Mientras la humanidad ve con angustia y dolor cómo se desenvuelve el genocidio contra el pueblo palestino, los gobiernos de las grandes potencias europeas no sólo guardan silencio cómplice frente a los crímenes de guerra de Israel sino que buscan silenciar y castigar a aquellos ciudadanos que les exigen detener la masacre
Por Étienne Von Bertrab @etiennista
Facilitados por una intensa y sistemática manipulación mediática, los gobiernos europeos no muestran disposición alguna para responder al creciente reclamo social y cambiar su postura frente al gobierno de Israel, que bajo el regurgitado ‘derecho a defenderse’ emprende lo que expertos de Naciones Unidas advierten como el inicio de un genocidio contra el pueblo palestino. En apenas cuatro semanas Israel ha asesinado a cerca de diez mil personas, incluyendo 2,400 mujeres y 3,900 niños. Eso, sin contar las miles de personas bajo los escombros. Cientos de miles han sido desplazados de sus hogares. Los bombardeos, cada vez más intensos, tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza, han cobrado la vida de cientos de trabajadores humanitarios incluyendo 88 funcionarios de Naciones Unidas, algo que la misma ONU considera algo sin precedentes desde su creación. En un comunicado recién emitido, una docena de agencias de este organismo junto con otras organizaciones internacionales demandaron de manera inmediata un cese al fuego humanitario. Cierra con estas palabras: “Van 30 días. Suficiente es suficiente. Esto debe parar ya.”
Los gobiernos de Alemania y Francia, por ejemplo, hacen lo posible para prohibir las manifestaciones de solidaridad con Palestina, con frecuencia reprimiendo a quienes simplemente muestran la bandera de ese pueblo —convertida ya en símbolo mundial de la resistencia y dignidad de los pueblos— o cantan consignas demandando el fin de la ocupación y el apartheid. Vemos escenas de violencia policiaca escalofriantes, así se trate de organizaciones judías opuestas al sionismo y la ocupación israelí de los territorios palestinos.
En el Reino Unido, involucrado desde los inicios del Estado de Israel con la declaración de Balfour de 1917, el primer ministro Rishi Sunak y su gobierno intentan de todo para impedir y deslegitimar las protestas así como para criminalizar expresiones públicas de solidaridad con Palestina. La ministra del interior Suella Braverman, por ejemplo, estigmatiza las marchas por Palestina como ‘marchas del odio’ —nada más lejano de la realidad. Todo es infructuoso, sin embargo, pues las expresiones de solidaridad y de repudio a la complicidad del gobierno no sólo no paran sino que crecen y se multiplican. Decenas de marchas tuvieron lugar este fin de semana por todo el país y el próximo albergará las movilizaciones más grandes hasta ahora. Con el afán de suprimirlas, el primer ministro las llamó ‘provocadoras e irrespetuosas’ por coincidir con la conmemoración del Día del Armisticio (cuando los países involucrados en la Primera Guerra Mundial acordaron parar la guerra). La locura. ¿Qué mejor momento para pedir el fin de una guerra que además puede fácilmente escalar y salirse del control de Israel y de las potencias que la respaldan?
La perversidad y la malicia del gobierno conservador del Reino Unido no parece conocer límites y éste se ha lanzado contra académicos que denuncian el apartheid colonial israelí y el genocidio en curso, o que simplemente muestran de manera pública solidaridad con Palestina. Tal es el caso de la inaudita y vergonzosa intromisión de la ministra en Ciencia, Innovación y Tecnología en el organismo público que dirige el financiamiento para la investigación, UKRI, estigmatizando como extremistas a dos académicas (una de ellas colega mía, señalada por haber difundido nuestro posicionamiento), poniendo en riesgo su integridad. La capitulación a las presiones gubernamentales por parte de Ottoline Leyser, quien dirige el organismo, ha producido una ola de renuncias de prestigiados investigadores a sus funciones dentro del organismo. El tiro le ha salido por la culata al gobierno pues son ahora miles de académicos en el Reino Unido quienes señalan los ataques a la libertad de expresión y de cátedra. Lastimosamente, el partido laborista, la principal oposición, tiene también un papel deplorable, con su líder Keir Starmer negándose reiteradamente a exigir un cese al fuego.
En Escocia y en Irlanda hay algunas luces, como las hay por parte de Podemos en España, pero todas son voces marginales, al menos hasta ahora. Gran parte de la clase política en Europa, como en Estados Unidos, ha tomado partido por el opresor y tiene cada vez más sangre en sus manos. De ahí la importancia de la voz latinoamericana. Bolivia y Colombia han dado pasos significativos en la condena a Israel y en la ruptura de relaciones diplomáticas con ese país. Argentina, Brasil, Chile y México han elevado el tono de la denuncia y la exigencia. Pero ante un genocidio que avanza día y noche no es suficiente, y para muchas personas, como quien escribe, es incomprensible que el gobierno de López Obrador no haya dado pasos más firmes hacia el aislamiento de Israel, de manera conjunta con otros países de la región. Y es que, como lo explica Olga Rodríguez, especialista en Medio Oriente, no sólo está en juego el destino del pueblo palestino, sino también el orden basado en el derecho internacional que conocemos, cuyo desmoronamiento nos conducirá rápidamente al abismo.
Profesor de ecología política en University College London. Estudia la producción de la (in)justicia ambiental en América Latina. Cofundador y director de Albora: Geografía de la Esperanza en México.
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