Por: Elizabeth Ortiz, Gabriel Orihuela y Juan José del Toro para Zona Docs

Todos los días, tres menores de edad son esterilizadas en México. Entre ellas, niñas y adolescentes con discapacidad a quienes se somete a operación sin consentimiento y con la excusa de evitar embarazos ante abusos sexuales. Se trata de una práctica que viola sus derechos. Estados, hospitales y médicos admiten las ligaduras.

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 La esterilización a niñas y adolescentes con discapacidad no debería ocurrir sin su consentimiento, pero en México se hace. El Gobierno federal lo oculta, aunque hospitales y médicos admiten que es un proceso habitual para bloquear la posibilidad de embarazo ante abusos sexuales.

En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, cumplir con el compromiso internacional que el gobierno mexicano adquirió hace 10 años, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sean violadas queden embarazadas.

Así, la operación que dicen se hace para prevenir, termina sometiéndolas a más abusos.

Los casos son contundentes.

Irma es una mujer con síndrome de Down que durante su adolescencia fue violada por un vecino en Huixtán, Chiapas. A los 16 años quedó embarazada. Con pocos recursos y mucha desesperación, fue a un hospital regional para abortar.

Los médicos se negaron y sugirieron esterilizar, así, si le volvía a pasar lo mismo, ya no quedaría embarazada. Perdió al bebé, pero la historia no quedó ahí: aunque había una orden de aprehensión y alejamiento, el violador siguió abusando de ella y la situación se repitió: Irma volvió al hospital embarazada cuatro años después.

Hay más.

Ana es una menor con trastorno mental bajo la tutela del Estado: dejó de vivir con sus padres a los ocho años porque la maltrataban y la explotaban laboralmente. Cinco años más tarde, las autoridades la trasladaron al Hogar de Transición para la Niñez Villas Miravalle en Guadalajara.

A sus 15 años, los directivos del hogar solicitaron a las autoridades de Salud que la sometieran a una operación para atarle las trompas, por “un alto riesgo de un embarazo no deseado”.

El Consejo de Familia impidió el procedimiento de manera rotunda: era violatorio de sus derechos humanos. Pero el caso muestra que profesionales responsables de niñas y adolescentes ven en estas operaciones un mecanismo anticonceptivo seguro.

El Gobierno oculta las cifras: de las respuestas a 82 solicitudes de información enviadas a través de la ley de transparencia a dependencias federales, estatales y hospitales no es posible determinar cuántas de las 12,937 menores de edad esterilizadas entre 2006 y 2016 tenían discapacidad. Tampoco si hubo consentimiento firmado.

La cifra de menores de edad –es decir, menores de 18 años– esterilizadas en México implica que, en promedio, en esa década al menos tres niñas y adolescentes fueron intervenidas con una salpingoclasia todos los días.

Aunque seis de cada 10 casos ocurrieron en adolescentes de 17 años, la Secretaría de Salud reporta esterilizaciones en niñas tan pequeñas como de 10 años.

A las solicitudes de transparencia, la Secretaría de Salud federal respondió que no tiene obligación de llevar registro, pero estados como Baja California, Jalisco, Puebla y Tabasco reconocieron que el “retraso mental” es un escenario para realizar esas operaciones; solo como ejemplo: en el Hospital Gustavo A. Rovirosa Pérez de Tabasco indicaron que, de 2010 a 2015, fueron esterilizadas tres menores por esta razón. Una serie de entrevistas con médicos, instituciones y activistas, y la revisión de recomendaciones de organismos defensores de derechos humanos, revelan que es un procedimiento usual.

Violan compromiso internacional

El Estado mexicano se comprometió en 2008 a adaptar sus normas a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través de la cual los gobiernos firmantes se obligan a tomar medidas para reconocer el derecho de las personas con discapacidad a fundar una familia, decidir el número de hijos que quieren tener y a mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que el resto.

“(Los Estados deben asegurar que) se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro”, se lee en la convención.

Las convenciones internacionales que firma el país tienen el mismo rango que la Constitución y, por ende, son más relevantes que las normas oficiales mexicanas –que es el marco legal al que se atienen los médicos que practican estas operaciones–, explicó Julián Copo, coordinador de la Comisión de Salud de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Además, en el Artículo 1 de la Constitución mexicana, reformado en junio de 2011, se eleva a rango constitucional el reconocimiento de que todas las personas gozarán de los derechos humanos previstos en la carta magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Diez años después de la firma, México aún no modificó las normas que permiten hacer estas cirugías en caso de “retraso mental”. En lugar de brindar una atención basada en sus derechos, protegerlas del agresor y escuchar sus necesidades, se somete a las jóvenes con discapacidad abusadas a una nueva agresión: una operación para evitar que cuando sea violada quede embarazada.

Por ese agujero legal, se cuelan las intervenciones. Los médicos las justifican porque hay una norma local que los habilita y porque es una manera de proteger a niñas y jóvenes con discapacidad de embarazos no deseados.

