea es una alianza de 80 pueblos indígenas y 26 organizaciones gubernamentales, y busca materializar los Acuerdos de San Andrés y apoyar la reforma constitucional en derechos de los pueblos indígenas que les de autonomía

Texto: Arturo Contreras Camero

Foto: Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA)

CIUDAD DE MÉXICO.- Muchas de las comunidades que conforman Aldea comenzaron ejercer su derecho a la autodeterminación desde hace muchos años. Practican  formas de organización propias desde hace ya mucho tiempo. Sin embargo, las leyes del Estado mexicano no lo reconocen. Sin esta garantía, las visiones que tengan ellos sobre “progreso” o “desarrollo”, dejan de ser válidas, bajo un esquema legal que consideran colonizador. 

Parte del reconocimiento a su derecho de autonomía pasa por la aprobación de la iniciativa de Reforma Indígena, una propuesta de ley que reconoce sus derechos. Esta fue promovida desde la presidencia de López Obrador y elaborada en foros de participación por todo el país. Sin embargo, la propuesta que fue entregada por los pueblos al presidente en septiembre de 2021 no ha avanzado más.

Para posicionar el tema en la agenda pública y organizar otras acciones, los integrantes de la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (Aldea) organizaron un encuentro entre el 10 y el 12 de marzo en la Ciudad de México. Este encuentro convocó a comunidades de Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, México, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Puebla, Jalisco, Querétaro y Ciudad de México.

Este encuentro nos sirve para reconectar y reconocernos entre nosotros, en qué posiciones nos encontramos a lo largo de todo el país y para generar una suerte de consenso: desde dónde se está hablando desde las comunidades y desde ahí partir. Se supone que este es un gobierno bastante democrático, que está escuchando a la población. Escuchar cuáles son las demandas desde las comunidades debería ser parte de ese proceso democrático”, dice al respecto Quetzalli Villanueva del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. 

La articulación de la Alianza rescata lo que ellos llaman los pendientes del Acuerdos de San Andrés y los aglutinan en un decálogo que cruza por el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con libre determinación y autonomía para decidir sus propias formas de vida y desarrollo; con sistemas normativos y de seguridad propios, con derecho a un territorio y a la decisión sobre él, en una relación con el Estado en condiciones de Igualdad. 

“Estos derechos no se materializaron en la Reforma Constitucional de 2001, porque era muy limitada”, comenta Edmundo del Pozo, parte del Centro de Análisis e Investigación Fundar, una de las organizaciones que apoyan a la Alianza.

“En esa reforma se reconoce la libre autodeterminación, la autonomía el y territorio pero de una forma restringida; a las comunidades se les ve como sujetos de interés público y no como sujetos de derecho, esa es una visión titular”. 

La Alianza comenzó a conformarse en 2018, sin embargo, la pandemia frenó un poco su articulación. Pese a ello, lograron convocar a más de 80 comunidades y pueblos autónomos de 13 estados de la república junto con una treintena de organizaciones civiles que les acompañan en su lucha por los derechos. Eso, como dicen sus integrantes, crea un espacio de legitimidad en el que los pueblos comparten sus experiencias en la lucha por la autonomía.

El Estado no valida las decisiones de las comunidades

Básicamente las comunidades siempre han dicho: Mientras no les quiten lo que por años han tenido, mientras les respeten eso, ellas se darán por bien servidas”, dice Armando Galeana, de Tlalchinollan.

Tlachi es una organización que ha acompañado a diversas comunidades de Guerrero en la defensa de sus derechos. En el caso de Armando, su trabajo se ha centrado en la defensa contra los proyectos mineros en la Montaña de Guerrero. 

“En ese estado no hemos podido tener, por parte del estado, un reconocimiento al sistema de seguridad y justicia,  que tiene que ver con este cuerpo que nace de las comunidades para blindar y cuidar su territorio”. Armando se refiere a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria, la CRAC-PC; este proyecto que lleva ya décadas, se rige bajo los estatutos determinados por las comunidades que la componen y que promueve un sistema de justicia colectivo y no punitivo.

“En ese sentido, todos los acuerdos que ellos toman, no están siendo validados por las instancias del gobierno, porque contravienen los intereses de las mineras y de todas estas empresas que quieren explotar nuestro territorio”, asegura Armando. El pone el ejemplo de San Miguel del Progreso, una comunidad que, mediante un amparo pidió la inconstitucionalidad de la Ley Minera, por contravenir la autonomía de esa comunidad. 

Mucho de esto, tiene que ver con las deficiencias de la Constitución, como explica Edmundo del Pozo de Fundar.

En Guerrero había una propuesta de reforma de derecho indígena. En Oaxaca hay reformas para que se reconozcan los derechos colectivos; en Michoacán también. Estamos en las mismas causas, pero cada quien en su territorio. Porque no solo es el tema de la Reforma Constitucional; es la Ley Minera, es la Reforma Energética, es la Ley del Agua, que todas tienen cláusulas o figuras legales que permiten la ocupación de los territorios indígenas al reconocer su carácter preferente de interés público sobre otras actividades; que en otras palabras, legalizan el despojo”. 

La Aldea, termina Quetzalli, es un espacio de diálogo, de intercambio de experiencias, conocimientos, posturas y estrategias que le ha permitido a varias comunidades saber que sus luchas no son únicas o, como dice ella: “Que estemos solos defendiendo tres cosas, aislados, sino que nos vamos enterando de cuáles son las otras realidades, los otros posicionamientos y luchas. 

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