Texto y fotos: José Ignacio De Alba

El gobierno los desapareció pero sus nombres fueron recopilados y archivados por el primer comité de búsquedas del país. A 40 años de que Eureka comenzará sus actividades para buscar a los desaparecidos de la Guerra Sucia, México vive otra vez en una vorágine de muerte. El grupo que fundó Rosario Ibarra de Piedra exhibirá el primer archivo sobre desapariciones forzadas del que se tenga registro

Hace 40 años, varias decenas de mujeres se pusieron en huelga de hambre junto a la Catedral Metropolitana para exigir la presentación con vida de sus familiares desaparecidos por policías y militares. Eran los días de la Guerra Sucia, como se conoce a la etapa más dura de represión militar contra opositores políticos ocurrida durante el régimen priista. El movimiento de las madres de esos desaparecidos obligó al gobierno a publicar una Ley de Amnistía que liberó a 148 personas.

Rosario Ibarra de Piedra, la instigadora de este comité de búsqueda, era una ama de casa en Coahuila que se convirtió en activista tras la desaparición de su hijo, Jesús Piedra, en 1974. Tres años después fundó el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, más conocido como Comité Eureka, que reúne a familias de desaparecidos durante los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.

La figura moral de Ibarra de Piedra creció tanto que en 1982 fue la primera mujer en ser candidata a la presidencia en México. Ese año consiguió una diputación federal, cargo que volvería a ocupar en 1994. Con el tiempo sabría que la desaparición de Jesús Piedra fue realizada por agentes de la Agencia Federal de Seguridad y militares en el gobierno de Luis Echeverría Álvarez. El joven era señalado como integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre.

Rosario Ibarra nunca encontró a su hijo, pero el grupo siguió documentando la desaparición de personas desde la clandestinidad.

Los archivos recopilados por el Comité Eureka desde hace 40 años han permanecido en dobles paredes, escondidos en casas, trasladados constantemente.

“Ha sido un archivo que ha sido acosado y que lo han querido desaparecer”, asegura Beatriz Torres, encargada del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que colaboró en la conservación de los documentos.

Para ella, el ataque a activistas políticos en el país no ha cambiado porque “las estructuras de dominación social son iguales”

— ¿Qué ha cambiado para bien?

— Yo creo que la organización y la resistencia.

Hace unos años, el Comité Eureka buscó que la UNAM ayudara en la conservación de estos documentos pero el ex rector José Narro Robles rechazó que los archivos quedaran en la universidad. Finalmente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cooperó con Eureka para ordenar y hacer públicos los documentos a partir de octubre del próximo año.

La historiadora Bettina Gómez explica que entre los documentos hay hojas de registros de los desaparecidos, testimonios, fotografías, recortes de periódicos. En total, hay 620 desapariciones documentadas por el Comité, la primera de ellas es la de Epifanio Avilés Rojas desaparecido por el Ejército en 1969, en Guerrero. El último registro que se tiene es de 2014, también en Guerrero.

— ¿Cuál es la importancia de abrir un archivo como este? — se le pregunta a Rosario Piedra, hija de Rosario Ibarra de Piedra

— La importancia es la que todos estos acontecimientos no vuelvan a ocurrir. Si no los recordamos no vamos a saber qué es lo que realmente sucedió. Por eso en la actualidad se siguen repitiendo los casos de desaparición forzada.

— ¿Por qué sigue habiendo desapariciones forzadas?

— Porque nunca hubo justicia.

La desaparición forzada es un término jurídico, reconocido en el derecho internacional, para denominar un delito que supone la violación de múltiples derechos humanos. La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas la define como “el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.”

El Museo de la Memoria Indómita, que pertenece al Comité Eureka y donde se colocarán los archivos sobre desapariciones, se mantiene gracias al voluntariado y a los visitantes.

Rosario Piedra dice que el gobierno debería de ocuparse de mantener el museo, como si fuera cualquier otro, porque representa “el derecho de una sociedad a no olvidar su pasado”.

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