“Son violadas o son engañadas; entonces, para evitar eso, mejor las operamos”, dijo Jesús Jorge Beltrán, médico y académico investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

No se sabe cuántas son en el país porque el Estado federal considera que no tiene la obligación de registrarlas. La petición al respecto que se hizo a la Secretaría de Salud fue omitida por casi todas las dependencias a las que cuestionó la Unidad de Transparencia. La única que respondió fue el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que señaló que “no tiene la obligación de contar con la información de mérito”.

De hecho, ni siquiera parece haber claridad en el número de niñas y jóvenes que son esterilizadas, tengan o no una discapacidad.

En una primera revisión a las bases de datos públicas que la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud mantiene en internet, la dependencia informó que en 2016 se habían registrado 23,147 cirugías de oclusión tubaria bilateral (OTB, otra forma de llamar a la operación con la que se ligan las trompas uterinas) en niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años. Una cifra sorprendente: era el equivalente a 40 por ciento de todos los casos reportados de 2006 a 2015.

Pero a principios de 2018 modificaron sus registros: los nuevos números, ya considerados oficiales, solamente reportan 5,952 casos. La explicación para borrar 17,195 casos de un plumazo fue que se trataba de datos preliminares y que, una vez comprobados, notaron que la cifra real era mucho menor.

La dependencia federal afirmó no haber detectado OTB en niñas de 12 y13 años. Pero como respuesta a pedidos de información, entidades como Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y Oaxaca reconocieron intervenciones a niñas de esas edades durante 2016. En total, doce entidades reconocieron intervenciones quirúrgicas en adolescentes de entre 12 y 15 años.

“El Estado mexicano no ha tomado acciones para detener las esterilizaciones”, dijo Lisbet Brizuela, directora en México de Disability Rights International, una institución que defiende el derecho de las personas con discapacidad.

¿Por qué en México se normaliza que se bloquee la posibilidad de decidir sobre su cuerpo a mujeres con discapacidad? Según Brizuela, la práctica es común por el desconocimiento de los derechos que tienen las mujeres con discapacidad: “Se considera que son seres completamente asexuados, que no tienen conocimiento de su cuerpo, que no van a poder ejercer ningún tipo de control sobre ellas mismas o, incluso, la toma de decisiones”.

‘Defender’ de la violencia: la excusa

Las normas indican que se deben dar opciones para la salud sexual y reproductiva antes de someter a cualquier mujer a una operación de ligadura de trompas, además de una explicación acabada de lo que implica la OTB, y deben contar con su consentimiento para realizarla.

En los casos de menores con discapacidad, esto no parece suceder; según la directora de la Coordinación de Medicina de la Adolescente del Instituto Nacional de Perinatología (Inper), Josefina Lira Plascencia, se hacen por pedido de los padres.

“Si la madre dice ‘quiero que la liguen porque realmente no tengo medios para después estarla trayendo a consulta y que le revisen el dispositivo, bla, bla, bla’, pues las metemos a quirófano y las ligamos”, dijo Plascencia. ¿Por qué? Porque “por su propia discapacidad, está sujeta a violencia sexual”.

La posibilidad de un embarazo producto de violaciones, se presenta como una justificación extendida para realizar esterilizaciones en caso de jóvenes y adolescentes con discapacidad.

¿Por qué no se respeta el compromiso internacional? Habiendo una norma local que los habilita, los médicos sienten que es una cuestión que los excede: “No somos abogados”, dijo Beltrán, el investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La falta de adecuación del marco legal local a los compromisos que adquirió el país es el agujero por el que se cuela la violación de los derechos de las menores: “Así se está violando su derecho a la salud, a la reproducción, a decidir si quiere o no procrear en el futuro”, indicó Adriana Hegewisch Lomelin, coordinadora de la Comisión de Derecho Familiar de la Barra Mexicana Colegio de Abogados.

Al intervenir con un método de “protección” ante abusos sexuales reiterados, lo que empieza a suceder es que el abuso pasa inadvertido: “Con frecuencia, el que abusa es alguien conocido: un cuidador, un terapeuta, un familiar; entonces, esa persona va a saber que ya está esterilizada”, consideró Andrea Flores Ruiz, maestra en Ciencias de la Familia y quien imparte clases a personas que tienen hijos con discapacidad.

Pero a pesar de las prácticas referidas, el director general adjunto de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud, Rufino Luna Gordillo, rechazó que tener una discapacidad sea una condición para estas operaciones.

“Esa no está contemplada como una condición. Aquí, si los padres son los que deciden o quieren hacerle una salpingoclasia, tienen que recibir primero una asesoría porque ellos no pueden decidir tan fácil, por decirlo así, sobre el bienestar de esta niña”, dijo.

En lugar de seguir los protocolos de protección de víctimas, alejarlas de los abusadores y garantizarles los derechos que les son reconocidos, en México a las menores con discapacidad se las vulnera aún más. La medida para protegerlas, la expone a un cambio drástico sin hacerlas parte y las arroja a más abusos sexuales.  

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Este reportaje fue realizado por Elizabeth Ortiz, Gabriel Orihuela y Juan José del Toro para Zona Docs en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.